El Cercle d’Economia pide a las formaciones independentistas Junts per Catalunya y ERC que cumplan con la Constitución a cambio de la concesión de la amnistía para los dirigentes y ciudadanos independentistas procesados. En paralelo, también reclaman de las dos grandes formaciones políticas estatales, PP y PSOE, un gran pacto territorial de tipo federal que conlleve un nuevo modelo de financiación.
Las notas de opinión del Cercle d’Economia no dejan indiferente a nadie. Son el resultado de un proceso de reflexión interna aunque hasta ahora, como reconocen en la última nota, los gobernantes no las han tenido en cuenta. En esta ocasión, el lobby empresarial que preside Jaume Guardiola analiza en profundidad la parálisis actual y lanza propuestas.
Ante la necesidad de redefinir el modelo territorial de España, recuerdan que “nadie ganó con claridad suficiente” las elecciones y que, por lo tanto, “el pacto entre distintos, incluso entre opuestos, es obligado si queremos seguir avanzando como país”. El Cercle lleva tiempo advirtiendo de que “la polarización creciente en la que desde hace algunos años se ha sumido la política en España está resultando una parálisis alarmante que nos impide hacer frente a los grandes retos a los que nos enfrentamos”. Subrayan que “la solución a la cuestión del modelo territorial de España depende exclusivamente de nosotros”. Por este motivo, consideran “urgente” iniciar un nuevo ciclo político y abordar estas cuestiones, que llevan “demasiado tiempo pendientes”. Añaden que es hora de trabajar en un cierto “redreçament” (reordenación, en castellano), utilizando una expresión del historiador Jaume Vicens Vives.
Tras una etapa convulsa, consideran que “la situación política en Cataluña ha mejorado durante los últimos tiempos”. No obstante, advierten que esta mejora podría quedar frenada por un “grave problema pendiente”: las causas abiertas por la justicia contra los líderes independentistas y varios centenares de cargos públicos y ciudadanos encausados. Recuerdan que en 2021 se posicionaron a favor de los indultos y que siguen defendiendo “las medidas legislativas que contribuyan a pasar página a unos hechos que nunca debieron haberse producido”. Añaden que “ahora ya no es el momento de señalar culpables. Ni el pasado ni sus protagonistas pueden ser una losa colectiva. Es hora de avanzar”.
Sobre las medidas de gracia, indican que es “deseable” que sean “el resultado de un gran acuerdo entre los principales partidos de ámbito español y los partidos nacionalistas”. Advierten de “los riesgos que implicaría aprobarlas tan solo para ganar una investidura”. La fórmula legal que se adopte, en su opinión, debe reunir dos condiciones: la primera, desde la perspectiva jurídica, debe ofrecer la máxima seguridad de que después no será revocada por el Tribunal Constitucional. Y la segunda, desde la óptica política, la aprobación de estas medidas debería suponer “la aceptación por parte de los beneficiarios del marco establecido por la Constitución”.
En consecuencia, la nota señala que “las reafirmaciones en la unilateralidad son incompatibles con cualquier pacto dirigido a la normalización política. No procede insistir en un referéndum de autodeterminación que en las circunstancias actuales resulta inviable. Todos los actores políticos son conscientes de esta realidad y deberían actuar en consecuencia”. Entienden que “las medidas de gracia deberían servir para iniciar un nuevo ciclo que debe desarrollarse en el marco de la Constitución y que debe basarse en la lealtad mutua”.
Debate de las grandes políticas públicas
El Cercle d’Economia propone centrarse en el debate en torno a la gestión de las grandes políticas públicas. En una nota anterior, del pasado mayo, advirtieron del retroceso de Catalunya en términos de convergencia en renta per cápita respecto a España. Ahora indican que revertir “estos pobres resultados en términos de renta per cápita” va ligado a realizar “inversiones importantes y recurrentes en el tiempo en capital físico y humano y en intangibles que contribuyan a aumentar la productividad de nuestra economía”. Todo ello “acompañado de la necesaria estabilidad institucional y política”. El listado de necesidades abarca desde mejorar las infraestructuras de energía, para hacer frente al reto medioambiental, y las de movilidad, con la ampliación del aeropuerto de El Prat y la mejora de los servicios de Cercanías de Renfe como “ejemplos paradigmáticos”. En este punto, apelan a la disposición transitoria tercera del Estatuto de 2005, según la cual la inversión territorial del Estado en Catalunya debería ser proporcional a su PIB.
Desde hace más de diez años, el Cercle ha lanzado propuestas para superar los problemas de la organización territorial de España, tanto en su vertiente política como económica. Constatan que, durante este tiempo, los principales partidos españoles no han abordado esos retos. Insisten en que “esta situación de parálisis debe acabar porque socava la cohesión territorial”.
Como conclusión, recalcan que “el problema de Catalunya no es solo el camino equivocado que tomó el independentismo, sino también, y antes, la ruptura del consenso estatutario que se produjo con la sentencia del Constitucional de 2010”. Por lo que respecta a las propuestas, en primer lugar, apuntan que es preciso “un reconocimiento del carácter plural de España”. Añaden que la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas requiere más claridad. En el caso de Catalunya, proponen que queden como “competencias exclusivas” cuestiones como “la lengua, la enseñanza, la cultura, el derecho civil propio, la ordenación territorial o la organización interna de la administración autonómica. En este marco competencial quedaría protegido el bloque identitario, eje del sentimiento nacional catalán”.
Nuevo estatuto y modelo de financiación
En paralelo, proponen reelaborar el Estatuto de Catalunya con la finalidad de lograr “una norma básica consensuada que garantice un marco de convivencia para las próximas décadas”. Una vez acordado este nuevo Estatuto, “se sometería a referéndum, tras lo cual, según lo previsto en la actual normativa, no cabría recurso alguno”.
También insisten en que la reforma del modelo de financiación autonómica debe ser una prioridad de la próxima legislatura. En otras notas ya plantearon esta cuestión. Recuerdan la necesidad de mejorar el actual sistema de reparto de recursos financieros entre las distintas comunidades autónomas, con un mecanismo más transparente que asegure un nivel adecuado de equidad entre ellas.
Como conclusiones finales, reiteran que “el problema territorial es una cuestión nuclear en la vertebración de España”. Es un problema relativo al encaje de Cataluña, que tiene pendiente la aprobación de un nuevo Estatuto tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, pero también se refiere a la redefinición del modelo territorial de España en su conjunto y, en particular, al diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica, que está pendiente de revisión desde 2014. Recuerdan que esta “obligación” incumbe a los dos grandes partidos estatales y también a las formaciones nacionalistas. “Sin la participación de todos ellos, cualquier pacto territorial nacerá lastrado”.