La Comisión Europa dio este lunes un ultimátum a España y otros siete países para que adopten plenamente a sus ordenamientos jurídicos las normas europeas sobre peajes y viñetas para el uso de infraestructuras viarias, y les amenazó con una denuncia en caso de que no lo hagan. Los otros Estados miembros a los que se envió un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, fueron Bulgaria, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal.
Todos esos países tienen dos meses para "responder y tomar las medidas necesarias", avisó la Comisión, que advirtió de que, de lo contrario, "podría decidir remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Bruselas considera que España y los otros siete países no han adaptado correctamente la Directiva Euroviñeta (de 1999), que establece normas comunes para imponer cargos a los usuarios sobre la base de la distancia (peajes) y en el tiempo (viñetas), para permitir a los Estados miembros recuperar los costos de infraestructura a través de peajes y viñetas.
La falta de adopción se refiere también a otra directiva de 2022, que revisa la anterior, e incluye a los turismos, autobuses y autocares, y los vehículos pesados pequeños. Esa segunda normativa exige que los Estados miembros incluyan los costes medioambientales de la contaminación del aire en sus sistemas de tarificación para establecer tasas basadas en las emisiones de CO2 de un vehículo, con el objetivo de reducir las emisiones y fomentar vehículos pesados más limpios.
La fecha límite para transponer la legislación al derecho nacional era el 25 de marzo de 2024. "Los ocho Estados miembros no han comunicado las medidas de transposición. Por ello, la Comisión ha decidido emitir un dictamen motivado", explica la Comisión y recoge EFE.
España, al TJUE por los contratos públicos
La Comisión Europea también ha anunciado que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber traspuesto correctamente tres directivas sobre contratación pública. El ejecutivo comunitario envió en diciembre de 2021 una carta de requerimiento al Estado y en abril de 2024, un dictamen motivado por la cuestión, según informa la ACN.
España, sin embargo, todavía no ha llevado a cabo las modificaciones necesarias a la normativa nacional para hacerla compatible con el derecho de la UE. “La legislación española se aleja sustancialmente de las normas de comunitarias, especialmente en cuanto al tipo de administraciones públicas, contratos y modificaciones de los contratos que se tienen que someter a la normativa de contratación pública”, ha apuntado en un comunicado la CE.