Durante los dos últimos años, las Comunidades Autónomas han dispuesto de una cuantiosa financiación extraordinaria por parte del Estado para cubrir los gastos derivados de la pandemia que, una vez pasada la crisis sanitaria, se ha traducido en un incremento del gasto estructural. Aunque ello permitió a las CC. AA. mantener a raya el déficit autonómico con el 0,18% en 2020 y el 0,05% en 2021, este ha repuntado con fuerza en 2022 hasta el 1,14% porque han tenido que devolver al Estado las entregas a cuenta de 2020 como consecuencia de haberlas calculado al alza y porque las entregas de 2022 se han quedado cortas al no recoger el impacto de la inflación derivado de la Guerra de Ucrania.
Con todo, según destaca la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su último informe sobre las finanzas autonómicas, lo más relevante de su análisis no es ese incremento del déficit autonómico, sino la dinámica de aumento del gasto de las CC. AA. … La decisión del Gobierno de absorber en primera instancia el desplome de los ingresos tributarios del primer año de pandemia para proteger a las Comunidades Autónomas se ha traducido en una sobrefinanciación que las CC. AA. han aprovechado para consolidar gastos estructurales.
El informe, realizado Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, considera que lo más "preocupante" del análisis es el comportamiento en 2021 y 2022 de los gastos e ingresos depurados de las CC. AA. Esto es, sin tener en cuenta el gasto extra asociado a la pandemia o los ingresos extraordinarios recibidos para cubrirlo. El gasto subyacente de las CC. AA. –excluidos los gastos extraordinarios atribuibles directamente a la pandemia–, creció en 1,5 puntos de PIB entre 2019 y 2020, pero por el momento, solo se ha reducido en 0,25 puntos desde entonces a pesar de la recuperación del PIB, lo que demuestra que el gasto autonómico estructural se ha consolidado por encima del previo a la pandemia. Mientras, los ingresos subyacentes han aumentado gradualmente, con una ganancia neta de casi 1,5 puntos de PIB entre 2019 y 2022 como consecuencia de una creciente presión fiscal.
Menos corresponsabilidad fiscal de las CC. AA.
Según Ángel de la Fuente, el precio a pagar por la financiación extra del Estado a las CC. AA. es un mayor déficit del Estado y un gradual debilitamiento de la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, que están siendo sobreprotegidas tanto en esta crisis como en la anterior. Aunque en 2022 el déficit autonómico repunta con fuerza, Fedea insiste en que se debe a factores atípicos como el sesgo a la baja en el cálculo de las entregas a cuenta de 2022 o las devoluciones de las entregas a cuenta de 2020. Corrigiendo esos atípicos, el saldo presupuestario autonómico –la diferencia entre ingresos y gastos– ha mejorado apreciablemente en 2022.
El análisis detallado de ese 1,14% de déficit agregado del conjunto de CC. AA. refleja importantes disparidades entre territorios. Así, mientras solo Navarra y Baleares han cerrado 2022 con saldos positivos, Murcia y la Comunitat Valenciana han presentado déficits de en torno a 3 puntos del PIB, seguidas a mucha distancia por Castilla la Mancha y Cataluña, cuyo déficit presupuestario fue del 1,12%.
El gasto por habitante, en máximos
El informe de Fedea se detiene también en la evolución del gasto autonómico por habitante a precios constantes de 2015 durante las dos últimas décadas por ser un indicador razonable del nivel de prestación de servicios de los gobiernos regionales. En 2021, los ingresos reales por habitante de las CC. AA. alcanzaron su segundo máximo histórico consecutivo, con un incremento de 1.115 euros de 2015 con respecto al valor registrado en 2003, lo que supone un incremento del 39,3%. También alcanza un máximo histórico el gasto real por habitante, que supera en 1.013 euros de 2015 (un 34,4%) su nivel de 2003 y en 119 euros (un 4%) su anterior récord de 2009. En 2022, finalmente, los ingresos reales per cápita se reducen en un 10,3% y el gasto en un 3,4%.
En cuanto a la evolución de la deuda de cada comunidad autónoma entre 2003 y 2022, aunque todas han aumentado su deuda muy sustancialmente durante la anterior crisis, hay diferencias muy importantes entre ellas que han ido aumentando con el tiempo en términos absolutos, pero no relativos. Las autonomías menos endeudadas en relación con su PIB son Madrid, Canarias y las comunidades forales, mientras que las que soportan una mayor carga de deuda son Murcia, Castilla la Mancha, Cataluña y, sobre todo, la Comunitat Valenciana, que se acerca a un "preocupante" 50% del PIB. Desde 2003, el peso de la deuda se ha multiplicado por 11,4 en Castilla la Mancha y por poco más de 2 en Madrid y Galicia.