Las patronales estallan contra el Gobierno de España por dar prevalencia a los convenios autonómicos sobre los estatales y por los cambios introducidos en el reglamento del Consejo Económico y Social (CES) que tendrá que aplicar en un plazo de tres meses. CEOE, Cepyme y ATA han acusado al Ejecutivo de "forzar" la entrada en foros de diálogo a "actores afines a sus intereses" y de "romper el diálogo social", tras la reforma del reglamento del organismo para dar cabida a organizaciones empresariales autonómicas como Pimec. También Foment de Treball se ha manifestado contra la medida, acusando de "autoritario" y "filibustero" al gobierno central.
En un comunicado conjunto, CEOE, Cepyme y ATA han asegurado que el Gobierno "sigue ahondando en la deriva intervencionista" denunciada "hace mucho tiempo" por la patronal española al modificar "sustancialmente, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos", el espacio de negociación "exclusivo y autónomo" de las empresas y trabajadores.
Las organizaciones critican los cambios en el reglamento del CES, así como la modificación de la estructura de la negociación colectiva para dar prevalencia a los convenios colectivos autonómicosy provinciales dentro del Real Decreto-ley para reformar el subsidio por desempleo aprobado ayer en Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. Una medida que también han criticado los sindicatos por llevarse a cabo sin diálogo social.
En un comunicado, al que también se suma la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), acusan al Gobierno de sacar adelante la prevalencia de los convenios autonómicos "saltándose la obligada consulta en el diálogo social, tal y como mandata el artículo 7 de la Constitución, del mismo modo que ha hecho con numerosas normas en los últimos meses", lo que socava "de nuevo" la autonomía de las partes, sin tener como objetivo "el interés general y la prosperidad económica del país".
De este modo, las patronales españolas han asegurado que, en la práctica, esta medida "atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional" y va "en dirección contraria" precisamente de los esfuerzos que a nivel europeo se están desarrollando para reforzarla como elemento fundamental de la futura competitividad de la Unión Europea (UE) y de España.
"No es la primera vez tampoco que alertamos de que el Ministerio de Trabajo está deliberadamente vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral, en cuyas negociaciones ya pactamos no abordar la cuestión de la prevalencia de los convenios al entender todas las partes que era dañino para los intereses generales y anacrónico en el contexto actual", denuncian. Asimismo, destacan que es una cuestión "especialmente grave" en tanto que dicha reforma laboral constituyó un hito del Plan de Recuperación y Resiliencia que "sirvió para atraer cuantiosas cantidades de dinero a España".
Foment acusa al Gobierno de intervencionista y autoritario
Por su parte, Foment del Treball "lamenta" la decisión y acusa al Ejecutivo de "filibustero y autoritario", así como de "dinamitar conscientemente el diálogo social". La patronal catalana considera que las acciones de este gobierno "inclinan a pensar que su intención es legislar contra los empresarios". En este sentido, considera que es una medida especialmente lesiva "no sólo porque no cumple con la legalidad, sino que hace imposible la confianza basada en la buena fe".
Para la patronal catalana es preocupante "la deriva intervencionista" del Gobierno, que "está obligado a consultar a los actores del Diálogo Social y ha decidido obviar esta necesidad que recoge el artículo séptimo de la Constitución Española". Foment denuncia una "manipulación de la negociación colectiva" que perjudica la cohesión social y la economía del país.
"Además, es también lamentable que ciertos movimientos parecen hacerse sólo para favorecer a ciertos actores cercanos a los intereses del Gobierno actual y no se hacen para seguir el interés general", ha señalado. En este sentido, el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado al Gobierno "respeto por las empresas y por el diálogo social" a la vez que también exige que "se mantengan los acuerdos tomados para poder actuar con confianza".