Tras la firma en La Moncloa del nuevo acuerdo de pensiones, los sindicatos han advertido a los partidos políticos este miércoles que aquellos que voten en contra en el Congreso, “tendrán que dar explicaciones a los trabajadores”, que se vean privados de las mejoras que conlleva. Así respondían esta mañana los secretarios de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, al preguntarles por un posible rechazo al acuerdo de los partidos políticos durante la tramitación parlamentaria del texto pactado entre el gobierno español, los sindicatos y las patronales. Incluso, los partidos que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez.
“Los partidos que no apoyen el acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno español, deben ser conscientes de que a partir del 1 de enero, si no se aprueba en al parlamento, habrá gente afectada y deberán explicarles el porqué”, ha señalado Álvarez. Sordo, por su parte, no ha querido dar por seguro que los partidos se desmarquen del acuerdo en el Congreso: “No nos pongamos la venda antes de la herida” y ha matizado que espera que el consenso sea mayor del que pueda parecer.
No obstante, el dirigente de CC. OO. se ha sumado a las advertencias de Álvarez. Los políticos, también los del Gobierno, deben pensar en el efecto que supondría. “Por ejemplo, si no se aprueba la prórroga del actual contrato de relevo con jubilación parcial, que el 1 de enero pierde su vigencia y es transcendental en la industrial del automóvil y el metal en general, ha comentado. O, para los fijos discontinuos, que si no sale adelante en el Parlamento no podrán jubilarse a una edad razonable”. Los agentes sociales y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social han decidido que por cada 365 días de trabajo efectivo de este colectivo laboral, se les contabilice año y medio.
Dada, pues, la relevancia del acuerdo, Sordo ha anunciado que se reunirán con todos los partidos políticos, con excepción de Vox, para explicar los efectos positivos del acuerdo, pero también para trasladarles las bondades de reducir la jornada legal de las actuales 40 horas a 37,5, un debate que está abierto entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo. “Nosotros buscaremos el consenso político -ha dicho el líder de CC.OO-, pero es la responsabilidad del Gobierno. Nosotros, además, respetamos las posiciones de los partidos políticos”.
Por su parte, el secretario general de UGT reconoce que son conscientes de las dificultades que hay en el Parlamento para alcanzar acuerdos, algo que, ha recordado, ya sucedía en la anterior legislatura. Pero ha declarado que “le cuesta entender que algunos diputados de ciertas comunidades autónomos, dejen morir el contrato parcial de relevo, con la importancia que tiene para el sector del automóvil. Diputados de Navarra (una fábrica de Volkswagen), de Aragón (Opel) o Catalunya (Martorell de Seat y la antigua factoría de Nissan, hoy de Ebro). Por no hablar del contrato de relevo en general, que se ha mejorado al reducir en un año la posibilidad de acogerse”. Por todo ello, Álvarez ha sido tajante: “vamos a defender el acuerdo”.
Jornada de trabajo
Pero los sindicatos también se han referido, y mucho, a las negociaciones abiertas para reducir la jornada legal de trabajo de las 40 horas actuales a 37,5 horas el año 2025 y 38,5 antes de que finalice 2024, como se ha comprometido el gobierno de coalición. El sindicalista de UGT ha recordado que, aunque la jornada laboral en convenios colectivos está en 38,2 horas, su reducción se ha estancado en los últimos meses. Al igual que Sordo, acusan a la patronal de estar paralizando la negociación, por lo que la próxima semana iniciarán concentraciones frente a la sede de CEOE en Madrid para forzar avances en la postura de los empresarios.
Sordo ha declarado que la CEOE no quiere una reducción legal de la jornada y que pide que se canalice a través de la negociación convenio a convenio. Pero, el sindicalista ha advertido que las movilizaciones no solo van destinadas a los empresarios, también a los políticos, incluidos los dos partidos que gobiernan en coalición. “A la negociación ya le queda poco recorrido, y el Gobierno debe tomar una postura y también los partidos políticos”, en referencia a una votación en el Congreso sobre si se reduce la jornada legal o se mantienen las 40 horas.