La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros las negociaciones con la Generalitat para venderle vivienda de la Sareb. Lo ha hecho poco después de anunciar la luz verde al plan anunciado por el presidente Pedro Sánchez para que 50.000 viviendas del banco malo se pongan en el mercado de precios social y asequible. Pero ha cifrado en solo 200 viviendas y 200 suelos la negociación con la Generalitat.
En cambio, la conselleria de Territori explicaba un día antes que negociaba para adquirir la totalidad de vivienda de la inmobiliaria pública o banco malo, y de hecho expresaba su "inquietud" por el hecho de que el anuncio de Sánchez se hiciera en paralelo a las negociaciones por la venta de los 13.499 pisos disponibles. El conseller Juli Fernández envió una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, expresando su "inquietud".
Fuentes de la conselleria explican a ON ECONOMIA que "lo que expresa la Generalitat en cada reunión es que los quiere todos", pero que el gobierno español nunca ha abierto esta puerta. Además, las mismas fuentes apuntan que lo que ellos solicitaban era la "cesión", y no la venta que ahora propone el gobierno español.
Tal y como dio a conocer ayer la Sareb, la idea del Gobierno español es dedicar 35.000 viviendas ya disponibles al mercado social (que cueste un máximo del 40% de los ingresos de los inquilinos) y asequible (por debajo del mercado pero no vinculado a la capacidad adquisitiva) y sumar las 15.000 viviendas potenciales aún por construir. Con esta medida, la gran mayoría de los activos inmobiliarios del banco malo irían destinados a este tipo de mercado de menor precio, por diferentes vías. Para las 14.000 ya en alquiler y habitadas, se estudiará la vulnerabilidad (9.000 de las familias muestran indicios) para ofrecerles vivienda social, como ya se ha aprobado en 2.000 casos estudiados y se está aplicando en 400, ha explicado Calviño.
Los otros alquileres sociales los gestionarán las comunidades autónomas y municipios que compren entre las 21.000 viviendas que el estado espera vender a otras administraciones. Ahí entrarían las 200 que negocia con la Generalitat, así como la venta ya cerrada de 500 viviendas a la Comunidad Valenciana o las 200 a Galicia, así como las 42 viviendas que está negociando vender al Ayuntamiento de Madrid, según la propia Calviño, que ha recordado que la Sareb supone una deuda de 30.000 millones para el estado.
La tercera vía será la gestión privada de vivienda a precio asequible en los pisos aún por construir, de cuya gestión se encargarán los propios constructores.
La ministra ha señalado que "la vivienda es una de las principales preocupaciones de nuestro país" y que España tiene actualmente 300.000 viviendas en el parque público, un 3% del total frente al 9% de promedio de la Unión Europea.