El Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez tiene un nuevo problema. El Ecofin (ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea) han aprobado este martes los cambios propuestos en el plan de recuperación de España, pero lo que se presupone una buena noticia, genera un conflicto para el Ejecutivo español. El plan que se presentó a Bruselas incluye un nuevo impuesto al diésel como parte de los requisitos para desbloquear el quinto pago ligado al cumplimiento de Next Generation, que asciende a 23.900 millones de euros entre ayudas directas y préstamos.

Pero la reforma impositiva del diésel se ha cerrado en falso. En la reforma fiscal que se debatió en noviembre y diciembre en las Cortes españolas, el PSOE incluyó la subida del impuesto de hidrocarburos que se aplica al diésel para equiparar la fiscalidad de este combustible con la gasolina. Elevar los impuestos al gasóleo es una vieja demanda de la Comisión Europea al Gobierno español, pues existe una gran diferencia con la tributación que se aplica a este combustible en otros países comunitarios.

Sin embargo, la pretensión del Gobierno ni siquiera paso el filtro de su socio, Sumar, que desde un principio se opuso a la subida del impuesto al diésel. Sin embargo, el socio de coalición estaba dispuesto a apoyar el incremento fiscal a cambio de que el PSOE prorrogase el impuesto a las energéticas, como se ha hecho finalmente con la banca. Pero la aritmética parlamentaria ha hecho imposible cuadrar un puzle fiscal en el que han participado partidos de tendencias muy dispares.

Desembolso de Bruselas

La quinta petición de pago fue 'ampliada' por el Gobierno y depende ahora de 84 hitos y objetivos, de los cuales 55 de ellos han sido adelantados porque estaban previstos en futuros desembolsos. Así, el pago ascenderá a 8.000 millones de euros en subvenciones y 15.900 millones de euros en créditos una vez su cumplimiento sea verificado por la Comisión Europea y confirmado por los Estados miembros, informa Efe desde Bruselas.

La novedad de las modificaciones es que la lista de requisitos de los que depende la parte de ayudas directas incluye ahora un aspecto que no se nombraba en las versiones anteriores del plan español: la aprobación de un impuesto al diésel. Este hito exige a España la adopción de reformas en "ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital -que sí se ha aprobado-, que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo".

Además, detalla que todas estas medidas deberán conducir a un aumento "permanente" de los ingresos de, "al menos", el 0,3% del PIB, que equivale a unos 4.500 millones de euros.

La Comisión Europea tiene dos meses para evaluar el cumplimiento de todos los hitos y objetivos que forman parte de la petición de pago. Si considera que España no ha adoptado todos, puede decretar un pago parcial en el que se descontará la parte proporcional al requisito no cumplido.

Reducción del déficit

Este martes, Ecofin también ha revisado, y aprobado, los 21 planes fiscales a medio plazo que ya han sido validades por la Comisión Europea para que los países controlen su déficit y deuda pública, entre ellos la senda de ajuste de España. Desde Bruselas, los ministros europeos de Finanzas remarcan que la "plena aplicación" del plan de ajuste español "permitiría garantizar unas finanzas públicas saneadas y apoyar la sostenibilidad de la deuda pública, así como un crecimiento sostenible e integrador".

Con el visto bueno al plan, los Veintisiete también validan la lista de reformas e inversiones que España tendrá que acometer a cambio de que la senda de ajuste sea de siete años y no de cuatro, como sería el caso sin estos compromisos. El plan español, que ya había sido aprobado por la CE en noviembre, prevé concreto un aumento del gasto público del 3% anual para el periodo 2025-2031, dos décimas superior al que sugirió Bruselas.