Cantabria, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades autónomas más decidas a asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a tramitar su traspaso, como sucederá en Catalunya, a tenor de los acuerdos pactados entre el presidente Pedro Sánchez y el Gobierno catalán de Pere Aragonès. Pero las reticencias de los gobiernos autonómicos son muchas y de diversa condición, aunque la falta de información sobre el proceso de cesión, su gestión posterior y la disposición de la financiación proveniente del Estado determinan que no todos vean con buenos ojos asumir esta prestación. 

Según la información recabada en los distintos ejecutivos autonómicos por las delegaciones de Efe en Espanya, además de Catalunya otras cuatro comunidades ya han anunciado que van a pedir la gestión de esta competencia, que actualmente asumen País Vasco y Navarra: Cantabria, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Galicia. 

Las comunidades que ya han dicho que sí quieren este traspaso son cuatro del PP, entre ellas Galicia, que de hecho ya lo tenía comprometido con el anterior ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y en diciembre reiteró su petición al Gobierno para que acometa de manera “inmediata” la cesión. A falta de ver "la letra pequeña", la Junta de Castilla y León ha anunciado que pedirá la gestión total del Ingreso Mínimo Vital, que ya intentó sin éxito cuando se puso en marcha en 2020, en iguales condiciones que lo tienen País Vasco y Navarra, y también con los recursos necesarios.

La Generalitat Valenciana también ha dicho que va a reclamar el traspaso de la gestión del IMV para poder mejorar la compatibilidad con la Renta Valenciana de Inclusión, aunque fuentes del Gobierno autonómico han subrayado que debe ir acompañado de "recursos suficientes" (económicos, técnicos y personales).

Igualmente, Cantabria pedirá al Gobierno el traspaso y su financiación, también con el objetivo de mejorar la coordinación, agilización de la tramitación y concesión de esta prestación, si bien ha puntualizado que desconoce los condicionantes que se incluirán.

Baleares y Canarias, con condiciones

A estas cinco se sumarían Baleares y Canarias solo si el traspaso se produce en condiciones que consideren adecuadas, mientras Andalucía y Extremadura no han tomado ninguna decisión al respecto y lo solicitarán únicamente si entienden que así se prestaría mejor el servicio. El Gobierno andaluz no ha tomado una decisión concreta, pero si al analizar el asunto entiende que esa competencia se prestaría mejor por parte de la Junta que del Estado pediría las competencias, según su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco. Lo mismo que la Junta de Extremadura, desde la que han apuntado que si valoran que esa competencia se prestaría mejor por su parte que por el Estado, la pedirán, siempre que vaya acompañada de los recursos y fondos necesarios.

De las restantes seis comunidades, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja no se pronuncian por el momento por falta de un conocimiento detallado de la propuesta del Gobierno, Madrid defiende que se debe negociar con todas las comunidades y Aragón especifica que debe tratarse en una conferencia sectorial.