Catalunya necesitará hasta 225.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible en los próximos diez años, más de 68.000 de alquiler público, para satisfacer la demanda, destensar los precios del mercado y rebajar la tasa de esfuerzo que los hogares catalanes destinan al alquiler (una media del 30% de sus ingresos). Esta es la radiografía que ha obtenido la inmobiliaria Culmia y de la cual se desprende que el 98% de las necesidades globales se centran en Barcelona y su área metropolitana, con un déficit de hasta 216.000 viviendas con rentas que oscilen entre los 600 y los 800 euros mensuales. Para su desarrollo, la inversión para el conjunto de Catalunya se elevaría a 1.010 millones de euros, el 68% de los cuales se destinaría a la provincia de Barcelona, donde se necesitarían 700 millones para el desarrollo de 206.000 viviendas; un 16% a Tarragona; 12% a Lleida; y el 4% restante a Girona. Las cifras se alejan del contexto actual, ya que si la demanda anual es de unas 22.500 viviendas, los datos demuestran que en 2022, en Catalunya, únicamente se edificaron 1.000 viviendas que salieron al mercado con rentas bajas.

Además, la ejecución del plan topa con un "complicado e importante obstáculo" la falta de suelo. De hecho, en la actualidad, la disponibilidad de terrenos únicamente permitiría construir unas 30.000 viviendas en el área metropolitana -configurada por 27 municipios-, equivalentes al 14% de la demanda total prevista, y otras 3.000 viviendas protegidas en Barcelona ciudad, según un informe elaborado por la consultora GAD3 y el Institut Cerdà. En este sentido, desde el Institut Cerdà y el sector en general se insta a las administraciones a permitir que se levanten nuevos pisos en terrenos reservados para equipamientos o los dotacionales (predestinados a servicios o usos para un municipio). Según el Institut, una decisión rápida en este sentido facilitaría la construcción de 23.000 viviendas. "El principal problema es, según los directivos de Culmia, que las administraciones son las principales tenedoras del suelo".

Catalunya, Madrid, Andalusia y Valencia son las zonas de España donde se concentra el 60% de la demanda de alquiler, que se elevará a 761.000 nuevas viviendas con rentas asequibles, durante los próximos 10 años. Se aprecia que existen 1,37 millones de hogares en España tensionados por el esfuerzo para pagar la renta del alquiler, que se lleva más del 50% de los ingresos mensuales de la unidad familiar. 

Catalunya va rezagada con los planes de vivienda. Entre los años 2006 y 2010, el gasto medio anual de la Generalitat en vivienda ascendió a 870 millones sobre un total de 34.668 millones de presupuesto general. Un gasto que sirvió para desarrollar 6.000 viviendas asequibles públicas al año. Sin embargo, durante el ejercicio 2022, el presupuesto en vivienda ascendió a 997 millones (sobre 53.554 millones del total) y se desarrollaron únicamente 867 viviendas públicas. En el caso de Madrid, pese a iniciativas como el plan Vive para construir unas 6.600 viviendas protegidas en doce municipios de su área de influencia, los límites del precio al que se puede alquilar un inmueble -más bajos que en Catalunya- desincentivan a los promotores de iniciar nuevas promociones. "No sale rentable", explica Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia, a pesar de que valora las iniciativas de Madrid y "anima" a las administraciones catalanas a impulsar planes similares. 

A su entender, “Catalunya cuenta con una buena base para situarse a la cabeza del desarrollo de vivienda asequible, si bien se precisan todavía políticas que favorezcan una mayor colaboración público-privada que sea capaz de afrontar la demanda inmediata y futura. Durante los últimos años hemos visto reducir el peso de los presupuestos destinados a vivienda en la Generalitat de forma significativa, lo que repercute de forma directa en la falta de soluciones para armar un modelo estructurado que sea capaz de dar solución a una demanda al alza”. De ahí que, Francisco Pérez se mostró convencido de que el plan que han elaborado para Catalunya y que ya han compartido con administraciones como la Generalitat y la Diputación de Barcelona es factible por la existencia de bolsas de suelo como las de la Sagrera, el 22@ norte o la zona de la Marina/Zona Franca. "En Catalunya es necesario un impulso por parte de las administraciones para resolver el problema de la vivienda. En el área metropolitana de Barcelona se piden alquileres de entre 600 y 800 euros y nosotros podemos responder a esta demanda", ha dicho Pérez, después de recordar que el número de hogares que se crean en la comunidad catalana dobla la cifra de viviendas que se producen.