El sector agrario español ha valorado este martes que los países de la Unión Europea (UE) hayan suavizado las exigencias medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC), aunque creen que los cambios se quedan cortos, mientras que los ecologistas apuntan a un desmantelamiento de esta política.
Las reacciones en España no se han hecho esperar después de que los Estados miembros de la UE diesen su visto bueno a las medidas que propuso la Comisión Europea recientemente, al calor de las protestas de los agricultores y de los ganaderos en muchos países comunitarios. Cooperativas Agroalimentarias de España ha considerado un "avance" que se flexibilice la PAC, aunque "llega un poco tarde para algunos sectores", puesto que la planificación en herbáceos y cereales de invierno se hizo entre octubre y noviembre.
Su presidente, Ángel Villafranca, ha destacado que lo más importante es el "diálogo estratégico" abierto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para garantizar una transición ecológica "tranquila y con suficiente presupuesto" para el campo. Además, Villafranca ha señalado que el sector primario necesita una mayor reestructuración, con más dimensión para poder competir y ser rentable dentro de la cadena alimentaria.
La organización agraria Asaja ha indicado que los cambios en la PAC son "un paso importante" y "positivo", aunque aún "faltan muchas cuestiones" por abordar. En declaraciones a EFE, el director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, ha expresado que hay otras políticas que afectan al sector que hay que abordar, como la Ley de Restauración de la Naturaleza, la directiva de usos industriales o las cláusulas espejo contra las importaciones.
El secretario general de la organización agraria COAG, Miguel Padilla, ha dicho que los cambios de la PAC son positivos "pero queda mucho por hacer". En ese sentido, ha señalado que las medidas son insuficientes para responder a las reclamaciones de agricultores y ganaderos porque "no se aborda el tema del mercado".
Unión de Uniones, por su parte, se ha centrado precisamente en la Ley de Restauración de la Naturaleza para exigir a España que se sume a los países que quieren bloquear la norma. Entienden que es una ley que aumentará la tensión que ya sufren las explotaciones agrarias.
La coalición de entidades sociales Por otra PAC ha acusado a los ministros de Agricultura de la UE de "desmontar en tiempo récord los avances que costaron años negociar" y ha criticado la "rebaja exprés" de los requisitos ambientales, que son "claves en el mantenimiento de la rentabilidad de las explotaciones agrarias y en la lucha contra la desertificación".
Greenpeace ha calificado de "antidemocrática" la flexibilización de las normas ambientales y cree que, con ello, la UE va a "desmantelar" en unas semanas las políticas que se ha tardado "años en acordar".