La reclamación millonaria que la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR) anunció este lunes contra el decreto de la Generalitat que permitirá, entre otras acciones, que los apartamentos turísticos sean eliminados de Barcelona el año 2028, ha sido calificada de "temeraria" por parte del teniente de alcaldía de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, que ha constatado, eso sí, que el mismo valor de la demanda demuestra que se trata de un negocio que "altera el mercado inmobiliario", además de recordar que, en ningún caso se puede considerar como "una expropiación" la prohibición de explotar los pisos como apartamentos turísticos.
Hay que tener presente que la reclamación suma ya unos 1.000 millones de euros, pero según indicó APARTUR, teniendo en cuenta que todavía hay muchos propietarios y gestores que no han presentado la documentación, las reclamaciones podrían llegar a los 3.000 millones de euros solo en la ciudad de Barcelona, y a los 7.000 en el conjunto de Catalunya. Ante esta situación, Valls, en el marco del anuncio de un nuevo paquete de medidas para la gestión turística que incluye el aumento de las tarifas que pagan los autocares turísticos por aparcar en Barcelona, ha indicado que estos mil millones, independientemente que puedan aumentar, demuestran que el volumen de negocio es tan "alto" que produce una "alteración sustancial" del mercado de la vivienda, un hecho que afianza la voluntad del gobierno municipal de ponerle freno.
Valls ha recordado que para conseguir el permiso solo había que pagar una tasa única de 227 euros y que con la cifra que APARTUR ha puesto sobre la mesa se estaría pidiendo una indemnización de 600.000 euros por cada apartamento. "¿De dónde salen estos 1.000 millones? ¿Es este el volumen de negocio?", se ha preguntado el teniente de alcaldía. "Si se creen esta reclamación, probablemente sí que alteran el mercado", añadiendo que, en todo caso, desde el Ayuntamiento de Barcelona tampoco creen que esta cifra sea real. Además, Valls ha apuntado que la supresión del uso turístico "no expropia nada, se limita el uso", ya que la propiedad no queda alterada, y por lo tanto "los propietarios pueden hacer lo que quieran con los pisos, pueden ir a vivir allí o lo pueden alquilar a terceros".
Aunque la reclamación de APARTUR apunta a la Generalitat como autora del decreto, la misma acción se interpreta como un intento de frenar la regulación prevista en Barcelona, donde el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ya ha anunciado que lo utilizará para intentar cerrar la totalidad de las 10.101 licencias de viviendas de uso turístico (HUT) actuales de la ciudad con el horizonte del 2028. Según los demandantes, la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat se basa en una de las disposiciones del mismo decreto ley, que "implica una expropiación de hecho de las licencias de los pisos turísticos el año 2028".