El Govern ya trabaja en un registro de grandes tenedores para que los inquilinos puedan saber si sus caseros están obligados a bajar los precios en las renovaciones de contrato. Y también busca una fórmula para controlar los alquileres de temporada, que se han disparado en los últimos meses y aún más desde la entrada en vigor del índice de referencia que regula los precios desde el pasado sábado. Fuentes del Departament de Territori reconocen trabajar en este sentido, aunque admiten también que "la convocatoria electoral y la disolución del Parlament ralentizan y pueden frenar estos progresos". 

El Departament de Territori, que amenazó este miércoles con llevar a los tribunales al Ministerio de Vivienda por haber impuesto un índice español sin tener en cuenta el catalán, tal y como recoge la ley, busca sus propias vías para mejorar la aplicación de la ley de vivienda. Y aunque puede seguir trabajando pese a la convocatoria electoral, el carpetazo a los presupuestos y la disolución del Parlament dificultan tomar medidas drásticas a corto plazo. El registro de grandes tenedores, con todo, espera poder estar listo "a finales de año", según fuentes del departament. 

Cinco días después de que entrara en vigor la regulación catalana de precios de alquiler de vivienda, existen más dudas que certezas sobre su aplicación. Dos de los interrogantes, aunque no los únicos, son cómo averiguar si un propietario es un gran tenedor y qué pasará con los alquileres de temporada de hasta 11 meses, pensados para personas que tan solo viven una temporada en la ciudad, pero utilizados desde hace tiempo al margen de la ley par burlar la ley de vivienda y la regulación de precios. "De la misma forma que pudimos regular la vivienda turística, podemos hacerlo con el alquiler de temporada sin esperar que lo haga el gobierno español, que aún no nos ha convocado al grupo de trabajo", reconocen fuentes de Territori a ON ECONOMIA. 

El Sindicat de Llogateres, principal portavoz de los inquilinos, tanto en la arena pública como en las reuniones con el ejecutivo, participa en estos grupos de trabajo y hace tiempo que apremia a resolver "de manera urgente" el alquiler de temporada, "porque si no, la situación puede ser incluso peor que antes de la ley", apuntaba su portavoz, Carme Carazo, en recientes declaraciones a ON ECONOMIA.

Una de las vías urgentes para aplicarlo es que la regulación de precios se aplique también a los alquileres de temporada, para que no sea un salvoconducto para elevar su precio. Pero, teniendo en cuenta que este alquiler excepcional está previsto solo para cortas estancias, no sería suficiente que se bajen los precios para preservar el derecho del inquilino a tener un contrato de alquiler convencional. 

En cuanto al registro de grandes tenedores, se trata de otro aspecto crucial para la nueva ley, ya que son los únicos afectados por la regulación en la renovación de contratos de alquiler. O sea, solo los grandes tenedores tienen que bajar el precio por debajo del índice de cara a una renovación de alquiler o a un nuevo contrato, excepto en los alquileres nuevos en el mercado o los que lleven cinco años fuera, que también deben tener un precio regulado. 

Pero, a día de hoy, en los anuncios de los alquileres no figura la información sobre los años que lleva un piso dentro o fuera del mercado, ni tampoco si el propietario es un gran tenedor o no. Los portales inmobiliarios, además, se escudan en que no cuentan con esa información a la hora de poner un anuncio, por lo que no pueden decidir sobre el precio anunciado. El registro de la propiedad es la vía actual para solicitar si un casero es o no gran tenedor, pero un registro permitiría averiguarlo rápidamente y sin necesidad de una investigación y afinar el control a los anuncios de alquiler.

Otro de los aspectos que inquieta al Govern respecto a la aplicación del índice de referencia es la falta de un régimen sancionador recogido por  la ley española, ya que el régimen catalán fue tumbado por el Constitucional. Fuentes del departament, como ya avanzó en su día ON ECONOMIA, reconocen que el Govern trabaja para poder aplicar sanciones, pero expresan que una mención expresa en la ley española les facilitaría esta tarea. "Mientras tanto, los incumplimientos se rigen por denuncias particulares o quejas a la Agència de Consum", declaran fuentes del departament. 

La amenaza de los tribunales al ministerio

Todas estas dudas y planes del ejecutivo catalán fueron expuestas por miembros del equipo técnico el miércoles, después de anunciar que presentarían un requerimiento al ministerio para que aplicara un índice de referencia mixto que, según los estudios del departament, será más eficaz en la regulación del alquiler. Si el ministerio no lo hace, el Govern elevará la queja a la Audiencia Nacional, al considerar que incumple la ley de vivienda al darles la espalda.  

Según la conselleria, el índice homogéneo aplicado por el Ministerio de Vivienda incumple la ley. Concretamente, apunta a la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 7/2019, que recoge que "en sus respectivos ámbitos territoriales, las comunidades autónomas podrán definir de manera específica y adaptada a su territorio, su propio índice de referencia, para el ejercicio de sus competencias y a los efectos de diseñar sus propias políticas y programas públicos de vivienda". 

Las quejas quedaron reflejadas en una carta enviada por la consellera el pasado 7 de marzo pidiendo los cambios y, ante la falta de respuesta, el Govern ha decidido presentar un requerimiento, previo a la denuncia formal ante la Audiencia Nacional. 

El pasado mes de enero, según la consellera Capella, en una reunión con representantes del ministerio de Vivienda se acordó que así sería y que el nuevo índice de referencia estatal incorporaría en Catalunya la metodología propia. Sin embargo, un mes después, salió indignada de un nuevo encuentro al comprobar que el ministerio había creado su propio índice de espaldas al método catalán y de manera homogénea.

El Departament de Territori ha elaborado un estudio comparando la aplicación del índice catalán y español en 23.000 casos y propone una aplicación mixta que saque lo mejor de los dos. 

El Govern propone que si el índice catalán, que es un precio fijo y no una horquilla como el español, está por encima del máximo español, se aplique el índice español en la parte alta de la horquilla. Si el precio del índice catalán está por debajo de la horquilla del Ministerio, se aplicaría el precio mínimo de la horquilla española. Y si el precio catalán queda en medio de la horquilla, puede ser utilizado como el precio de referencia.

Según el análisis de los datos realizados por Territori, el índice catalán es más bajo que el estatal en el 79% de la muestra analizada. El índice estatal medio se sitúa en 745 euros por piso, mientras que el catalán es de 683 euros. "Una combinación de ambos lo haría bajar a los 677 euros", completan fuentes del departament.

Según el mismo estudio, las viviendas en las que bajaría el alquiler con el índice español serían el 36% del total, mientras que si se aplicará el catalán lo harían el 54% y un 57% de viviendas verían reducido su precio con un índice combinado.