El parque de viviendas disponibles en Catalunya, en 2022, se aproximaba a los 4 millones de unidades, de los cuales 418.612 estaban vacíos (el 10,69% del total) y 95.710 eran pisos turísticos (el 2,44%). De estos últimos, el 87% tenían un propietario individual. De aquí se desprende que por cada vivienda turística existente en Catalunya, hay cuatro que están vacías, comparando los datos extraídos de la Generalitat y del Instituto Nacional de Estadística (INE), y así se recopila en la radiografía del sector realizada por la federación catalana de apartamentos turísticos Federatur. El sector de los apartamentos turísticos se basa en esta evidencia para pedir al Govern que no cargue las tintas contra una actividad que genera el 3,74% del PIB y el 6,07% del empleo en turismo de Catalunya y que puede prácticamente desaparecer si el Parlamento valida esta semana el Decreto ley -aprobado en consejo ejecutivo en noviembre- para regular las viviendas de uso turístico y que afectará a 262 municipios.
Para las patronales del sector Federatur y Apartur (Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona) es inadmisible que el Govern impulse una "extrema regulación" de manera unilateral argumentando que la aparición del fenómeno de los pisos de uso turístico es una de las causas de la disminución del número de viviendas que se alquilan como alojamiento permanente, por el hecho de que los pisos de uso turístico no son de nueva construcción, sino alojamientos existentes que cambian de destino. El ejecutivo asegura que la tendencia dificulta todavía más el acceso de las personas y familias a un hogar habitual en un momento de crecimiento de la demanda de alquiler y en un contexto de incremento de la población catalana.
"Hay demasiados aspectos de trasfondo para dejar que la ley tire adelante, entre otras cosas, se pone en riesgo el 50% de la oferta en alojamiento del conjunto de Catalunya, 526.635 plazas de alojamiento, y tendrá efectos nefastos para las poblaciones más turísticas que multiplican por tres y por cuatro su población en verano y que solo tendrán las plazas de alojamiento que corresponden a la población residente", explica Enrique Alcántara, presidente de Apartur. El sector confía en obtener el apoyo de todos los grupos de la oposición para revertir la decisión del Govern y "empezar a negociar una norma de consenso que tenga en cuenta la opinión de los expertos y del sector". Mientras, ha buscado la complicidad de la restauración y el comercio y otras entidades, más de 50, que firmaron un manifiesto donde Federatur reclama al Govern la creación de una comisión integrada por la Generalitat, agentes del sector y expertos independientes "para poder hacer un diagnóstico riguroso de la situación" y actuar en consecuencia. Por su parte, Apartur se ha dirigido a la Fira de Barcelona y a las entidades organizadoras del MWC y el ISE para pedir su complicidad y presionar las administraciones para revertir la situación. Porque "estamos de acuerdo en qué se tiene que regular" pero no a "que desaparezca una actividad que genera un importante negocio anual", de 1.216 millones de euros, el 36,58% de la facturación del sector de alojamientos en Catalunya. El presidente de Apartur expone que por cada 100 euros que gasta un turista que se aloja en un apartamento, solo 25 son para pagar el alojamiento, "los 75 euros restantes los invierte en restauración, compras en comercios, atracciones de ocio y visitas turísticas". Además del impacto en la recaudación de impuestos: los apartamentos aportan 13 de los 50 millones que se cobran por la tasa turística en Catalunya.
La norma que entra este martes en el Parlament para que los partidos políticos la validen determina que hay 262 poblaciones que presentan problemas de acceso en una vivienda permanente (140 municipios) o que ya tienen más de 5 pisos turísticos por cada 100 habitantes (134 poblaciones), o bien que cumplen ambos requisitos y fija un periodo de cinco años para que los ayuntamientos redimensionen la oferta de pisos turísticos y, en consecuencia, sus titulares dispondrán de este margen temporal para pedir una nueva licencia urbanística o tendrán que cesar la actividad. Se teme que desaparecerían 28.000 HUT y se calcula que la administración tendrá que abonar más de 4.000 millones por cese de las licencias, han advertido desde el sector, confiando en que el decreto no se apruebe y el Govern se vea obligado a rehacerlo y presentar un proyecto de ley que entre en trámite parlamentario y se someta al debate y enmiendas de todos los grupos. Algunas formaciones como el PSC y Junts estarían en línea con las patronales que reclaman una norma que otorgue más autonomía local a los ayuntamientos para que puedan regular -como ha hecho Barcelona ciudad desde hace 18 años- la oferta de alojamientos en apartamentos turísticos en función de sus necesidades.
La Costa Brava acumula la mayor parte de la oferta, con 40.157 viviendas turísticas, seguimiento de la Costa Dorada, con 23.008, y Barcelona ciudad con 10.370. En el caso de la capital catalana, el sector está fuertemente regulado, porque no se dan licencias para viviendas de uso turístico desde 2014 y, en el caso de Ciutat Vella, la prohibición es del 2005. Actualmente, tiene 9.398 HUT, con una oferta de 56.745 plazas, que alojan a unos 2,5 millones de turistas al año, contra los 7 millones que van de hotel.
Sin la oferta de los HUT, "poblaciones como Salou, Cambrils, Sitges, Platja d'Aro o Palafrugell no podrán acoger todo el turismo que les llega". "Se cerrarán pisos turísticos, pero se tendrán que construir hoteles o renunciar a un tener ingresos de un turismo que, además, gasta en restauración, compras, ocio, etc.", manifiesta Enrique Alcántara. Insiste como su homólogo en Federatur, David Riba, en que una gran parte de los apartamentos que salen a alquiler temporal para uso turístico son "segundas residencias de familias que las tienen en propiedad y que, si no las pueden alquilar a los turistas, tampoco las pondrán en régimen de alquiler permanente porque las quieren para su disfrute durante las vacaciones". Por lo tanto, "se sumarán al gran número de pisos vacíos que ya hay en Catalunya", y el acceso a la vivienda seguirá siendo un problema "sin resolver", y con efectos colaterales negativos, como menos recaudación de impuestos, menos empleo, menos atracción de turismo; en definitiva, "menos generación de riqueza para estos municipios".
Del Parlamento en el Constitucional
Las patronales aclaran que, o se detiene la aprobación de la ley, o se verán obligados a acudir al Tribunal Constitucional y "cuando llegue la sentencia, dentro de dos o tres años, el mal ya estará hecho, porque quien invertirá en el mantenimiento de unas viviendas que dentro de cinco años pueden perder la licencia o quien abrirá de nuevas", se preguntan.
El ente consultivo de la Generalitat, el Consell de Garanties Estatutàries, a petición del PSC, ha analizado el Decreto ley 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico y ha considerado su constitucionalidad. Pero la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) cree que "no supera el análisis de necesidad y proporcionalidad, inherente a la buena regulación del mercado." En el informe del ACCO, publicado el 4 de diciembre pasado, la institución señala que las justificaciones a las restricciones "no son idóneas o apropiadas para garantizar la consecución" del objetivo principal de la norma: mejorar el acceso a una vivienda habitual.
El ACCO reconoce la "existencia de un interés general legítimo" que avala las acciones legislativas y ejecutivas propias de la política de vivienda para que se pueda hacer efectivo el derecho a la vivienda, según informó Europa Press. La autoridad de la competencia de la Generalitat explica que este interés general "se configura como una razón imperiosa" que puede justificar las restricciones a las condiciones de competencia en el mercado, pero que las características de este Decreto ley no supere el análisis realizado.