La Comisión Europea ha denunciado este jueves a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber aprobado el impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, como exige la ley europea, algo que debería haber hecho antes de que finalizara 2023. Bruselas también ha llevado ante la Justicia europea por este mismo motivo a Polonia, Portugal y Chipre, que tampoco han adoptado a tiempo este gravamen acordado a nivel global en el seno de la OCDE para evitar la elusión fiscal de las grandes corporaciones, ha informado la institución en un comunicado y recoge EFE. 

El Gobierno adoptó en 2022 un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades que se aplica sobre la base imponible, mientras que la directiva comunitaria exige que este gravamen se aplique al resultado neto contable ajustado de las corporaciones. El Consejo de Ministros aprobó en junio de este año la ley para cumplir con dicha normativa comunitaria, pero la legislación todavía debe completar el trámite parlamentario para ser adoptada formalmente. Una vez lo haga, se aplicará de forma complementaria al tributo de 2022.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que las modificaciones en la tributación mínima de las multinacionales que exige la Comisión Europea estarán aprobadas "antes de final de año". El Gobierno ya ha adoptado los cambios, ha explicado Montero en declaraciones a los periodistas antes de clausurar la jornada 'Transformando las pymes con el Plan de Recuperación', pero ahora están a la espera de cerrar su tramitación parlamentaria.


"Fuimos los primeros" en aplicar un tipo mínimo efectivo del 15% sobre los impuestos que pagan las multinacionales, ha recordado Montero, una medida que se adoptó en 2022, pero que ahora había que modificar para adaptarse a la normativa comunitaria -que exige que el gravamen se aplique al resultado neto contable ajustado-. Este cambio -que se tenía que haber implementado antes del cierre de 2023- se incorporó en un proyecto de ley aprobado en junio por el que se establece un tributo complementario, pero que todavía se encuentra en tramitación. 

Mientras tanto, el Ejecutivo comunitario ha constatado que España, Portugal, Polonia y Chipre "aún no han notificado las medidas nacionales de transposición" a pesar de que "casi todos los Estados miembros de la UE han cumplido estas obligaciones". 
En consecuencia, y aunque reconoce que estos países "están realizando esfuerzos significativos para finalizar su legislación nacional", la institución ha dado el tercer paso en los procedimientos de infracción, que supone elevar el caso a la Justicia europea.

Bruselas ya había enviado un ultimátum en mayo a las autoridades españolas para que aprobara este impuesto con los requisitos que impone la directiva comunitaria.
Para la Comisión Europea, la aprobación de esta directiva es "fundamental" para garantizar una aplicación efectiva del acuerdo internacional del G20 y de la OCDE, puesto que "limitará la competición a la baja en los tipos del impuesto de sociedades" y "contribuirá a reducir el riesgo de erosión de la base imponible y el traslado de beneficios".

En particular, exige que los beneficios de empresas multinacionales con un volumen de negocios anual a nivel agregado superior a los 750 millones de euros estén sujetos a un tipo impositivo efectivo de al menos el 15%.