Comercio, hostelería y otros servicios personales (tintorerías, peluquería y belleza, pompas fúnebres y gimnasios) son los sectores con un mayor porcentaje de abandono de la actividad por parte de los autónomos: concentran una de cada dos solicitudes de cese de actividad del pasado 2023. Así consta en la estadística del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sirve de base a los negociadores que van a analizar el efecto de la reforma del Reta y una posible modificación del cese de actividad. A lo largo del pasado año, unos 5.500 autónomos cobraron mensualmente la prestación, con una duración máxima de 24 meses si se ha cotizado 4 años.
Pero antes de tomar cualquier decisión, los agentes sociales (patronales, sindicatos y asociaciones de autónomos) han solicitado que el Ministerio que dirige Elma Saiz cree el Observatorio del cese de actividad para conocer en profundidad todos los datos relativos a una prestación que se ha reformado en 2023 para incluir el cese de actividad temporal y parcial que permite compatibilizar la prestación con el trabajo, siempre que se haya reducido por debajo de ciertos límites.
Estadística más detallada
Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, señala que una gran mayoría de los autónomos que solicitaron el pasado año el cese de actividad están concentrados en los sectores de comercio, hostelería y en servicios personales. Con la estadística del Ministerio, de los 20.079 autónomos que solicitaron la prestación por cese de actividad, 5.467 trabajaban en el comercio, 3.012 en la hostelería y otros 1.522 en servicios personales. En total, 10.001 autónomos que suponen el 50% del total de peticiones. El año anterior, estos tres sectores se acercaron al 60%, pero en 2023 la acuicultura se colocó como la tercera actividad, con 1.584 autónomos que se acogieron al cese por motivos de fuerza mayor en el sector del mejillón en Galicia.
Pero los datos de la estadística no son suficientes para obtener conclusiones certeras sobre el funcionamiento del cese de actividad tras los cambios de 2023. Ferrero apunta que más allá de la concentración de las prestaciones en unas pocas actividades, hay que analizar más a fondo aspectos como el rango de edad de los peticionarios, la modalidad de solicitud (cese definitivo, total o parcial), causas de la negación en caso de producirse, o información sobre los ingresos y los gastos aportados por los autónomos solicitantes. ATA considera vital esta información para poder ligar la prestación a la evolución de la recaudación por cotización tras la reforma del Reta y, en caso de ser necesario, retocar los cambios legales. Pero también solicita que tenga cabida el subsidio de los autónomos de más de 52 años, también en el ámbito de la Seguridad Social.
Diferencias en las mutuas
Eduardo Abad, secretario general de Upta, coincide y pone en primer lugar que la Seguridad Social negocie en la mesa el subsidio de los mayores de 52 años. El otro gran problema es el bajo número de peticiones del cese de actividad y, especialmente, el alto número de solicitudes rechazadas, una de cada dos. Abad achaca este alto porcentaje de resoluciones desfavorables a los distintos criterios que aplican las Mutuas de Trabajo que, como entidades colaboradoras de la Seguridad Social, se encargan de gestionar las prestaciones, incluida la denegación o aprobación. A pesar de que la Seguridad Social ha establecido unos criterios, las mutuas hacen distintas interpretaciones, remarca Abad. La implantación de las distintas mutuas por territorios podría explicar, en parte, la disparidad de las tasas de denegación entre comunidades autónomas e, incluso, por provincias. Aunque también pesa el componente sectorial de cada zona.
Como ejemplo, en 2023 solo se autorizaron el 30% de las solicitudes en Canarias, mientras que en Galicia se elevó al 73%. Incluso dentro de un mismo territorio se producen diferencias llamativas. En Catalunya se aprobaron el 47% de las solicitudes, ligeramente por debajo de la media en España, pero en Tarragona se eleva el 52,5% y en Lleida solo se concedieron el 31,5% de las solicitudes, la tercera provincia con la tasa más baja.
Baja petición
Sobre la baja petición por parte de los autónomos, tanto el representante de Upta como la de ATA señalan el desconocimiento de muchos autónomos y las dificultades de la tramitación. Sin embargo, de los 3,3 millones de autónomos de alta en la Seguridad Social, 2,4 millones tienen derecho a solicitar el cese, pues están cotizando por ello. Fuera quedan ciertos colectivos como la Seta o los que cotizan por la tarifa plana.
Carlos Bravo, de CC. OO., señala que la creación del Observatorio servirá para determinar si el diseño de la prestación es “adecuado o fallido”. Abad y Ferrero esgrimen que no se entiende como cada año se dan de baja unos 550.000 autónomos y solo se apuntan al cese de actividad unos 20.000. El segundo punto que hace pensar que el modelo no está funcionando es el reducido porcentaje de solicitudes que son aprobadas, el 47% de las peticiones en 2023, lo que supuso una notable mejoría respecto el 36% de 2022. Una mejoría que se debe, en parte, a la reforma que posibilita cobrar una ayuda a los profesionales que están pasando un bache, compaginándola con trabajo. Pero también a que las peticiones de fuerza mayor se aprobaron en 9 de cada 10 casos.