Este 24 de febrero se completan 365 días de guerra en Ucrania que han aterrorizado a la población del país europeo, pero también que han cambiado la economía del resto de los europeos y, en cierta forma, sus vidas. Y, sin importar la distancia, los españoles también nos hemos visto arrollados por lo onda expansiva de la guerra. El Estado español, al igual que el resto de los comunitarios, ha tirado de chequera para ayudar a sus ciudadanos y empresas a soportar la escalada de precios que ha provocado, generando una inflación que en España no se conocía desde hace 40 años. En seis paquetes diferentes el Gobierno español ha aprobado 70 medidas y ha desembolsado unos 45.000 millones de euros (40.000 según los cálculos de la Airef) en ayudas directas y otros 10.000 millones de créditos ICO para las empresas.
Occidente ha reaccionado a la invasión sancionando al país que lidera Vladimir Putin que ha correspondido poniendo todo tipo de trabas a la exportación de petróleo y gas, sus principales fuentes de ingreso si se tiene en cuenta que Rusia es el primer exportador mundial de ambos combustibles fósiles. El recorte tuvo un fuerte impacto tanto en la gasolina como en el diésel, pero especialmente relevante ha sido el efecto sobre el gas natural, vital para la generación de electricidad, y ciertos sectores productivos. Y, ahora en invierno, para las calefacciones. Muchas empresas no han podido soportar el incremento de los costes energéticos y han tenido que echar el cierre.
El encarecimiento desproporcionado de la energía se ha trasladado al resto de productos y servicios por la importante en los procesos de producción o en la logística de cualquier bien, lo que ha llevado a una subida de precios en cascada. Por el lado de Ucrania, el país es uno de los mayores exportadores de trigo (es el granero de Europa), pero también de aceite de girasol, dos alimentos básicos que tienen un efecto multiplicador en otros muchos productos alimenticios. Así, el IPC de la alimentación (15,4%) casi triplica hoy en España al IPC general (5,9%). Una inflación que ha llevado al BCE a elevar bruscamente el precio del dinero, disparando el Euribor y, por tanto, el coste de las hipotecas.
Transporte público y privado
El encarecimiento de los combustibles fósiles ha supuesto uno de los mayores trastornos económicos para las empresas y las familias españolas. En marzo, un mes después del inicio de la guerra, el transporte hizo un huelga que supuso el desabastecimiento de industrias y supermercados. Para frenarla, el Gobierno aprobó una subvención generalizada de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel que ha durado hasta el 31 de diciembre, con un coste que la Airef contabiliza en 5.000 millones de euros.
Pero la medida tuvo mucha contestación, primero por el impacto medioambiental, pues se alentaba al transporte privado y no se incitaba a reducir el consumo de combustibles. Y segundo, porque se favorecía a los propietarios de coches potentes generalmente caros, de gran consumo. Eso dio lugar a que el 1 de septiembre se aprobasen ayudas hasta del 50% para el transporte público, tanto el urbano y las cercanías como el interregional. Una medida que ha ganado adeptos por lo que el 1 de enero se ha prorrogada para todo 2023 y, en cambio, se ha suprimido la ayuda de los 20 céntimos. Solo se ha mantenido esta subvención para el transporte de mercancías y de viajeros, incluido el taxi y algún colectivo más. La subvención del transporte público puede superar los 1.000 millones entre 2022 y 2023.
Electricidad y gas
Al igual que las gasolinas, el resto de las energías también ha sufrido el impacto de la guerra de Ucrania. La electricidad fue la primera porque ya venía de fuertes subidas desde 2021 por los problemas de suministro del gas que alimenta las plantas eléctricas de ciclo combinado. El sistema europeo de retribución de la generación eléctrica prima esta energía porque garantiza que nunca habrá escasez de suministro, pues sus plantas arrancan y se apagan al instante y sin depender de factores exógenos como el aire o el sol. Y, por tanto, se paga a mayor precio que luego se aplica al resto de energías, lo que ha disparado el coste de electricidad.
En junio, los Gobiernos de España y Portugal consiguieron que Bruselas aceptase una “excepción ibérica” que topa el precio de gas usado para generar electricidad lo que ha permitido reducir el recibo de la luz en el segundo semestre del año, desde un máximo de 294 euros kilovatio en marzo a colocarse por debajo de los 100 euros en algunos meses. Además, se han reducido o suprimido los impuestos tanto a la electricidad como al gas.
Con el frío y las calefacciones el consumo del gas tomó el relevo a la electricidad. Para evitar que muchos hogares y comunidades de propietarios no pudiesen asumir el nuevo coste del gas, el Gobierno subvencionó la tarifa de último recurso (TUR), aunque el cambio de tarifa se ha saturado generando muchos retrasos. Además, algunos sectores muy intensivos en consumo de gas, con el cerámico a la cabeza, han multiplicado por 6 su coste energético, por lo que el Gobierno aprobó un partida de 400 millones de euros para estas empresas.
Sector primario
La agricultura, ganadería y pesca han sido otras actividades que han requerido la atención del Gobierno, consciente de que la subida del precio de los alimentos era un problema de índole mayor, como así ha sido. El incremento de las materias primas, como trigo o aceite de girasol, ha ido encareciendo el resto de los productos. Como respuesta, los productores agrícolas y ganaderos y los armadores y la acuicultura han recibo ayudas directas, subvenciones para la adquisición de combustible que en la pesca es especialmente importante y otro tipo de apoyos para minorar los costes del sector primario y evitar que se dispararán los precios de los alimentos. Algo que no se ha conseguido en parte por las distribuidoras, según apuntan veladamente desde ciertas organizaciones agrarias. El coste rondó los 500 millones de euros en 2022, para unas medidas que se han prorrogado este año.
Cesta de la compra
El efecto del incremento de los costes en la alimentación ha disparado la cesta de la compra de los españoles hasta un 15,4% interanual. Sin embargo, no ha sido hasta este 2023 cuando el Gobierno ha decidió incidir directamente sobre estos productos para lo cual ha aprobada la rebaja del IVA entre 4 y 5 puntos para una quincena de alimentos que en conjunto suman cerca del 6% del total del presupuesto de una familia media española. Además, ha elevado el cheque de ayuda para las familias que tienen unos ingresos inferiores a 27.000 euros y no superen los 75.000 euros de patrimonio, sin contar la vivienda. Algo más de 4,2 millones de hogares, según cálculos del Gobierno.
Gastos de la vivienda
Otro cambio que han traído los 365 días de guerra de Ucrania a la vida de los españoles es el alza de los tipos de interés de los préstamos. Todos los bancos centrales, incluido el BCE, han elevado el precio del dinero para desmotivar a los ciudadanos y empresas a consumir, lo que en la teoría económica redundaría en una bajada de la inflación. Aunque afecta a la compra de productos duraderos como los coches, los electrodomésticos e incluso los viajes que se suelen financiarse mediante créditos, el gran impacto se produce en las hipotecas, pues ha atrapado a muchos millones de españoles que ya estaban pagando un piso. Pero tambien en otros gastos de la vivienda. Y el alza del Euribor ha provocado un aumento de las cuotas mensuales en unos 250 euros.