Diego Martínez López, uno de los mayores expertos en financiación autonómica, destaca el sinsentido que supone que las comunidades autonómicas de Madrid, Andalucía, Galicia y la Región de Murcia —todas ellas gobernadas por el PP— reciban entre las cuatro 960 millones del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) en compensación por el Impuesto sobre Patrimonio cuando voluntariamente han decidido no cobrar este impuesto en su totalidad o en parte. Es una de las dos grandes paradojas que esconde el sistema de financiación autonómica que lleva mucho tiempo desfasado, pero que el Gobierno no ha renovado a pesar de ser uno de los proyectos estrella de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando llegó a Madrid procedente de la Junta de Andalucía.
El Impuesto sobre Patrimonio, que se cobra a los residentes que tienen una riqueza superior a los 700.000 euros, fue cedido en 2001 a las Comunidades Autónomas para su gestión. En 2008, el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero suprimió esta figura impositiva y decidió compensar a las haciendas autonómicas por la perdida recaudatoria que suponía, entonces 2.093 millones entre las 15 comunidades del régimen común (salvo el País Vasco y Navarra con un sistema fiscal propio).
Cobrar dos veces
La otra paradoja de la que habla el profesor de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es que esta compensación se mantiene hasta hoy desde que en 2011 —tres años más tarde— en plena caída de la recaudación fiscal durante la crisis financiera, el mismo presidente decidió recuperarla. Pero entonces, se abrió la puerta a que los gobiernos autonómicos pudiesen aplicar una tarifa cero que en la práctica supone dejar de recaudar por este impuesto.
En 2020, último año con datos, el Sistema de Financiación Autonómica dedicó a esta compensación por la “supuesta pérdida de recaudación” 2.177 millones de euros -según publicó el diario Cinco Días- que contrasta con una recaudación de 1.203 millones ese mismo año. De los 2.177 millones, 960 millones, casi el 45%, lo han recibido las cuatro comunidades autónomas que no quieren cobrar este tributo a sus contribuyentes. En concreto, la Comunidad de Madrid ha recibido del fondo de financiación autonómica 660 millones de euros, Andalucía 169 millones, Galicia 85 millones y la Región de Murcia 42,5 millones. Solo la Comunidad de Madrid dejó de recaudar ese año por el impuesto 992 millones de euros.
Tras la estela de Madrid
La Comunidad de Madrid ha sido, de los 15 territorios del régimen común, la única que optó en 2011 por aplicar un tipo cero, lo que supone que los residentes no pagan nada por el Impuesto sobre Patrimonio sin discernir por volumen de riqueza. Lo que significa que en estos diez años, la Hacienda madrileña ha recibido unos 6.500 millones de euros por la compensación del impuesto que no aplica. En septiembre de 2022 el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, aprobó que el impuesto ya no se abonaría este año (la liquidación es en diciembre). En 2020 Andalucía recaudó 93 millones por el tributo.
En ese mismo año, en 2022, la Xunta de Galicia decidió aplicar una bonificación del 25% de la cuota y, aunque hay que esperar a conocer la liquidación del impuesto de ese año, podría suponer una merma de 16,5 millones de euros de los ingresos autonómicos. Pero en 2023, el nuevo presidente gallego, el también popular Alfonso Rueda, ha aprobado subir del 25% al 50% la bonificación lo que supondrá una pérdida de 30 millones de euros de recaudación. El cuarto territorio en sumarse, también con ejecutivo popular, ha sido la Región de Murcia que en un principio barajó una bonificación del cien por cien como la Comunidad de Madrid y Andalucía.
Sin embargo, la aprobación por parte del Gobierno central del nuevo Impuesto de Solidaridad de las Grandes fortunas para frenar las deserciones populares, ha hecho que finalmente la bonificación se matice según el nivel de patrimonio. Fuentes del Gobierno murciano señalan a ON ECONOMIA que la bonificación total se limita a las fortunas inferiores a los 3 millones de euros, límite al que se está obligado a tributar por el nuevo impuesto de solidaridad. La Región de Murcia recaudó 27 millones de euros por esta figura impositiva en 2020. Martínez López resalta que la Región de Murcia está entre las comunidades con un mayor endeudamiento ranking que encabeza la Comunidad valenciana con un 46,6% de su PIB, seguida de Castilla-La Mancha (35,5%), Catalunya (34,1%) y la Región de Murcia (34%).
Sistema de compensación
La compensación financiera por el Impuesto sobre Patrimonio se base en un complejo indicador denominado de ingresos tributarios del Estado (ITE) que elabora cada año el Ministerio de Hacienda, explica el investigador de Fedea. Este indicador es un coeficiente, que para 2020 fue de 1,04, que se aplica a lo que recaudó cada comunidad en 2007 sobre lo cual se estableció el sistema de compensación. Así, la comunidad de Madrid recaudó aquel ejercicio 634 millones de euros, cifra a la que cada año se la aplica el ITE. Por tanto, como en 2020 fue el 1,04 le correspondió ese año 650 millones (634 millones de 2007 x 1,04). Pero las fluctuaciones en el ITE son muy grandes, llegando incluso algunos años a un 1,5 o 1,6, un cincuenta por ciento superior al de 2020.
Martínez López explica que este verano Hacienda desvelará el ITE de 2021 y así se conocerá cuánto recibirá cada territorio en compensación por el Impuesto sobre Patrimonio. En su opinión será superior al 1,04 anterior debido al fuerte incremento de la recaudación de ese año y para 2022, todavía mayor. Como dice el profesor de la Universidad Pablo de Olavide los territorios cobran dos veces por el mismo concepto, por un lado lo que recaudan por el tributo (si quieren) y por otro la compensación que se les otorgó en 2008. “Una gran paradoja”, apunta. Sin embargo, las comunidades van recibiendo cada mes una adelanto del Estado a cuenta de lo que se liquidará dentro de dos años. Así, este 2023 están recibiendo un dinero que deberán liquidar en 2025 cuando se tenga el ITE para ese año.
Dos grandes fondos
El sistema de financiación autonómica (SFA) se nutre de dos grande fondos. El principal es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos dotado con 100.000 millones de euros que aportan las comunidades autónomas y el Estado. El segundo es el Fondo de Suficiencia Global en el que se incluye la compensación que los territorios reciben por haber dejado de cobrar en 2008 el Impuesto sobre Patrimonio. Martínez López es rotundo en su conclusión: en 2011, cuando se recuperó este impuesto se debería haber dejado de abonar la compensación, una tesis que cobra fuerza cuando cuatro territorios han decidido no recaudar por el impuesto, señala el experto en financiación autonómica.