La administración autonómica de Catalunya es, con diferencia, la que más contratos públicos dedica a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social algo más de 22 millones adjudicados el pasado año, cuando la Generalitat decidió aumentar en un 25% el volumen de fondos destinados a estas contrataciones. Tras la Generalitat, el gobierno autonómico de Cantabria licitó 15 millones y, en tercera posición, Euskadi 10 millones de euros.
La Unión Europa introdujo en 2004 el concepto de “contrato reservado” que obliga a las administraciones públicas -estatal, autonómica y local- a “reservar” ciertas contratas a las que solo pueden licitar Centros Especiales de Empleo (CEEm) de iniciativa social cuya plantilla cuenta, al menos, con un 30% de personas con discapacidad y las empresas de inserción (EIS), con un 30% de trabajadores en riesgo de exclusión social.
Este tipo de contratos fomentan la participación de empresas de economía social en las licitaciones públicas. En España, “los contratos reservados” se regulan en la ley de Contratos del Sector Público y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRScon) se encarga de vigilar el cumplimiento de las administraciones públicas españolas. La norma exige que todas las administraciones han de fijar porcentajes mínimos de reserva de derecho para determinados contratos a los CEE y EIS. Sin embargo, los mínimos difieren de forma notable a la hora de fijar el mínimo de contratos y el valor de la licitación entre las distintas administraciones, especialmente entre las autonómicas, según señala la OIRScon en el informe sobre “contratos reservados” correspondiente a 2023.
Arbitrariedad
Por ello, el propio informe advierte de que las comparaciones entre las 17 comunidades autónomas hay que cogerla con pinzas. Sin embargo, el volumen del dinero destinados a estas contrataciones públicas deja poco margen a la interpretación, pues el ranking no tiene mucha relación con la población de cada territorio. Como queda dicho más arriba, la Generalitat es la más sensible a las contratación social con un importe licitado de 23,33 millones de euros, seguida de la administración cántabra, con 15,756 millones de euros; Euskadi, 10,06 millones y Castilla-La Mancha, con 3,13 millones de euros y Andalucía, con 2,23 millones de euros.
Los 12 ejecutivos autonómicos quedan a años luz, pues ninguna superó en 2023 el millón de euros en licitaciones reservadas a empresas con iniciativa social. De ellas, Aragón encabeza el ranking, con contratas por valor de 800.000 euros; la segunda posición la ocupa la Comunidad de Madrid con 366.000 euros; Castilla y León, 171.600 euros; Baleares 165.190 euros; Navarra, 87.120 euros; Canarias, con 80.650 euros; Asturias, 69.635 euros y Galicia, La Rioja, la Región de Murcia y Extremadura no licitaron el pasado año, ningún contrato pública con reserva de empleo social.
En conjunto, el pasado año las comunidades autónomas concedieron 190 licitaciones, por valor de 73,64 millones de euros, a empresas con al menos un tercio de su plantilla de personas discapacidad o con riesgo de exclusión social. Por su parte, la Administración General del Estado firmó 25 de estos contratos por un valor de 5,5 millones de euros. Las corporaciones locales licitaron 234 de este tipo de contratos reservados, aunque el informe de la OIRScon no da cifra económicas.
Incumplimiento
Uno de los parámetros más reveladores, pero menos fiable del informe, es la relación entre los objetivos marcados por cada territorio y su nivel de cumplimiento. Según el informe de este año, solo superan el 100% de sus objetivos País Vasco y Cantabria, y Catalunya y Castilla-La Mancha superan el 70%. Aunque como se aclara, los parámetros que determinan los objetivos de “contratos con reserva” difieren sustancialmente. La mayoría de los ejecutivos establecen un porcentaje de reserva en relación a la totalidad de contrataciones públicas de cada año, pero unos calculan el porcentaje sobre todo tipo de licitaciones y otros, sobre procedimientos concretos. Lo que, en opinión de la OIRScon explica los bajos porcentajes de cumplimiento, por establecer metas “poco realistas”.
Objetivo del 10% del total de contratos. Así, siguiendo la estela de la Administración General del Estado que se impone a sí misma una reserva del 10% de sus contratos públicos a entidades con corte social, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Baleares también han fijado el 10% como objetivo. Lo que contrasta con sus niveles de cumplimiento en 2023: la Comunidad Valenciana estableció para ese año contratos por valor de 14,76 millones, pero solo se quedaron en las entidades de empleo social el 0,23%;la Comunidad de Madrid, la más ambiciosa de todas, pronosticó 49,22 millones y se quedó en el 0,74% y Castilla y León se ha autoimpuesto 3,04 millones y ha cumplido con el 5,65%. Baleares, con 2,14 millones, cerró en el 7,69% y Castilla-La Mancha, reservó 4,37 millones con un resultado del 71,58%.
Objetivo entre el 8% y el 6%. Del grupo, la Región de Murcia ha sido la más ambiciosa y sus propósitos, con el 8% del total de contrataciones, equivalen a 14,4 millones de euros, pero con un efectividad nula, del cero por ciento. Cantabria se ha marcado entre el 7% y el 10%, en dinero 10,34 millones, y una ejecución del 152%, con 15 millones de euros en licitaciones, la segunda cifra más alta tras Catalunya. Con un objetivo del 6% están Navarra, con reserva de 39,5 millones de euros, pero una ejecución del 0,22% y Extremadura que se ha marcado 45,6 millones -el más alto por debajo de Madrid- e, igualmente, una ejecución del cero por ciento.
Por debajo del 5%. País Vasco ha fijado el 5% para 2023, en millones 5,35, pero una ejecución del 188%, pues el pasado año se dieron a empresas de empleo social contratos públicos por valor de 10 millones de euros, el tercer volumen tras Catalunya y Cantabria. Canarias se ha autoimpuesto un 2% (1,55 millones de euros) y ha cumplido el 5,2% y La Rioja, el 1% (83.000 euros) y, aun así, no ha cumplido ni un euro.
Condiciones no porcentuales. Catalunya ha establecido un argumento diferente para establecer sus objetivos en contratos de reserva para colectivos con problemas de empleabilidad, como las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Tradicionalmente, establece un volumen económico, que para 2023 se ha establecido en 25 millones de euros, 3 millones más que los impuesto para los dos años anteriores. Finalmente, se quedo en 22,38 millones de licitación efectiva, equivalente al 89,32% de su objetivo, pero por encima de los límites anteriores. Aragón tampoco usa porcentaje, pero en vez de una cifra económico, marca su objetivo por contratos reservados. En 2023 los ha elevado a 92, valorados en 2,06 millones y una ejecución del 38,8%.
Sin porcentaje de reserva. Finalmente están las comunidades a las que no se puede determinar grado de cumplimiento porque no han fijado objetivo de contratos de reserva. Aunque sí han licitado contratos de carácter social, como Andalucía, con 2,23 millones. Asturias tampoco ha establecido referencias, aunque en su caso, la licitación se ha reducido a 69.634 millones.