La construcción de viviendas de protección oficial está en mínimos. El año pasado se terminaron 1.723 viviendas con calificación protegida en Catalunya, el 13% del total de residencias construidas, según los datos de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Barcelona (APCE). En el conjunto del mercado español se terminaron 9.221 unidades con algún tipo de protección, una cifra que supone el 11,5% del total de vivienda construida.

“Está claro que es una producción muy insuficiente y para ponerla en contexto hay que señalar que el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida (VPO) de la Generalitat tiene una lista de espera de más de 80.000 personas”, explica Jordi Gálvez, gerente de Llar Catalonia, una cooperativa de viviendas vinculada al sindicato UGT especializada en VPO en compra. Eso supone que solo produce el 2% de las viviendas de protección que necesita.

El déficit en la producción de viviendas de protección oficial no es más que un reflejo de la escasa actividad en construcción residencial que se da en el conjunto del mercado español. Así, el 13% de VPO que se levantaron el año pasado sobre un total de 11.518 viviendas terminadas en Catalunya supone una producción muy por debajo de las necesidades del mercado.

 

“Catalunya creará aproximadamente 25.000 hogares de media anual entre los años 2023 y 2042”, señala la APCE en su último boletín de septiembre. “En el caso de no aumentar la producción de viviendas en los próximos años, el déficit se agravará de forma significativa con consecuencias en términos de precio y accesibilidad”, añade. Aumentar la producción de vivienda en general y actuar especialmente en segmentos donde la demanda está altamente insatisfecha, como la VPO, es clave para mejorar la accesibilidad en los próximos años.

Josep Ramon Fontana, director del Departamento de Estudios del Instituto Tecnológico de la Construcción (ITEC), recuerda que las políticas públicas de vivienda en España se acabaron en 2008, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y desde entonces no se han recuperado. “El exceso de vivienda era tal que las administraciones consideraron que ya no hacía falta invertir recursos en vivienda”, apunta.

El Govern se ha comprometido a acelerar el alquiler social a traves del Incasòl con 10.000 pisos nuevos en cuatro años

De esta manera, de producciones de 5.000 o 6.000 viviendas de protección al año se pasaron a entregas que apenas superaron las mil unidades a partir de 2013, una vez fueron concluyendo los proyectos puestos en marcha. El año pasado, con 1.723 entregas, se convirtió en el mejor de la última década. “Las administraciones públicas no se sienten cómodas trabajando con promotores, porque perciben demasiado riesgo reputacional y están colaborando en proyectos a cuenta gotas”, asegura Fontana. Dificultades para desahuciar en casos de impagos de los alquileres, unidades de VPO que se venden en el libre mercado o mantenimientos del parque caros y deficientes son algunos ejemplos de problemas con los que se encuentran las entidades en la gestión del parque público.

A pesar de ello, la Generalitat se comprometió a principios de año a acelerar los proyectos de vivienda social en alquiler a través del Incasòl, con el objetivo de disponer de 10.000 nuevas residencias en 2026. De esta cifra, unas 6.000 procederán de acuerdos público-privados en suelo del Incasòl, pero la entidad pública de la Generalitat desarrollará directamente otras 2.100 unidades. También hay un paquete de compra directa por alrededor de 1.500 viviendas. El Gobierno, por su parte, ha movilizado la Sareb para destinar 50.000 viviendas a alquiler asequible en los próximos años. De estas, 21.000 unidades pasarán a traspasarse a gobiernos autonómicos y ayuntamientos del conjunto del Estado.

Más alquiler asequible

“Hay hogares con rentas de entre 30.000 euros y 50.000 euros anuales que tienen dificultades para acceder a una vivienda”, sostiene Toni Bosch, directivo de Solventis, una gestora financiera que acaba de lanzar Fondviso, un fondo de inversión que prevé invertir 500 millones de euros en los próximos diez años para construir más de tres mil viviendas de alquiler asequible en Catalunya. El plan de Solventis no se limita al mercado catalán, ya que prevé proyectos en el conjunto de España que sumen doce mil viviendas con inversiones totales de alrededor de 2.000 millones de euros.

La estrategia principal de Solventis pasa por cerrar acuerdos de colaboración público-privada con administraciones que faciliten el suelo, donde a través de una cesión del derecho de superficie por 50 años la gestora levante una promoción para el alquiler a precio tasado. “Nosotros asumimos el riesgo de la construcción industrializada y entregamos la promoción en concesión por 50 años a la administración, que es la encargada de su gestión”, explica Bosch. El directivo subraya que es un modelo en el que todos ganan: “Ponemos a disposición de la administración vivienda sin coste alguno a cambio de que las entidades públicas asuman el riesgo de la demanda”.

Sólo el 2,5% del parque de vivienda en España es social, muy por debajo de la media de la UE-28, que es del 9,3%

Según los últimos datos de 2019, en España había 290.000 viviendas de alquiler social, de las que 180.000 están gestionadas por las comunidades autónomas y 110.000 lo están por organismos y entidades del Estado central. Según Eurostat, solo el 2,5% del parque de vivienda en España es social, muy por debajo de la media de la UE-28, que es del 9,3%, y por detrás de países como Francia (16,8%), Alemania (3,9%) e Italia (3,7%).

“Las administraciones públicas son muy lentas en el desarrollo de suelo para vivienda y al final provoca que los procesos se alarguen en el tiempo”, recuerda Jordi Gálvez, de la cooperativa Llar Catalonia. El desarrollo de suelo en zonas periféricas, pero bien conectadas con la red de transporte público es una de las estrategias que propone Gálvez para aumentar la oferta. “Soluciones, no hay solo una y entre todos hemos de poner los medios para facilitar vivienda a los ciudadanos”, recuerda el promotor, que aprovecha también para reivindicar la vivienda protegida en compra ante la actual moda del alquiler.