Mientras el Gobierno debate si hacer permanente el impuesto a las empresas energéticas, Bruselas se baja del carro. La Comisión Europea advierte que ya no se dan las circunstancias que motivaron dicho gravamen porque las empresas, especialmente petroleras y gasísticas, ya no tienen los llamados beneficios caídos del cielo. Varias compañías han mostrado su contrariedad ante el impuesto y, especialmente, su posible prórroga, e incluso este mismo jueves, el presidente de Repsol, Antoni Brufau, aseguró que sin estabilidad fiscal, las inversiones pueden irse a otros países, empezando por las de la propia multinacional española.
La Comisión Europea hizo público este jueves un informe de balance sobre el gravamen temporal energético en todos los países de la Unión Europea, en el que concluye que “la situación es muy diferente de la que existía en octubre de 2022”, cuando entró en vigor el reglamento del Consejo que autorizaba el impuesto.
“El descenso de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios excedentarios de 2022”, concluye el informe.
Bruselas justifica que tomara la decisión en 2022, cuando el repunte de los precios ofrecía “un telón de fondo perfecto para la creación de beneficios extraordinarios en toda la cadena de valor”. No obstante, con la bajada de precios, “el entorno para generar beneficios inesperados se han moderado”.
Si bien 2022 ofrecía "un telón de fondo perfecto" para los beneficios extraordinarios, ahora "el entorno se ha moderado", según la CE
Por lo que respecta al petróleo y derivados, el informe recoge que el precio del barril de crudo Brent ha bajado de los 85 dólares --este jueves se situaba sobre los 82 dólares-- por lo que apunta “a una menor tensión del mercado”, si bien advierte que las tensiones en Oriente Medio y los recortes de producción anunciados por la OPEP han añadido incertidumbre.
En lo que se refiere al gas, el informe defiende que las medidas que países como España adoptaron “han aliviado la presión sobre los mercados energéticos”, lo que ha redundado en una bajada del precio internacional del gas de los más de 200 euros el MWh de verano de 2022 a entre 40 y 50 euros el MWh a principios de este otoño. Advierte, sin embargo, que aún es volátil, superior a los promedios históricos y entraña todavía algunos riesgos.
Uno de estos riesgos es la crisis en Oriente Medio, uno de los proveedores de gas a Europa. Pese a ello, la Comisión Europea asegura que “la UE sigue siendo más resiliente y mejor preparada de cara al invierno de 2023 para minimizar los precios gracias a la gran entrada continua de GNL”, puesto que las importaciones de gas licuado se han duplicado en dos años y se ha llegado al récord del 90% de almacenamiento.
El informe incide en estas dos fuentes de energía, además del carbón, y no entra en la electricidad, pero la conclusión es clara y apunta a que ya no existen beneficios caídos del cielo por la bajada de precios, que no solo se ve en la cotización internacional de las materias primas sino que también se transmite a los consumidores, pues la inflación ha caído hasta el 2,4% en la eurozona en noviembre, según el dato conocido este jueves.
Las energéticas se rebelan y se replantean inversiones
Pero volviendo a los llamados beneficios extraordinarios, cabe recordar que fue lo que motivó el impuesto a las energéticas. En España, en total las empresas del sector han pagado más de 1.600 millones del impuesto temporal este 2023. La más castigada ha sido Repsol, con 450 millones de euros, seguida de Cepsa, Endesa, Iberdrola y Naturgy.
Precisamente Repsol está siendo la que más batalla está dando en contra del impuesto. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ya dijo hace un mes, en la presentación de los resultados de los nueve primeros meses del año, que se plantearían inversiones, entre ellas, las de Tarragona, y este jueves, Antoni Brufau dijo que podrían hacer las inversiones en hidrógeno en Francia o Portugal si en España están sometidas a un impuesto.
"Son inversiones que si no se hacen en un marco de estabilidad y con un marco fiscal atractivo, ni mejor ni peor, competitivo con respecto a las regiones próximas a nosotros, no volarán", dijo el presidente del gigante energético español en una jornada sobre al hidrógeno, y añadió: "Si tenemos un impuesto para producir hidrógeno que no tienen Francia o Portugal, pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o Francia".