El Govern de Catalunya ha aprobado este martes las condiciones básicas para la reserva pública de solares que irán destinados a vivienda protegida con una convocatoria anual, con el objetivo de hacer 50.000 hasta el 2030. Entre las condiciones con el fin de impulsar que los solares públicos disponibles vayan destinados a vivienda social y asequible está el hecho de que uno de cada cuatro vayan destinados a personas jóvenes. En los solares solo se admitirá la modalidad de alquiler con el derecho de superficie a 75 años. Además, la Agencia de la Vivienda de Catalunya podrá reservar un máximo del 10% de viviendas para situaciones de vulnerabilidad.
El Govern dará subvenciones y facilidad de financiación a promotores privados para hacer estas viviendas.
Los precios del alquiler de las viviendas serán determinados por 4 ámbitos en función del precio medio en cada municipio. En el ámbito 1, donde|dónde están Barcelona, l'Hospitalet, Cornellà y otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona y el litoral catalán, los precios serán de 10,65 euros por metro cuadrado. En el ámbito 2, donde está Badalona, los precios de alquiler serán de 8,65 euros por metro cuadrado. En el ámbito 3, costarán 7,65 euros por metro cuadrado y en el ámbito 4, el precio será de 6,64 euros por metro cuadrado.
Los precios se marcan a fin de que los pisos se alquilen por debajo del precio de mercado. Eso hará que, por un piso de 100 metros cuadrados de alquiler asequible en los municipios con solares públicos, se paguen entre 664 euros y 1.065 euros. Con el fin de conseguir este precio, la Generalitat dará subvenciones mensuales a los promotores, equivalente al diferencial entre el resultado de multiplicar la superficie útil total de las viviendas construidas en aquel solar por el valor de 10,65 euros (valor que se actualizará en cada convocatoria en función de la evolución del IPC) y la renta máxima que tienen que satisfacer las personas arrendatarias, con la garantía de que esté como mínimo un 20% por debajo del mercado del municipio.
Los promotores que hayan obtenido financiación del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) recibirán, por cada solar inscrito en la reserva y durante 20 años, una subvención en forma de bonificación del tipo de interés aplicable al préstamo que el ICF haya otorgado de acuerdo con sus criterios de riesgo y la estrategia marcada por su Junta de Gobierno para la construcción de las viviendas. Esta subvención es, para la anualidad 2025, de 1,5 puntos porcentuales.
Cuando pasen 28 años desde el fin de las obras, los promotores tendrán que ingresar un porcentaje de los alquileres cobrados en la Generalitat, a fin de que parte de las subvenciones vayan a compensar los municipios por haber aportado el suelo.
Las ayudas se irán revisando a lo largo de los 75 años que dura la concesión para garantizar la asequibilidad de las viviendas, según la evolución del mercado y la sostenibilidad económica de las promociones.
La consellera de Territori, Habitatge y Transició Ecológica, Sílvia Paneque, también portavoz del Gobierno, ha defendido que se trata de un "mecanismo por impulsar que en los solares públicos que tengamos disponibles podamos asegurar la construcción de viviendas asequibles y que se mantenga la titularidad del suelo y la protección de la vivienda". "Con este acuerdo aseguramos que ningún solar en Catalunya calificado de VPO quede por construir por falta de financiación", ha añadido.
La portavoz ha defendido además que modificarán "de manera inmediata" la ley de urbanismo para acelerar la construcción de viviendas y que la burocracia no los paralice. Para hacerlo, crearán la figura de la "licencia previa básica" que permitirá el movimiento de tierras e iniciar la construcción de la estructura "mientras se tramita la licencia definitiva".