Una parte sustancial del tejido empresarial catalán hace frente común para denunciar y hacer llegar al conjunto de la ciudadanía, lo que demuestran con datos: la cronificación del déficit fiscal catalán en una media del 8% del PIB, desde 1986, resta competitividad a la economía y ahoga el bienestar social de los catalanes. La infrafinanciación, que sitúan en 20.000 millones de euros, hace que la economía vaya perdiendo peso en todos los indicadores de bienestar y vea cómo su peso en el PIB también se estanca con relación a otras regiones españolas o de Europa. Esta es una de las conclusiones que se extrae del manifiesto que han firmado las entidades empresariales amec, Cecot, FemCAT, la Comissió Economicofiscal de PIMEC i les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona i Sabadell.

De acuerdo con un estudio elaborado por el Col·lectiu Economistes pel Benestar, que lidera l’ex decano del Col·legi d’Economistes, Joan B. Casas, los empresarios reclaman que Catalunya pueda gestionar los recursos económicos que genera, sin entrar en cuál tendría que ser el modelo de financiación autonómica, partiendo siempre del criterio de la "solidaridad" fiscal entre territorios, pero sin que eso implique "subvencionar". Parten del hecho que "queda demostrado" que Catalunya es la segunda comunidad en aportación de recursos por habitante a las arcas españolas y, en cambio, es la decena una vez se redistribuyen y "pasa a la decimocuarta si se considera el diferencial del índice de precios".

Después de insistir "que no se está reclamando un sistema fiscal foral, como el cupo del País Vasco", se advierte que un ciudadano vasco tiene un 84% más recursos públicos que un catalán y eso, trasladado a los recientemente aprobados presupuestos de la Generalitat para el 2023, el volumen de gasto previsto de los alrededores de los 40.000 millones de euros "se subiría|ensartaría a los 60.000 millones" si se tratara de País Vasco. Eso afecta directamente a los servicios hacia el ciudadano. Vivir en el País Vasco, representa tener en recursos un 169,6% más de servicios sociales, un 54,3% más en educación, y es un 330,3% superior en dinero destinado a I+D+i.

Casas ha explicado que estos agravios tensan aún más la situación ante la coyuntura actual, tras la crisis de la pandemia, como demuestran, por ejemplo, las recientes huelgas en la sanidad y la enseñanza. Además, ha dicho, la economía catalana ha tenido que afrontar un importante impacto inmigratorio en las últimas décadas, al pasar de seis millones de habitantes a los casi ocho actuales, y en paralelo ha tenido que afrontar sucesivas crisis de gran impacto económico. En este sentido, valoran que Catalunya ha hecho una "excesiva" aportación neta a la solidaridad con el resto de España, lo que ha afectado negativamente a su economía y al bienestar de sus habitantes. En concreto, el manifiesto denuncia que entre 2000 y 2019 el crecimiento del consumo y el PIB por habitante han crecido por debajo de la media del conjunto de España. En porcentajes, mientras que el crecimiento del consumo por habitante ha sido de un 1,7% en Catalunya, la media del resto de España ha sido del 8,6%; y en el mismo período el PIB per cápita repuntó un 14,2% en Cataluña, por debajo también de la media estatal, situada en el 17,8%.

Déficit también en inversión en infraestructuras

Capítulo aparte son las inversiones estatales en infraestructuras, donde Catalunya también está infrafinanciada. El estudio de Economistas por el Bienestar -que configuran académicos como Albert Carreras de Odriozola, Francisco Raventós Torras o Josep Reyner Serra- que el porcentaje de inversiones que el Estado español ejecuta en Catalunya es inferior a su peso en el conjunto del PIB, es decir, por debajo de su peso poblacional y económico. Además, no tiene en cuenta las necesidades de la economía catalana, como muestra la situación en la que se encuentra el desarrollo del corredor mediterráneo, o la situación de la red ferroviaria de Cercanías.

El economista Joan B. Casas, en nombre del colectivo Economistas por el Bienestar, ha presentado el manifiesto en la Cámara de Comercio de Barcelona, ​​y ha asegurado que la experiencia de las últimas décadas demuestra que la infrafinanciación de Catalunya es alguna algo "difícil" de solucionar si no se logra "el control de los recursos propios". Por eso, los promotores del manifiesto, entre los que no figura la patronal Foment del Treball, buscan seguir ampliando el número de adhesiones, extender esta reclamación al conjunto de la sociedad catalana y colocar este elemento "clave" en el "centro del debate".

Por su parte, la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, ​​Mònica Roca, ha aclarado que los firmantes están de acuerdo en el "diagnóstico", es decir, en denunciar las deficiencias del sistema de financiación actual, pero que respecto a la solución tendrían "diferentes propuestas".