AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, ha iniciado un expediente delante de la Secretaría para la Unidad de Mercado, en relación con la barrera en el libre mercado que supone la negativa de admisión por parte de un centenar de ayuntamientos, de la Declaración Responsable que establece el RDL 29/2021 de medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica con el fin de facilitar el despliegue de infraestructuras públicas a los operadores de recarga que, sin embargo, se están encontrando con esta otra barrera.
Incumplimientos por comunidades
Eso quiere decir que las trabas administrativas para gestionar un punto de recarga eléctrico se acentúa más o menos, según el lugar o municipio. En este sentido, Catalunya es la líder con 24 municipios que actualmente incumplen la normativa, seguimiento de Aragón (nueve), Andalucía, Madrid y Valencia, con ocho municipios cada uno; y Castilla y León (siete). Otros municipios se reparten entre el País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Canarias y La Rioja, en menor medida. ON ECONOMIA ha pedido a AEDIVE los municipios concretos que son, pero no han facilitado este dato.
Así pues, de acuerdo con el que establece el artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en la que se habilita las asociaciones empresariales para iniciar un expediente delante de la Secretaría para la Unidad de Mercado ante un problema del sector, extendido en todo el territorio nacional, la patronal de la movilidad eléctrica ha iniciado este trámite para evitar actuaciones concretas de denuncia por parte de los operadores de recarga ante varios ayuntamientos. Para ilustrar un número de casos representativos, a modo de ejemplo, desde de AEDIVE se ha pedido información en los operadores de recarga con respecto a ayuntamientos que no aceptan la Declaración Responsable establecida en el RDL para instalar infraestructura de recarga pública.
El director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia, denuncia: "Lo más sangrante es que entre los ayuntamientos que no admiten la Declaración Responsable, hay varias ciudades de más de 50.000 habitantes y que son plenamente conscientes de la existencia de esta obligación, pero que la desatienden, mientras que en otros casos, el consistorio no tiene previsto este trámite en su sede electrónica". De esta información se destaca que hay más de 90 casos de ayuntamientos que no admiten este trámite y solicitan la tramitación de este permiso como una licencia de obras, anulando una de las ventajas que el RDL 29/2021 ofrece a los operadores de recarga para acelerar el despliegue de puntos de recarga público y resolver las barreras administrativas.
A la cola de Europa
En términos generales, durante el 2022, la infraestructura de recarga de acceso público ha alcanzado los 18.128 puntos de recarga, cosa que en comparación con el año anterior supone 4.717 nuevos puntos de recarga. El aumento registrado el último año es insuficiente para alcanzar el objetivo marcado para el 2022 de 45.000 puntos de recarga de acceso público, necesarios para dar cobertura al objetivo del PNIEC. Igualmente, al ritmo actual será difícil alcanzar los objetivos indicados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia marcados por el Gobierno, que fijan para el 2023 entre 80.000 y 100.000 puntos de recarga de acceso público y 250.000 vehículos electrificados.