Caixabank, Sabadell, Santander, BBVA y Caixa Popular han solicitado ya su incorporación al proceso del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las entidades financieras puedan operar en la Línea de Avales DANA. Esta iniciativa, anunciada el pasado jueves por el presidente del ICO, Manuel Illueca, facilitará que los ciudadanos y empresas afectados por la DANA puedan acceder de forma ágil y sencilla a financiación en las mejores condiciones a través de su red de sucursales.

El Consejo de Ministros del 11 de noviembre aprobó la activación del primer tramo de 1.000 millones de euros, que se irá asignando a cada modalidad en función de la demanda. La dotación total de la línea asciende a 5.000 millones de euros. Con esta medida, la línea de avales aprobada por el Gobierno beneficiará a 32.000 empresas y 150.000 hogares, una medida con la que se pretende llegar "hasta el último rincón de la zona afectada", según el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca. 

La rápida puesta en marcha de esta medida muestra el éxito del esquema de colaboración público-privada con el que está diseñada. El objetivo es que los ciudadanos y empresas puedan cubrir las necesidades urgentes de liquidez, accediendo a financiación como anticipo de las cantidades a percibir del Consorcio de Compensación de Seguros o de las Administraciones públicas en concepto de indemnizaciones o ayudas.

La línea de avales también promoverá la recuperación de la capacidad productiva del tejido empresarial de las zonas afectadas, poniendo a su disposición financiación para acometer inversiones y disponer de capital circulante.

Para facilitar el despliegue de la línea y que el coste de las operaciones sea lo más ventajoso posible, los avales del Ministerio de Economía, gestionados por el ICO, cubrirán el 80% del importe de la financiación y serán gratuitos.

Cómo funcionan los avales

Para la ejecución de los avales, el ICO hará "un seguimiento semanal para saber cuándo tenemos que ir activando los siguientes tramos" y que "nunca haya un problema de liquidez", aseguró el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca. 

Por primera vez, el ICO no se detiene en las empresas, sino que va a apoyar también a las familias que han sufrido este desastre, por lo que hay una primera modalidad de anticipo de ayudas para familias a las que "no se va a pedir ninguna garantía adicional más allá de las que el Estado va a aportar", un aval "gratuito" y "que va a permitir que las entidades financieras ofrezcan las mejores condiciones a los clientes".

El plazo de las operaciones será "el que la gente necesite" para cubrir sus necesidades "con certeza, con tranquilidad", ha insistido el presidente del ICO, quien ha apuntado que en principio este esquema de avales permite financiación hasta noviembre del año 2025.

Lo que las personas tienen que hacer es acudir a las entidades financieras y allí deberán presentar una declaración responsable en la que indiquen que residen en la zona o que tenían un contrato de trabajo en la zona, además de una acreditación de los daños que han tenido, algo que se hace con la solicitud de indemnización al consorcio o ante cualquier administración.

Así, se podrá recibir directamente el importe esperado y se abre un periodo de carencia de pago de interés y de capital hasta que las ayudas sean efectivas, momento en el que la entidad financiera procederá a liquidar los intereses correspondientes.

En el caso de que el consorcio acabe haciendo una evaluación de daños inferior a la esperada, lo que se haría es "prestamizar" ese dinero hasta el final de la vida del préstamo -de cinco años- por cuotas constantes y siempre a los tipos de interés pactados inicialmente.

Para las empresas hay una segunda modalidad, aunque es "prácticamente idéntica", ya que pueden obtener financiación por las ayudas que hayan solicitado y a partir de ahí esperar a que efectivamente se hagan efectivos los pagos, un momento en el cual se liquidan los intereses.