Uno de cada cuatro alquileres turísticos en Barcelona no tiene licencia, según un estudio publicado por la empresa de servicios de inteligencia turística Mabrian. El informe se ha realizado después de que el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el gobierno socialista de Jaume Collboni, haya anunciado que prevé eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad para destinarlos a uso residencial. Según el consistorio, la prohibición de alquileres turísticos será efectiva sobre 10.000 viviendas, que verán extinguidas sus licencias a finales de 2028.
Por su parte, Mabrian asegura esta cifra "podría subestimar el tamaño del mercado de alquileres de corta estancia", un 63% mayor que la cifra oficial, que suma 15.800 unidades en total, lo que se traduce en 56.700 plazas de alquiler turístico. El socio y director de marketing y comunicación de Mabrian, Carlos Cendra, ha valorado que "determinar con claridad la dimensión real del mercado es crucial para la toma de decisiones".
Según el informe, el 68% de los alquileres turísticos en Barcelona está en los barrios del centro de la ciudad, como el Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuic. En este sentido, el 61% de los alquileres vacacionales que se ofertan son casas completas, el 33% corresponde a habitaciones privadas y el 4% son apartamentos. El 27% de los propietarios tiene un solo piso, mientras que el 73% tiene más de una vivienda anunciada y, de estos, el 57% tiene más de 10 alojamientos.
Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal
Paralelamente, la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Gobierno está valorando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica. En esta línea, Rodríguez ha criticado que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial.
Asimismo, ha celebrado que las comunidades autónomas estén tomando "cartas en el asunto", poniendo el ejemplo reciente de la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de querer eliminar todos los pisos turísticos en noviembre de 2018.
A la hora de valorar esta propuesta, la titular de Vivienda ha destacado que "va a beneficiar a la ciudadanía de Barcelona que quiere vivir en su ciudad, que no quiere sea un parque temático y que prioriza el derecho al acceso a la vivienda frente a intereses económicos". Por otro lado, al ser preguntada sobre el papel del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en esta situación, Rodríguez le ha pedido que "intervenga en esta cuestión porque claramente está limitando el derecho de los madrileños a acceder a una vivienda digna". "En Madrid hay profesionales que actualmente destinan el 80% de su salario a pagar el alquiler. Y no se puede mirar hacia otro lado, por lo que hemos de intervenir", ha añadido la ministra, señalando la cifra de 12.000 viviendas ilegales en la ciudad de Madrid, según el alcalde.