La política de vivienda en Baleares ha dado un giro con el cambio de gobierno insular del PSOE al PP y ha pasado de ser una comunidad autónoma con predilección por la Ley Estatal de Vivienda, por considerar que invade competencias autonómicas y a anunciar que presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la norma. Baleares se convertirá así en la cuarta comunidad autónoma en interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Estatal de Vivienda, tras Madrid, Andalucía y País Vasco. En concreto, la Abogacía de la Comunidad ha identificado nueve artículos y cuatro disposiciones de la norma estatal que, en algunos de sus apartados, "vulneran el Estatut d'Autonomia". Entre otros, inciden en las regulaciones de la vivienda protegida, el parque público de viviendas, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento o las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según informó Europa Press.
La consejera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, recordó que el Govern balear tiene competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, incluyendo el litoral, el urbanismo y la vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 30, apartado 3, del Estatut d'Autonomia. Vidal también avanzó este viernes que el nuevo ejecutivo del Partido Popular "trabaja en la redacción de una nueva Ley de Vivienda" para Baleares, que está previsto aprobar como proposición de ley. "Aunque no podemos no aplicar la Ley Estatal de Vivienda, nosotros vamos a ejercer nuestras competencias y para ello tenemos que acelerar nuestra propia ley", aseguró Vidal. La titular del gobierno que lidera la popular Marga Prohens subrayó que su gobierno está dispuesto a consensuar aquellos reglamentos "en caso de que al regular competencias autonómicas, el Estado considerara que se está haciendo mal o que se está yendo en contra de la normativa estatal”. Para ello, se atenderán estas cuestiones en una Comisión Bilateral, “como es habitual, y nos sentaremos y hablaremos de las competencias”, manifestó Vidal y insistió en que “no vamos a limitar, en absoluto, el ejercicio de la competencia autonómica en materia de vivienda".
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, dispone que las administraciones competentes en materia de vivienda -en este caso las CCAA- podrán declarar las zonas de mercado residencial tensionado para limitar el precio. Este reglamento contaba con el plácet de la secretaria general del PSIB y anterior presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que consideraba que la medida aliviaría la problemática del mercado de la vivienda en las Islas Baleares, donde el acceso a la residencia habitual se ha convertido, desde hace años, en el problema que más preocupa a los ciudadanos de las Islas, víctimas de la especulación inmobiliaria.
Por su parte, el gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) ha recurrido 16 artículos y 4 disposiciones sobre aspectos que considera ya reglados en Andalucía, como la duración de la calificación o los requisitos para ser adjudicatario. También impugnará el concepto de gran tenedor que se rebajaría a los propietarios con 5 inmuebles en lugar de 10 porque consideran que invade el derecho de propiedad. O los criterios para identificar las zonas tensionadas, aquellas que presentan más dificultades de acceso a la vivienda donde se tendrían que aplicar las medidas de contención. Asimismo, se recurrirá el porcentaje de reserva de vivienda pública de alquiler y el de reserva de suelo para viviendas sociales en zonas con poca oferta y mucha demanda.
Catalunya aplicará las zonas tensionadas
En Catalunya, el Govern de Pere Aragonés ha optado por identificar y definir como área de mercado tenso de la vivienda hasta 140 municipios catalanes (que engloban al 80% de la población catalana, 6,2 millones de personas). Además de las cuatro capitales de provincia, la mayor parte de los municipios identificados se sitúan en el área metropolitana de Barcelona y en el litoral catalán.