Los países de la Unión Europea llegaron este martes a un acuerdo para que las plataformas digitales como Uber, AirBnB o Booking se encarguen de recaudar el impuesto del IVA en ciertos casos, tras introducir cambios para contentar a Estonia, que había vetado la propuesta en dos ocasiones. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) lograron en su tercer intento aprobar un paquete de tres textos legislativos para adecuar el sistema de IVA a la era digital, impulsando el uso de facturas digitales en operaciones transfronterizas y creando un registro único para operar en todo el bloque.
Estonia -país de origen de la aplicación Bolt- rechazaba en concreto la normativa que obligará a las plataformas digitales de alojamientos turísticos y de transporte de pasajeros a recaudar el impuesto del IVA y transferirlo a las autoridades tributarias del país cuando los proveedores últimos de dichos servicios no se encarguen de hacerlo. De esta forma, si el taxista o el propietario del piso que se alquila no carga el IVA, la plataforma digital tendría que hacerlo en su lugar añadiendo automáticamente el montante al precio que se muestra en la aplicación o la página web.
Estonia había argumentado que la normativa distorsionaría la competencia, creando un trato fiscal diferenciado entre proveedores de servicios; así como que aumentaría la carga administrativa y la burocracia para las plataformas, afectando sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y no tanto a las grandes. Para solventarlo había propuesto que los países aplicasen las reglas solo de forma voluntaria, pero el resto de socios se opusieron.
Pymes
El compromiso finalmente aprobado prevé que la norma se aplique por defecto en todos los Estados, pero estos tengan la potestad de excluir a sus pymes si así lo desean; al tiempo que aplaza la entrada en vigor de las reglas -que Bruselas había propuesto para el 1 de enero 2025- e incluye un periodo transitorio para aplicarlas. En concreto, los países podrán aplicarlas de forma voluntaria a partir del 1 de julio de 2028 y de forma obligatoria solo a partir del 1 de enero de 2030. Esto ha permitido sortear el bloqueo de Estonia, cuyo titular de Finanzas, Jürgen Ligi, dijo durante el debate ministerial que se trata de un “muy buen compromiso” y que su país “aprecia el resultado sobre la economía de las plataformas”.
"La Comisión Europea tendrá que vigilar de cerca cómo se aplica la excepción para las pymes en práctica, para que no ponga en peligro el principio de responsabilidad de las plataformas de recaudar el IVA", dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. En su opinión, una aplicación "a tiempo y coherente de las reglas beneficiaría ampliamente al mercado único y la igualdad de condiciones entre negocios tradicionales y plataformas".
España, por su parte, ha expresado su voluntad de aplicar el modelo para las plataformas digitales incluso antes de julio de 2028, "como una medida de simplificación en la recaudación del IVA y como un modo de mejorar la lucha contra el fraude del IVA", según una declaración que solicitó añadir al texto. La medida permitirá a las autoridades tributarias de los Estados miembros obtener hasta 6.600 millones de euros anuales durante diez años, mientras que las plataformas ahorrarían conjuntamente unos 48 millones en el mismo periodo, según los cálculos publicados por la Comisión Europea cuando presentó la propuesta en 2022.
Factura electrónica
La segunda propuesta aprobada prevé que las empresas tengan que emitir una factura electrónica que envíen a las autoridades fiscales de cada país cuando vendan un bien o servicio en otro país comunitario, sustituyendo así a la actual "declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias" que, a juicio de Bruselas, estaba desfasada. El objetivo es atajar el fraude con el IVA en compras entre los socios del bloque y la Comisión Europea calcula que la medida permitirá a los Estados ingresar 11.000 millones de euros más en una década y a las empresas ahorrar 4.100 millones al año por la reducción de la carga burocrática.
La tercera iniciativa es la creación de un portal único en el que se puedan registrar todas las empresas que venden productos o servicios en varios Estados miembro de la UE y, a través del cual, podrán cumplir con sus obligaciones en materia de IVA e interactuar con las autoridades tributarias de su país, lo que generaría un ahorro de 870 millones al año para las pymes, según los cálculos de Bruselas.