Miles de personas han salido a las calles este sábado para protestar por la situación del mercado de la vivienda. La escasa oferta y los precios, que están disparados, impiden la compra y el alquiler a muchas personas y familias en España, que no han dudado en manifestarse hoy.
En Madrid se ha concentrado centenares de personas, al igual que varias ciudades de Andalucía como Málaga, Sevilla o Granada. En concreto, ha habido manifestaciones en 40 ciudades de la península y las islas bajo el lema: "Acabemos con el negocio de la vivienda",
En las manifestaciones, convocadas por los sindicatos de inquilinos, se ha exigido una rebaja del 50% en los alquileres, terminar con los rentistas, poner fin a los desahucios y prohibir las empresas de desokupación. La de este 5 de abril se produce después de las que tuvieron lugar en otoño pasado, en medio de gritos como "okupa y revienta la vivienda" o "no pagamos con nuestros sueldos vuestra especulación".
Los sindicatos de inquilinos, junto a una decena de organizaciones que forman parte de este movimiento y el respaldo de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, advierten de que "solo las huelgas de alquileres y la organización sindical acabarán con el negocio de la vivienda".
La portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha dicho a los medios en la cabecera de la manifestación que "decretan los alquileres indefinidos" y piden al medio millón de hogares cuyos contratos acaban este año, según sus datos, "resistir".
Los convocantes solicitan contratos de alquiler indefinidos (medida que acaba de rechazar el Senado al entender que supone la vuelta del modelo franquista), que se recuperen las viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada; que se prohíba la compra de casas si no es para vivir en ellas o se "desarticulen" los grupos de desokupación.
También demandan ampliar el parque público de vivienda, pero no a través de la construcción masiva, sino de la vuelta al parque público de la vivienda de Sareb y de expropiaciones.
Dirigen sus críticas contra inmobiliarias, portales, plataformas de alquiler turístico como Airbnb, empresas de servicios como Alquiler Seguro -a la que el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador por supuestas prácticas abusivas en la gestión de alquileres- y contra el Gobierno español, a quien acusan de ponerse del lado de los que denominan "rentistas" y no hacer nada para frenar la especulación.