El decreto ley del Govern para la regulación de los pisos turísticos en Catalunya es "desproporcionado" y no logrará el objetivo previsto de incrementar la oferta de viviendas de alquiler asequibles, según una notificación de la Comisión Europea (CE) que ha analizado la norma a petición del Partido Popular y a instancias de la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur). La Comisión también afirma que las restricciones para la oferta de los pisos turísticos pueden contravenir cuatro artículos de la directiva europea de Servicios e indica que las autoridades españolas no le han trasladado "la evidencia" de que este tipo de alojamiento sea una razón que explique la falta de vivienda, para lo cual pide explicaciones al Gobierno. Asimismo, las autoridades europeas se hacen eco del informe de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), muy crítico con el decreto, según adelantó el diario El Mundo este viernes y ha confirmado la agencia ACN.
Según recogen estas informaciones, el documento señala que la idoneidad de las medidas recogidas para alcanzar los objetivos que busca, como ampliar la oferta de vivienda, "no ha quedado demostrada". "El hecho de que los alquileres de corta estancia y que la población haya crecido en los últimos años en Catalunya y que esta región sea un destino turístico popular, no constituye una evidencia del efecto inflacionario causado por los pisos turísticos con respecto a los alquileres de larga estancia en determinados municipios catalanes o en parte de ellos", afirma la CE. El reglamento inicial de la Generalitat establece que 262 municipios de Catalunya —donde se considera que la oferta de viviendas de alquiler está muy tensionada por falta de pisos y unas rentas muy altas— debían acotar a diez el número de pisos turísticos por cada cien habitantes.
El Govern sacó adelante esta norma unilateralmente el pasado mes de noviembre, con la aprobación de un decreto ley que ha provocado el rechazo total del sector y ha levantado mucha polémica. Ante las críticas y presiones, tanto del sector como de algunos grupos políticos, el ejecutivo catalán pactó con el PSC eliminar el tope de diez viviendas por cada cien habitantes e incorporar que fueran los ayuntamientos los que decidieran si establecían un tope o no, y reducir de 262 a 140 los municipios donde se aplicará la nueva licencia necesaria para tener un alojamiento turístico en régimen de alquiler. Al mismo tiempo, se acordó que la regla se tramitara como proyecto de ley para facilitar su debate parlamentario, con lo cual los grupos parlamentarios pueden introducir enmiendas para modificarla. En su primer trámite para la validación, Junts, Cs, Vox y PPC votaron contra el texto del Govern y los populares, además, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional de la mano de Federatur.
A través del recurso de inconstitucionalidad, la Federació destaca el abuso que se hace desde el Govern de dictar normas que adopten la forma de decreto ley; que la nueva normativa incide en los derechos de propiedad y libertad de empresa reconocidos constitucionalmente porque limita el ejercicio del negocio a la obtención de una licencia, y la urgencia con la que se aprobó. Otro punto que destaca el recurso es que la nueva regulación empezará a tener efectos sobre el parque de viviendas en un plazo mínimo de cinco años.
El informe de la CE también apunta a que los estudios aportados en el decreto ley, en su memorándum justificativo, son "o bien irrelevantes desde el punto de vista geográfico o solo potencialmente relevantes para el municipio de Barcelona, que ya cuenta con sus propias restricciones", según la ACN.