Catalunya se juega una inversión de 1.100 millones de euros, muy importante para el Camp de Tarragona, si no hay ninguna enmienda que impida que el impuesto a las energéticas se haga permanente, o se prorroga el periodo de enmiendas. El Congreso tiene hasta miércoles por la tarde para decidir si vuelve a prorrogar el proyecto de ley de medidas extraordinarias para afrontar los efectos de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, la vía utilizada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Sumar para convertir en definitivo un impuesto aprobado inicialmente para 2023 y 2024.
Lo que hace un año era una inversión en cuarentena será una retirada de inversión definitiva de Repsol si el Gobierno finalmente tira adelante convertir en permanente el gravamen extraordinario a la banca y las energéticas que facturan más de 1.000 millones de euros. La empresa dejará de invertir 1.100 millones de euros en Tarragona en uno de sus más ambiciosos planes de economía circular y transición energética.
Después de que el Gobierno haya incluido el gravamen en sus planes fiscales enviados a la Comisión Europea y que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haya defendido esta misma semana este impuesto, Repsol tiene ya claro que no llevará a cabo la inversión si la tasa se consolida. Este mismo sábado, Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, ha presionado a Sánchez asegurando que no tendrá presupuestos si no hace permanentes los impuestos a los bancos y las energéticas.
Las inversiones en peligro
En el centro petroquímico de Tarragona, uno de los principales polos industriales de Catalunya, Repsol proyecta una doble inversión: 800 millones para la Ecoplanta, que debe producir metanol y biometanol renovable a partir de residuos no reciclables, y el mayor electrolizador de España para hidrógeno renovable, con 150 MW de capacidad y 300 millones de inversión. Con el impuesto no se llevarían a cabo y la medida podría ralentizar la transición energética catalana, muy necesitada de nuevas renovables ante sus carencias en eólica y fotovoltaica.
Repsol ya anunció, en octubre del año pasado y al presentar los resultados del tercer trimestre de 2023, que dejaba sus planes de inversión en España en el aire a la espera de que el marco regulatorio y fiscal fuera estable. “La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las inversiones futuras en nuestros activos industriales en España. Es decir, antes de tomar cualquier decisión de inversión en España, analizaremos si las condiciones son estables y atractivas para garantizar los retornos de esas inversiones”, dijo entonces Josu Jon Imaz, que ha criticado el impuesto en varias ocasiones.
Con 800 millones en dos años, Repsol es la empresa energética que más gravamen ha pagado por esta medida, que se aprobó inicialmente en diciembre de 2022 como extraordinaria para paliar los efectos de la invasión rusa en Ucrania y que más tarde se decidió prorrogar a los años 2023 y 2024. El gravamen impone un 1,2% del importe neto de la cifra de negocios anual a las energéticas que facturen a partir de 1.000 millones de euros y un 4,8% de la suma del margen de intereses y los ingresos y gastos por comisiones a las entidades financieras con ingresos por comisiones e intereses a clientes por encima de los 800 millones de euros.
Un gravamen polémico
Desde su primera aprobación, Repsol defendió que el gravamen era arbitrario, anticonstitucional y discriminatorio. Pero fuentes de la empresa argumentan que además el contexto ha cambiado, factor que ya apuntó a finales del año pasado la Comisión Europea en un informe en el que afirmaba que la situación ventajosa para los márgenes de las empresas de combustibles fósiles ante la guerra de Ucrania y el aumento de costes del gas había cambiado.
El brent cotizaba a 100 dólares por barril, el Henry Hub a 6,6 euros y el margen del refino se situaba en 15,6 $/ barril por aquellos tiempos. Ahora, la coyuntura es muy distinta: hoy el Brent cotiza a 73,42 dólares por barril, el HH a 2,29 dólares y el margen de refino es del 4%. Esto implica que el Brent ha caído cerca de un 30%, el HH cerca del 70% y el margen de refino cerca del 80%.
A Repsol se le sumaron después el resto de grandes energéticas, que también han cuestionado el gravamen. Cepsa, Endesa, Iberdrola o Naturgy lo cuestionaron con fuerza en un inicio, si bien en los últimos meses se mantienen con un perfil más bajo.
Repsol defiende que gravar extraordinariamente a las energéticas afecta directamente a su capacidad de inversión y, por tanto, a los planes de descarbonización que requieren arriesgar capital para escalar tecnologías más limpias. Y eso, además, iría en contra de las conclusiones de los informes Letta y Draghi que claman por una mayor inversión en industria y energía y el crecimiento de las empresas europeas, añaden fuentes de Repsol.
Los entre 2.000 y 3.000 millones de euros contemplados por Repsol para convertir sus centros industriales en instalaciones bajas en carbono, entre los cuales 1.500 millones son para electrolizadores de hidrógeno verde, están a expensas de este impuesto, tal y como apuntó en noviembre del año pasado el presidente de Repsol, Antonio Brufau: “Son inversiones que si no se hacen en un marco de estabilidad y con un marco fiscal atractivo, ni mejor ni peor, competitivo con respecto a las regiones próximas a nosotros, no volarán”. En los países vecinos, añadió, podrían tener cabida proyectos así: "Si tenemos un impuesto para producir hidrógeno que no tienen Francia o Portugal, pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o Francia".