La ley de la vivienda avanza en Cataluña. Cuatro meses después de su aprobación, la administración autonómica catalana es la única de las 17 que ha dado pasos efectivos para implantar las medidas recogidas en una de las leyes más polémicas aprobadas durante esta legislatura por el ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aprobada el pasado 17 de mayo, apenas un par de semanas antes de la arrolladora victoria del PP en las elecciones autonómicas y regionales, la norma que tiene como punto más destacado la regulación del precio de los alquileres siempre ha contado con la oposición del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. 

En las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE, tampoco se ha tenido muy en cuenta. En Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que revalidó su mayoría absoluta en las últimas autonómicas, siempre ha mantenido sus reservas a la normativa y en Asturias tampoco se han dado pasos efectivos para desarrollarla. Solo en la Comunidad Foral de Navarra, donde María Chivite consiguió revalidar in extremis un gobierno de izquierdas ha manifestado su intención de aplicar la normativa, aunque todavía no ha iniciado el proceso.

“Todo parece indicar que la Ley de la Vivienda solo se aplicará en Cataluña y poco más”, señalaba recientemente Carles Sala, director del área jurídica y portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona. 

Descartada por el PP y con reservas entre los pocos barones autonómicos que le quedan al PSOE, sólo Navarra ha expresado su deseo de estudiar la aplicación de la ley 

El interés de los gobiernos de la Generalitat en regular los alquileres viene de lejos. En septiembre de 2020 el Parlament ya aprobó una ley que regulaba el precio de los alquileres en áreas tensionadas y que posteriormente, en marzo de 2022, el Tribunal Constitucional anuló argumentando que invadía competencias estatales. Una ley que contó con el apoyo de los partidos de izquierdas, pero también con el de Junts per Catalunya, que no quería ser señalado como el grupo político que bloqueó una iniciativa que pretendía aliviar el acceso a la vivienda, a pesar de que los expertos siempre han resaltado los efectos contraproducentes del control de alquileres por parte de la administración.

Así que una vez aprobada la Ley de la Vivienda por el Congreso de los Diputados el pasado mayo, el Parlament catalán se lanzó a aplicarla y, como primer paso, elaboró un mapa de Catalunya con 140 municipios, que acogen al 80% de la población catalana, con los precios de los alquileres tensionados y, por lo tanto, susceptibles de ser regulados de acuerdo a la nueva normativa. Además, rebajó de diez a cinco el número de viviendas para ser considerado gran tenedor, una figura con una regulación más rígida que los pequeños propietarios.

 “Además de ser una normativa que no ayuda para nada al desarrollo de un parque en alquiler, la aplicación de la ley en Cataluña y no en otras comunidades autónomas vuelve a romper la unidad de mercado en el Estado español”, explica Sala en declaraciones a ON ECONOMIA. Las principales asociaciones y entidades representativas de profesionales y empresas del sector inmobiliario presentaron recientemente un recurso de alzada contra el mapa de 140 municipios con alquiler tensionado ante la Conselleria de Política Territorial. 

Actualización de alquileres 

Los precios de los alquileres pueden revisarse al alza con un máximo del 2% este año y un 3% en 2024. A partir de 2025 será un índice de referencia para el alquiler, y no el IPC, el que dictamine la subida en los municipios o áreas tensionadas, como las 140 localidades aprobadas por el Parlament. La elaboración de este índice está siendo dirigida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aunque la Generalitat pretendía que se utilizase en Cataluña el que se elaboró para dar apoyo a la anterior ley catalana de vivienda. 

El hecho de ser la única comunidad autónoma en acelerar la aplicación de los aspectos más polémicos de la ley no ha impedido al Parlament catalán presentar un recurso con alegaciones a la norma ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. La iniciativa hace referencia a una serie de artículos y puntos que, a juicio de Junts per Catalunya y con el apoyo de ERC y la CUP, chocan con las competencias autonómicas en materia de vivienda. La presentación de este recurso no invalida la norma, ni tampoco limita su aplicación, simplemente cuestiona la administración competente a la hora de impulsar y aprobar determinadas políticas que ahora el Constitucional deberá aclarar. 

También han presentado recursos contra la ley el PP y una serie de comunidades autónomas donde gobierna (Madrid, Andalucía y Baleares), aunque en este caso contra aspectos estructurales de la ley de la vivienda.