Los ingresos del primer pago abonado en febrero del gravamen extraordinario sobre las entidades de crédito correspondiente a 2023 se dispararon un 32,3%, hasta los 843 millones de euros, ante los beneficios récord obtenidos por los bancos españoles el pasado ejercicio, cifrado en 26.000 millones. Los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda, consultados por Efe, revelan un importante incremento de la recaudación de este gravamen temporal, recurrido por las patronales bancarias y que el Gobierno tiene la intención de convertir en un impuesto permanente.
El gravamen bancario -inicialmente previsto para los ejercicios 2022 y 2023, pero extendido a 2024- grava con un tipo del 4,8% el margen de intermediación, es decir, los intereses netos (diferencia entre los que cobra y los que paga) y las comisiones netas (diferencia entre las cobradas y pagadas). En su primer año en vigor -el ejercicio 2022, abonado en 2023-, la banca española pagó 1.264 millones por este tributo, sobre todo por los desembolsos de CaixaBank (373 millones), BBVA (225 millones), Santander (224 millones), Sabadell (157 millones) y Bankinter (77 millones).
Ahora, en 2024 la banca tiene que abonar las cantidades correspondientes al ejercicio 2023, en el que las cinco mayores entidades de crédito lograron unos beneficios récord de 26.088 millones de euros, un 27,2% más. Este impacto ya se observa en el primer pago a cuenta del gravamen del ejercicio 2023, abonado en febrero de este año y que supone la mitad del total de 1.686 millones, por el que se recaudaron 843 millones de euros, un 32,3% más. El pago restante se liquidará en septiembre.
La recaudación cae un 25% en las energéticas
Por el contrario, la recaudación del primer pago correspondiente al ejercicio 2023 del gravamen temporal energético se redujo un 25%, hasta los 612 millones, en línea con la caída de los beneficios sufrida por estas compañías en comparación con un ejercicio 2022 marcado por los altos precios energéticos. En el ejercicio 2022, cuando las empresas energéticas registraron beneficios récord, la recaudación del tributo -que grava al 1,2% la facturación de las actividades no reguladas y cuyos plazos coinciden con los del bancario- alcanzó los 1.645 millones de euros.
Impuestos con perpetuidad
Los gravámenes extraordinarios, aprobados inicialmente para los ejercicios 2022 y 2023 y posteriormente extendidos a 2024, se convertirán en permanentes en virtud del acuerdo de investidura alcanzado por PSOE y Sumar y según han mantenido repetidamente desde el Gobierno.
Para ello, los gravámenes tendrán que pasar a ser impuestos, lo que exige que cuenten con una ley propia, aprobada en las Cortes, cuyos trámites aún no se han iniciado. Al mismo tiempo, el Gobierno acordó con el PNV que ambos tributos se cederían a las haciendas forales -País Vasco y Navarra- y que se establecería una bonificación o incentivo en el gravamen energético para las inversiones estratégicas, en particular las que tengan impacto en la transición ecológica, ya desde 2024.
En ese sentido, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su confianza en aprobar tanto las leyes de creación de los impuestos como la bonificación este año, aunque tanto Sumar y Bildu se muestran contrarios a este incentivo.
Podemos pide el 50%
Por su parte, el Pleno del Congreso de este martes debatirá y votará una proposición de ley de Podemos para que la cuantíe a abonar por el impuesto a la banca "en ningún caso" pueda resultar inferior al 50% del beneficio bruto obtenido por la entidad financiera, y que esos recursos se destinen a ayudas en vivienda y a construcción inmuebles públicos.
Una propuesta que se inspira en el tributo que el pasado 2023 aprobó el Gobierno italiano de Giorgia Meloni para recaudar el 40% de los beneficios extraordinarios de la banca y destinar esos recursos a ayudar las personas hipotecadas.
En el caso de Podemos, la formación propone que el impuesto se extienda hasta 2025, con la posibilidad de hacerlo permanente, y se duplique desde el 4,8% actual hasta el 10% y que en 2024 y 2025 se complemente, a semejanza de Italia y también Lituania, con otro tributo del 75% sobre los márgenes de intereses y comisiones que se sitúen por encima del margen de 2022.
Podemos señala que el diseño actual de impuesto, que se aprobó la legislatura pasada, es "insuficiente para redistribuir las ganancias de la gran banca". Por eso, propone unos objetivos más ambiciosos y buscar recaudar los fondos extraordinarios obtenidos por la subida de los tipos de interés. Eso sí, la cuantía a abonar por los bancos no puede resultar inferior "en ningún caso al 50% del beneficio bruto obtenido en el periodo de referencia".