Las patronales CEOE y Cepyme (de pequeñas y medianas empresas) han roto la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla "tramposa y contraria a la buena fe" tras la enmienda a la ley de Empleo, actualmente debatiéndose en el Congreso, pactada con Bildu, sobre el control de la Inspección de Trabajo de las causas en los despidos colectivos (ERE). En un duro comunicado, la CEOE considera que la enmienda transaccional es una "traición" al acuerdo alcanzado en la reforma laboral y le pide una rectificación para poder retomar el diálogo en un fin de año marcado por temas clave como el alza del salario mínimo interprofesional (SMI). Fuentes del Ministerio de Trabajo aclaran que están analizando la decisión de las patronales antes de dar una respuesta.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha contestado esta tarde a la CEOE a través de los medios de comunicación diciendo que conocían "desde hace un año" el plan estratégico de la Inspección de Trabajo para controlar las causas en los despidos colectivos (ERES). La vicepresidenta segunda del Gobierno ha señalado que la razón por la que la CEOE ha decidido romper el diálogo con Trabajo hasta que se rectifique esa medida debe de ser otra.
"El señor Garamendi, igual que los sindicatos de nuestro país, conocen lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros hace un año (…) Por tanto, en fin, creo que se debe a otros motivos", ha añadido Díaz que ha negado que este tema se tratara en la reforma laboral. "Nunca se trató este asunto en la reforma laboral, jamás", ha subrayado. Respecto a la medida introducida en la enmienda firmada por Unidas Podemos, PSOE y HBH Bildu, Díaz ha señalado que, "si todo se hace bien", la patronal no debe tener problemas con este refuerzo del control desde la Inspección.
De hecho, el Ministerio de Trabajo tiene previsto presentar mañana jueves el nuevo informe de la comisión de expertos que están elaborando un documento sobre posibles subidas para el SMI el próximo año y, a continuación, el Ministerio de Trabajo deberá convocar a los sindicatos y los empresarios (CEOE y Cepyme) para analizar la subida del SMI. No obstante, como recuerdan frecuentemente en las organizaciones patronales, la ley obliga al Ministerio de Trabajo a comunicar a los agentes la subida prevista para el salario mínimo interprofesional, pero no a negociarla con ellos. Igualmente queda aparcada la negociación que se estaba manteniendo actualmente para la aprobación del Estatuto del Becario y que estaba bastante avanzada.
Reforma laboral
"En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados", añade la nota. Esta actuación, subrayan, "invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable".
A la espera de una rectificación, inciden, "los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe". La CEOE esperará esta rectificación de Trabajo y verá en la junta directiva del próximo 21 de diciembre cómo afrontar esta situación con relevantes mesas de negociación abiertas como el SMI, las pensiones o el Estatuto del Becario.
Esperan una rectificación
En su comunicado, la patronal también advierte de que esta modificación "tiene como fin intervenir las decisiones empresariales, es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea". Trabajo y Bildu han acordado, vía enmienda en la Ley de Empleo, un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que la Inspección de Trabajo elabore un informe sobre cada ERE en el que constate la concurrencia de las causas especificadas por la empresa para alegar el despido colectivo. Este cambio, que se incluirá en la ley a través de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, no supone una recuperación de la autorización administrativa de los ERE previa a la reforma laboral de 2012, sino un mayor papel de la Inspección en el control de estos despidos colectivos.
A mediados del pasado mes de octubre, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, avanzó en un acto en Sabadell que se estaba ultimando un cambio normativo en este sentido. "Hemos modificado la norma para que la Inspección de Trabajo sea quien controle las causas que dan curso a un expediente", aseguró en esa fecha. En ese momento, Díaz descartó reintroducir la autorización administrativa de los ERE que existía antes de la reforma laboral del PP y que daba la última palabra sobre estos expedientes a las administraciones autonómicas. La autorización administrativa previa ya se recuperó durante la pandemia para los ERTE por fuerza mayor.
Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha comentado esta mañana que, aunque le hubiese gustado que esta medida se hubiese planteado en el seno del diálogo social, "la patronal tenía la piel muy fina" y que si su sindicato se levantase de la mesa de negociación cada vez que un Gobierno decidía tomar una decisión de manera unilateral, el diálogo social habría desaparecido hace tiempo. Al respecto, Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, ha aclarado que esta medida ya se planteó en la mesa que negoció la reforma laboral y no salió adelante; de aquí que desde la patronal se considere una deslealtad haber usado el trámite parlamentario de la Ley de Empleo para haber modificado el Estatuto de los Trabajadores después del intenso dialogo que permitió el acuerdo de la reforma laboral.
Articulo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores
La enmienda transaccional incluida en el proceso parlamentario de la Ley de Empleo está firmada por PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu y pretende reformar el artículo 51 del despido colectivo en su apartado 2. En concreto, propone un nuevo párrafo que establece que el informe de la inspección de Trabajo, además de comprobar los extremos de comunicación y el desarrollo del periodo de consulta actualmente en vigor, "se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial, y constatará que la documentación presentada por ésta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir".