La CEOE ha tildado de "evidente oportunismo político" la decisión del Gobierno de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, 29 de abril, el proyecto de Ley sobre reducción de jornada laboral. La patronal, que ha reiterado de nuevo su rechazo de la norma, ve la decisión como una provocación al llegar al Consejo de Ministros a tan solo dos días de la celebración del 1 de mayo.
Las críticas, tiradas este jueves en un comunicado, apuntan directamente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Hacen referencia al impacto a largo, pero también a las consecuencias presentes de una norma que todavía no es de aplicación. En este sentido, exponen que, antes ya de su aprobación, "la voluntad de imponer la reducción de la jornada laboral para dar cumplimiento a un acuerdo político está ocasionando ya un freno en la negociación colectiva", que es una infraestructura básica por mantener la estabilidad económica y la paz social. Además, "situar la jornada máxima legal por debajo de la jornada media ya pactada en los convenios colectivos acabará por dinamitar esta negociación colectiva", alertan a los patrones españoles.
Asimismo, consideran que los planteamientos que los nuevos requerimientos que la norma recoge sobre el registro horario son de muy difícil cumplimiento, ya que el país no cuenta con la infraestructura digital necesaria, ni todos los trabajadores cuentan con las debidas competencias digitales. Finalmente, compartiendo los objetivos que se persiguen con la regulación del derecho a la desconexión, "consideramos que este ya está lo bastante preservado en la normativa vigente", manifiestan.
La organización empresarial insta a las fuerzas políticas a recoger las recomendaciones lanzadas por los empresarios al respecto de la futura norma laboral. "Gritamos de nuevo a la responsabilidad para que durante el trámite parlamentario de la norma se tengan en cuenta estas cuestiones [los planteamientos patronales] y se disponga de un adecuado análisis de impacto económico", han concretado.
La CEOE reitera que las organizaciones empresariales "defendemos la reducción de la jornada ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva". Pero con matices: "por responsabilidad volvemos a advertir del grave impacto que la aprobación de esta norma tendrá sobre la actividad económica y, precisamente, el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas y en algunos sectores de este país".
Foment reclama una enmienda a la totalidad
Por su parte, la patronal Foment del Treball encabezada por Josep Sánchez Llibre ha considerado en una entrada en la red social X que el diálogo social es "uno de los grandes éxitos" de la democracia española y ha opinado que "no se puede violentar de esta manera".
La entidad ha anunciado que planteará a los grupos parlamentarios que presenten una enmienda a la totalidad, a fin de que la propuesta del Ministerio de Trabajo "no vaya adelante" y se siga "priorizando" el modelo de la negociación colectiva.
La patronal catalana recuerda que, según sus cálculos, un 30% de los convenios firmados el año pasado "ya lo son para menos de 37,5 horas". Por eso opina que el modelo de la negociación colectiva "funciona". La patronal ha defendido en reiteradas ocasiones que la jornada laboral tiene que ser un punto de acuerdo en la negociación colectiva, donde se consideren las particularidades y necesidades de cada sector.
Defienden los patrones catalanes que España ya cuenta con una jornada máxima dentro de los estándares europeos, y la experiencia de la negociación colectiva ha demostrado ser eficaz para ajustarla de manera flexible. Actualmente, la jornada laboral media se sitúa entre 37 y 38 horas semanales (equivalentes en 1.700-1.752 horas anuales).
Además, la propuesta legislativa presupone -según su opinión- que la reducción de la jornada aumentaría la productividad y no tendría efectos adversos sobre los costes de producción. No obstante, los expertos indican que esta relación no es automática ni universal y podría impactar negativamente en los costes salariales unitarios para una parte significativa de las empresas, afectando a su competitividad y el empleo.