Un estudio ha puesto negro sobre blanco la situación de los agricultores en el área del Campo de Tarragona, en seis comarcas, y en las principales áreas de actividad del sector primario, como son el aceite de oliva, fruta seca, vino, cereales, huerta, fruta dulce y otros cultivos, carne, aves de corral y huevos y pescado y marisco. La principal conclusión es que los productores agrarios de esta parte del territorio catalán solo retienen, por término medio, un 6,5% del valor total de la cadena de valor agroalimentaria, mientras que el 93,5% restante se lo distribuyen los intermediarios que actúan en las fases posteriores a la producción: transformación, envasado, etiquetado, distribución y venta. Para cada uno de estos segmentos, la cadena de valor del producto acapara una parte del precio: 26,88% (transformación), 30,57% (envasado y etiquetado) y 71,29% (logística y distribución). En el caso de la carne, las aves de corral y huevos y el pescado y marisco, los porcentajes son 29,87%, 36,36% y 72,11%, respectivamente.

El trabajo académico Análisis territorial de la cadena de valor agroalimentaria en el espacio agrario del Campo de Tarragona pone de manifiesto, con datos, el decalaje que hay entre el precio que se paga a los campesinos por sus cosechas y lo que realmente cuesta cuando llega a las tiendas. Parte de esta brecha se atribuye a la dimensión de algunas explotaciones agroganaderas por el hecho de que esta circunstancia queda poder de decisión a los campesinos. Por lo tanto, entre las conclusiones figura la necesidad de crear cadenas de suministro de propiedad y explotación local, con el objetivo de incrementar los ingresos de los pequeños productores agrarios y, al mismo tiempo, hacer crecer el consumo de productos locales. Eso permitiría aumentar las ventas tanto estatales como internacionales.

El estudio fue encargado por la Asociación de Iniciativas Rurales de Catalunya (ARCA) en el marco del PECT Pobles Vius y Activos, un proyecto de desarrollo rural coordinado por la Diputación de Tarragona, y lo ha realizado la empresa Aretian, surgida de la Universidad de Harvard de la mano del urbanista catalán Ramon Gras.

En este contexto, el equipo liderado por Ramon Gras sugiere crear una red de "campus agrotecnológicos" repartidos por todo el territorio, donde cada campus actuaría como un gran centro de procesamiento, envasado, logística y venta de los productos estrella de su zona. Según Graso, la competitividad de los pequeños productores pasa por seguir tres grandes estrategias: la generación de economías de escala, la integración vertical del sector y la innovación e investigación continua. En cada campus se desarrollarían servicios de soporte en la producción (maquinaria compartida), transformación, envasado y etiquetado, almacenaje, distribución y, muy importante, la venta de los productos con una marca conjunta. De hecho, se plantea el establecimiento de puntos de venta propios y realizar venta directa a instituciones. En paralelo, se diseñaría una estrategia de innovación que fomentara los vínculos de colaboración entre el campesinado y los centros de investigación establecidos en el territorio catalán, para convertirse en centros de conocimiento y de apoyo a las explotaciones agrarias. Los académicos aseguran que aplicando esta estrategia, los campesinos podrían pasar de obtener el 6,5% del valor de la cadena, a controlar un 75%; y que el consumo de productos locales pasaría del actual 23% a un 55%. Los autores van más allá e, incluso, determinan la creación de cinco campus, agrupando campesinos y productos y fijan una posible localización.

Según las últimas informaciones de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Barcelona, la renta real de los agricultores catalanes cayó un 7% en el 2022. Se trata de una cifra superior a la media del Estado, del 5,5%, según el sindicato. Por este motivo, ASAJA considera que el 2022 ha sido un año "convulso" y lamenta que estuvo marcado por "grandes factores muy importantes", como las sequías, heladas, olas de calor, la guerra de Ucrania y la inflación "desmesurada". "Ha sido un 2022 para no volver a repetir", apunta al sindicato. Según sus cálculos, destacan que el gasto en electricidad subió un 78,81% anual. "Precios altos para producir, mucha inflación para el consumidor y para nuestro sector, un papel de difícil situación", argumenta.