La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha cargado contra el Gobierno por los baremos de referencia del precio del alquiler, pues establece límites más elevados que los fijados por el Govern. Capella ha acusado al Ministerio de Vivienda de romper el acuerdo con Catalunya y ha criticado la "visión homogeneizadora del Estado".

"Lamentamos la posición del Ministerio rompiendo un acuerdo, y con esta visión homogeneizadora del Estado solo con la salvedad del País Vasco y Navarra", ha respondido la consellera en rueda de prensa. Capella ha insistido que la norma del Gobierno "rompe el acuerdo" que cerraron en enero para trabajar sobre un sistema de índices en lugar de baremos, como ha sido finalmente, y ha afirmado que hasta el viernes pasado trabajaron sobre la propuesta de común acuerdo.

El Govern no entiende este cambio con respecto a lo hablado entre ambas partes, pues "el único territorio del Estado español que tiene un índice propio es Catalunya y tendrá que aplicar este índice" estatal en lugar del autonómico que aprobó la Generalitat y anuló el Tribunal Constitucional (TC) por invasión de competencias.

"Nosotros seguimos defendiendo el sistema de índices, porque es más fiable, reconoce más las circunstancias que se producen en las ciudades y pueblos" teniendo en cuenta las diferencias calle por calle, ha añadido Capella. Pese a todo, ha admitido que "en cualquier caso es una buena noticia que definitivamente empiecen a hablar de publicar las zonas tensionadas".

Cuando el alquiler se come más de un tercio de los ingresos

El Gobierno ha hecho público este martes el índice de referencia que servirá para regular los precios del alquiler en aquellas zonas tensionadas donde el alquiler se come más de un tercio de los ingresos medios. Este índice solo entrará en vigor cuando las comunidades autónomas declaren sus zonas tensionadas, y hasta la fecha tan solo Catalunya ha manifestado su intención de hacerlo en 140 municipios.

Ahora se abre un periodo de información pública de 10 días hábiles y podría publicarse en el Boletín Oficial del Estado el 12 de marzo para, al día siguiente, entrar ya en vigor en las zonas tensionadas catalanas. Tendrá entonces una vigencia de 3 años prorrogable si persisten las tensiones en los precios. El índice de referencia puede llegar a ser de la mitad de lo que cuesta una vivienda en el mercado de portales inmobiliarios de internet.