El gobernador del Banco de España considera que no es necesario ampliar de 30.000 a 38.000 euros el umbral para acogerse al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riego de vulnerabilidad, como anunció Pedro Sánchez el día de su investidura. Pablo Hernández de Cos valora positivamente, como siempre ha hecho, el acuerdo que se alcanzó en noviembre del año pasado entre el Gobierno y la banca para aliviar la carga hipotecaria de las familias ante la rápida subida de tipos de interés, pero cree que si no están llegando al número que se esperaba es porque la economía ha ido mejor de lo previsto.
"Creíamos entonces que era un ejercicio muy difícil lograr: por un lado, garantizar la estabilidad financiera y, por otra parte, al mismo tiempo, lograr alinear de alguna medida los pagos de intereses y del principal que se estaba produciendo en las hipotecas de tipo variable", ha señalado en un almuerzo organizado por la Asociación de Mercados Financieros (AMF).
Desde entonces, el Banco de España ha valorado y cuantificado el impacto de esta medida y sobre la estabilidad financiera y ha señalado que los efectos podían ser "asumibles" por parte de las entidades, recoge Europa Press. "Lo que hemos observado, por los datos que han proporcionado las entidades y que hemos publicado, es que el uso [de las medidas] está siendo todavía limitado, porque la economía ha ido razonablemente bien. Creo que todos nos hemos sorprendido de la resiliencia, en particular del mercado de trabajo", ha sostenido.
Así, y teniendo en cuenta un escenario central en el que la economía se sigue desacelerando, pero que podría recuperarse en 2024, el Banco de España no ve necesidad de hacer una modificación de los códigos, lo que no implica que el supervisor no realice un seguimiento "permanente" de las circunstancias económicas, de la reducción del empleo, de la vulnerabilidad de las familias, etc.
Sobre las peticiones que le hace al nuevo Gobierno conformado por PSOE y Sumar, ha indicado que el informe anual del Banco de España es una "buena guía para cualquier gobierno", donde se incluye que la prioridad tiene que ser la reducción de los desequilibrios fiscales, tras la política expansiva aplicada durante la pandemia que ha elevado los niveles de endeudamiento público.
"Creemos que la prioridad de política económica tiene que pasar por esa reducción gradual, progresiva, de los desequilibros estructurales", ha indicado, antes de recordar que las dificultades a las que se ha enfrentado la economía española son la baja productividad y la mala evolución del mercado de trabajo. "Creo que seguir un paquete de reformas ambicioso debe ser ahora mismo una absoluta prioridad. Sigo pensando además que las reformas son de tal carácter que si queremos que duren en el tiempo deben hacerse con un consenso de las principales fuerzas políticas", ha señalado.
Impuesto a la banca y tipos de interés
Sobre el impuesto extraordinario a la banca, ha señalado, en línea con la visión del Banco Central Europeo (BCE), la prioridad de analizar las consecuencias para la estabilidad del sistema financiero de prorrogar este gravamen de manera indefinida y analizar las consecuencias para la transmisión de la política monetaria.
Además, se ha mostrado partidario de que el dinero que las entidades destinan al impuesto se quede en el balance de los bancos para aumentar las reservas que tienen para hacer frente a las circunstancias adversas que pueden producirse en el futuro.
Asimismo, ha considerado "prematuro" hablar de posibles reducciones de tipos de interés por parte del BCE. "La valoración que hacemos es que el actual nivel de tipos de interés [del 4% en el caso de la facilidad de depósitos], mantenido durante el tiempo suficientemente largo, debería ser suficiente para alcanzar el objetivo de inflación del 2% en el medio plazo", ha afirmado.