Los inquilinos que ya residen en pisos de la inmobiliaria pública Sareb tendrán que abandonarlos cuando se les acabe el contrato si no cuentan con un informe que demuestre que son vulnerables. Esa será, según han contado a ON ECONOMIA fuentes de Sareb, una de las consecuencias del plan anunciado el domingo por Pedro Sánchez, que prevé que existan al menos 50.000 viviendas de la Sareb en los mercados social y asequible, 35.000 de ellos ya disponibles y 15.000 aún por construir. "Se les invitará a salir", han reconocido estas fuentes, refiriéndose a una parte de las 14.000 familias que ya residen de alquiler en estas viviendas en toda España.
La Sareb empezó en septiembre un proceso para estudiar si las familias que alquilan sus pisos son vulnerables y ya ha identificado indicios en 9.000 de ellas. Hay 2.000 personas que ya tienen el plan de alquiler social aprobado, por lo que el precio del alquiler no podrá ser superior al 30% de sus ingresos familiares. Con el plan que tiene el Gobierno de que todas estas viviendas vayan destinadas al mercado social, las familias no vulnerables que estén viviendo en ellas tendrán que abandonarlo una vez finalice su contrato. El plan de la Sareb, según han detallado fuentes de la inmobiliaria pública, es vender a las administraciones públicas, autonómicas y municipales, 21.000 viviendas actualmente no ocupadas para que las destinen a vivienda social y construir 15.000 más que gestionará el promotor privado con pisos de alquiler asequible. El alquiler asequible es un precio por debajo del mercado, pero no vinculado al poder adquisitivo del inquilino, mientras que el alquiler social va destinado a familias vulnerables y no podrá ser mayor al 30% de los ingresos familiares.
El estudio de vulnerabilidad se realizará también en las 2.000 viviendas de la Sareb que están ocupadas irregularmente en toda España. Si demuestran su vulnerabilidad, podrán quedarse, pero si no, deberán abandonar el piso, seguramente por vía del desahucio, que se permite en casos en los que no se demuestre la vulnerabilidad. De los 9.000 estudios por indicios de vulnerabilidad que se han iniciado, 2.200 ya han sido aprobados.
Catalunya es la comunidad con más pisos de la Sareb y cuenta con 13.499 pisos de la Sareb (además de 7.227 locales, 1.751 viviendas en obras y 2.872 unidades de suelo edificable), un 29% de las 46.542 viviendas que hay en toda España, y está muy por delante de Valencia y Andalucía, siguientes de la lista con 8.897 y 4.544 viviendas, respectivamente. La mayoría de ellas, no obstante, no están en las zonas más caras y cotizadas del mercado inmobiliario, por lo cual su efecto en el precio de la vivienda no debe ser muy alto.
En Barcelona, según datos de la Sareb, hay 767 viviendas de la Sareb, o sea 47 por cada 100.000 habitantes. La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, aseguró que el anuncio de Sánchez "no tendrá impacto" en la capital catalana. En L'Hospitalet de Llobregat hay 563, en Badalona 487 y en Santa Coloma de Gramenet, 305. En Tarragona hay 169, en Girona 347 y en Lleida 286 viviendas de la inmobiliaria estatal.
Según han explicado a ON ECONOMIA fuentes de la Sareb, más allá de las 14.000 viviendas ya habitadas que pasarán al mercado social en cuanto venzan los contratos de alquiler vigentes, hay 21.000 viviendas que se quedarán en el mercado de venta que la inmobiliaria pública espera que compren las administraciones públicas. Por último, se construirán 15.000 viviendas más que tendrán precio de alquiler asequible, por debajo de mercado, pero no social (o sea, no irá vinculado al poder adquisitivo del inquilino). Sumadas a las ya construidas, alcanzarán de entrada las 50.000 en el mercado social o asequible. La gestión del alquiler social, en este último caso, correrá a cargo de los constructores privados.
Además, existen 11.500 viviendas construidas que no están aptas para la residencia y que se quedarán en el mercado de venta regular, aunque las administraciones públicas también podrán comprarlas para ponerlas en el mercado protegido. Esta cifra, de todos modos, "no es una foto fija, ya que irá cambiando a medida que la SAREB absorba o venda vivienda", explican dichas fuentes, que reconocen la medida como "muy beneficiosa para las familias, porque les permitirá tener vivienda a precios asequibles" y "beneficiosa para la SAREB, poruqe les permitirá recaudar más dinero en viviendas no tan fáciles de colocar en el mercado". En la ecuación, unos perdedores: las familias que, sin ser vulnerables, viven de alquiler en pisos de la SAREB, que tendrán que abandonar sus hogares.
La Sareb, que el año pasado registró unas pérdidas de 1.500 millones de euros (atribuidos a la depreciación de sus activos inmobiliarios según fuentes de la misma), fue creada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012 para absorber y dar salida a los activos tóxicos de los bancos que fueron rescatados.
La Generalitat, molesta con el anuncio
El anuncio de Pedro Sánchez ha cogido por sorpresa a la Generalitat, que ha asegurado que está "inquieta" por el hecho de que este anuncio se haya hecho en paralelo a unas negociaciones con el estado en que el Govern había mostrado su intención de quedarse con todas las viviendas que la inmobiliaria estatal tiene en Catalunya. En una carta enviada por el conseller de Territori, Juli Fernández, a la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la que ha tenido acceso ON ECONOMIA; lamentaba haberse enterado del proyecto "por los medios de comunicación". "Nos inquieta el anuncio de ayer y su posible concreción mediante acuerdo en el Consejo de Ministros de hoy (por este martes", decía el conseller en la misiva.
"Como sabes, en repetidas ocasiones desde la Generalitat de Catalunya hemos planteado al Gobierno de España, por carta y en el marco de las comisiones bilaterales oportunas, la urgente necesidad de abordar la plena disposición de la totalidad del patrimonio de vivienda y suelo de la Sareb, por tal que pueda ser destinado a vivienda social por parte de la Generalitat de Catalunya, juntamente con las administraciones locales", reza la carta. En un tono suave y conciliador, Fernández defiende: "Compartimos la necesidad de aumentar el parque de vivienda social, pero desde la convicción de que cualquier medida adoptada forzosamente tiene que ser también compartida y consensuada, y teniendo en cuenta siempre que el parque de vivienda pública tiene que ser planificado, gestionado y ejecutado por la Generalitat de Catalunya, junto con las administraciones locales, si realmente se buscan soluciones efectivas, viables y reales para este problema", concretaba.
En el plan anunciado por Sánchez, se prevé la venta de 21.000 viviendas a las comunidades autónomas para su gestión de viviendas sociales, pero todavía no se ha detallado cuántas se podrán vender en cada comunidad, así como tampoco el precio ni las condiciones. Desde la Generalitat, prefieren no dar detalles de las negociaciones que se estaban teniendo hasta la fecha, a expensas de conocer los detalles que se dén este martes en el Consejo de Ministros y saber si son compatibles con lo que se ha venido negociando. No disimulan, de cualquier modo, la desazón.