Si no hay reforma de la financiación autonómica y no se atajan los déficits primarios, y las cosas siguen como actualmente, la deuda pública en Catalunya pasará del actual 31% del PIB del territorio, al 31,7% en 2028 y se dispararía al 34,5% en 2034. Eso supondría en una década incrementar el peso de la deuda en 3,5 puntos porcentuales del PIB catalán, frente a 2,2 puntos para el conjunto de las 17 comunidades, que se elevaría del 22,2% del PIB nacional en este año, al 22,5% en 2018 y el 24,4% del PIB en 10 años, según un informe de Fedea. El trabajo señala que debe “abordarse cuanto antes la reforma del sistema de financiación autonómica o, en su defecto, la adopción de medidas correctoras transitorias. También habría que considerar una posible estrategia de condonación de deuda autonómica en manos del Estado”.
Sin embargo, los autores, Carmen Marín y Diego Martínez, investigadores del think tank, concluyen que si se van “corrigiendo sus desequilibrios fiscales progresivamente”, es decir, si se toman medidas presupuestarias, reduciendo sus déficits estructurales, y corrigiendo lo que se ha denominado infrafinanciación —afecta principalmente a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha y, en menor medida, a Catalunya-, esta última reduciría su deuda al 20,8% de su PIB, casi 10 puntos porcentuales (pp) respecto al actual, por encima del recorte de 6,9 puntos porcentuales del conjunto de las comunidades autónomas.
En el escenario conservador —sin ningún recorte en los déficits primarios y sin cambios en la estructura financiera territorial— de las 17 comunidades, Catalunya es la quinta que sale peor parada. La primera es la Comunidad Valenciana, la más afectada por la infrafinanciación según consenso generalizado de los expertos, cuya deuda se incrementaría 13 pp de su PIB, hasta un preocupante 55,3% de su PIB. La segunda, la Región de Murcia, sufriría la elevación de su deuda en 10,4 pp, al 42,4% del PIB territorial, en Extremadura crecería 4,7 pp, al 26,4% del PIB, y en cuarta posición, Andalucía, 4,4 pp más, al 24,3%.
La inacción beneficiaría a Navarra, que reduciría su deuda en 5,9 pp; las Islas Baleares, con un recorte de 5,5 pp; las Islas Canarias, 5,3 pp; Aragón, 4,9 pp; Cantabria, 2,9 pp; Galicia, 3,5 pp; La Rioja, 1,6 pp y País Vasco, 1,4%. La Comunidad de Madrid caería del lado de los territorios que, si no se hace nada, incrementaría su deuda, aunque 0,8 pp.
Con medidas
Sin embargo, según el estudio de Marín-Martínez, si todas las comunidades adoptasen medidas para rebajar sus déficits estructurales (aumentar los ingresos, reducir los gastos o una combinación de ambas) y se produjesen cambios en el sistema de financiación, la deuda se reduciría en todas en proporción a su PIB. En este caso, Catalunya sería la tercera comunidad más beneficiada. La primera, con una reducción de 11,8 pp, sería las Islas Baleares; seguida de Castilla-La Mancha, con una rebaja de 11,3 pp de su PIB, y tras ellas, Catalunya, con 10 pp menos. Sin embargo, la Comunidad Valenciana tendría una rebaja de 1,8 pp.
El informe concluye que en el escenario conservador, sin cambios —el saldo público estructural estimado en 2023 se mantendría a lo largo de todo el periodo de 2024 a 2034—. Por su parte, el escenario B de consolidación fiscal, reactivo, supone la reducción del déficit estructural en un 0,25% del PIB cada año. Las regiones muy endeudadas como la Comunidad Valenciana y Murcia apenas mejoran el nivel de deuda (entre 1,8 y 4 puntos del PIB durante todo el período). No obstante, el resto de las regiones obtienen mejoras de distinta proporción: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco alcanzan el objetivo de deuda pública del 13% del PIB. Catalunya, Castilla-La Mancha y Extremadura seguirían por encima del objetivo de mantener la deuda por debajo del 13% del PIB.
“Este trabajo pone de manifiesto que existe un problema de deuda pública en las comunidades autónomas, de notable envergadura en algunas de ellas. No hacer nada no es la receta adecuada a juicio de los autores”, señalan los autores. Por el contrario, remarca que debe abordarse cuanto antes la reforma del sistema de financiación autonómica o, en su defecto, la adopción de medidas correctoras transitorias. También habría que considerar una posible estrategia de condonación de deuda autonómica en manos del Estado.
En este caso, el proceso debería seguir criterios transparentes y de equidad, y estar sujeto a una estricta condicionalidad. A diferencia de lo que ha propuesto el gobierno español, los expertos consideran que esta condonación tendría que aplicarse a las comunidades autónomas que realmente lo necesiten. “No perdamos de vista que el objetivo último de este proceso de condonación es permitir a las comunidades su financiación a través de los mercados de capitales y proceder a la retirada gradual de los mecanismos de financiación de emergencia materializados a través del Fondo de Financiación de las comunidades autónomas”.