Los empresarios no están conformes con el último borrador (del 31 de marzo) del Ministerio de Trabajo sobre el estatuto del becario, al entender que supone un sistema muy rígido y burocratizado y porque se fija más en la lucha contra el fraude que en la formación, según fuentes conocedoras de la negociación. Estas mismas fuentes comentan que el borrador del 1 de marzo inició un acercamiento a las tesis empresariales con la continuidad de las prácticas extracurriculares -lo que sentó mal a los sindicatos-, y se mantuvo, aunque en menor medida, en el siguiente texto, del 9 de marzo.
Sin embargo, según las fuentes consultadas por ON ECONOMIA, en el borrador del 31 de marzo, Trabajo frenó las cesiones a las peticiones de los empresarios. El pasado 11 de mayo se produjo la última reunión en la que sindicatos y empresarios esperaban un nuevo borrador, algo que no ha sucedido al menos hasta este viernes. No obstante, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha declarado esta semana que la aprobación del texto es “inminente”.
El texto del 31 de marzo introduce algunas novedades sobre el del 9 de marzo que, según las fuentes consultadas, inciden en la rigidez de las prácticas y, sobre todo, cambia el rumbo de las modificaciones, algo más escoradas a las tesis sindicales. Según estas fuentes, entre las novedades se acorta el tiempo que pueden estar los becarios en las empresas que, para el caso de las extracurriculares, no podrá superar las 480 horas o el 15% de los créditos ECTS (incluye además de las horas lectivas las horas de prácticas). Algo que ya se contemplaba en los anteriores borradores.
Un máximo de mes y medio de prácticas
Pero el último texto añade un límite del 25% de las horas totales de los créditos ECTS, sumando la totalidad de las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares. Desde algunos sectores empresariales consultados por ON ECONOMIA, la conjunción de estas medidas supondría un máximo de mes y medio de permanencia en la empresa. Un espacio que, en opinión de los empresarios, no compensa el coste burocrático que acarrea el tener a un estudiante en prácticas, cuya función en la empresa está limitada a la formación, pues existe una prohibición explícita en el texto de que desarrolle funciones laborales.
El pasado miércoles Díaz puso un ejemplo para que se entendiese esta diferencia y, como lo hizo delante de periodistas, escogió esta profesión: “un estudiante de periodismo en prácticas no laborales no podrá firmar artículos en los medios, pues supondría estar realizando un trabajo que corresponde a la plantilla. Para esos casos, ya existen los contratos de formación regulados por el artículo 11 del ET que imponen salarios y condiciones laborales equivalentes a los trabajadores de la empresa”, dijo.
Tope de los becarios por empresa
Igualmente, ha restringido el número de becarios que pueden estar en una empresa a la vez. Los anteriores borradores establecían de forma genérica que no podrán pasar del 20% de la plantilla, pero abrían las puertas a que el acuerdo o convenio de colaboración firmado por la empresa y el centro formativo pudiese ampliar o reducir este porcentaje. Igualmente, se decía que cualquier empresa, con independencia del número de trabajadores (por ejemplo, uno), podría concertar formación práctica con dos personas. En el último texto desaparece la posibilidad de tener 2 becarios como mínimo y se acota la posibilidad de que el convenio aumente de forma ilimitada el porcentaje de la plantilla y lo fija como máximo en el 30%.
Otra rigidez que, según las fuentes consultas, ha introducido el último borrador, supone que en caso de que sea necesario para la formación del estudiante realizar actividades peligrosas, la empresa garantizará que tengan acceso a los recursos preventivos. En el anterior borrador se limitaba a que la empresa garantizará “la vigilancia de la salud de las personas en formación”, pero nada de los recursos preventivos. Las fuentes empresariales consultadas destacan que su oposición al texto es, fundamentalmente, por las rigideces que tiene la norma y no por motivos económicos, pues comparten la necesidad de compensar a los becarios por los gastos ocasionados, que coticen a la Seguridad Social (el 95% de la cuota está subvencionada), que se les dote de garantías y derechos, que se impida la relación laboral, y que esta formación sea regulada. E insisten en que tienen voluntad de llegar a un acuerdo, cosa que ratifican fuentes de los sindicatos consultados por ON ECONOMIA, y que tengan una voluntad dilatoria, como insinuó el secretario de estado a ON ECONOMIA.
Combatir el fraude
La otra gran objeción que hacen desde distintos sectores empresariales es que el texto está más preocupado de combatir el fraude que de fomentar la formación de los estudiantes de FP y Universidad. Si bien es cierto que desde el principio de la negociación se establecía una disposición adicional sobre la realización de actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo, el texto del 9 de marzo incluyó una nueva batería de infracciones relativas a los becarios con multas que oscilan entre los 70 y los 7.500 euros, según las fuentes consultadas. Algo que se ha mantenido en el último borrador.
Derecho a paro
Una las novedades más llamativas del último borrador del 31 de marzo es el derecho al paro de estos estudiantes. A tal fin, el texto modificará la Ley de Seguridad Social y permitirá la prestación o el subsidio por desempleo, según apuntan fuentes de los negociadores.