Los trámites de extranjería hace tiempo que son de los más complicados y duros de la administración pública, aunque en los últimos años ha habido algunas mejoras. Saturación del sistema de citas previas, esperas de años para saber si te han concedido el asilo y dificultades para demostrar que lo mereces o complicaciones para que las empresas tramiten permisos de trabajo dejan a miles de migrantes en la incertidumbre burocrática o incluso la ilegalidad durante meses. Ahora bien, si tienes medio millón de euros, no te harán falta pruebas, ni contratos de trabajo, ni demasiados requisitos: la residencia será tuya si eres mayor de edad, no tienes antecedentes penales, tienes ahorros y seguro médico y te compras una casa con este dinero gracias a una ley del año 2013 que permite los visados dorados. Y ni siquiera hará falta que vivas en España para mantener el permiso.
Los visados dorados o golden visa se pueden tramitar en los consulados extracomunitarios (excepto al de Rusia, vetado por la guerra) o, como permiso de residencia (no es visado si se hace desde dentro del país), a la Unidad General de Empresas, que depende del ministerio de Seguridad Social. Portugal e Irlanda han dejado de concederlo en las últimas semanas, mientras que Chipre lo dejó de hacer el año 2020 después de un escándalo de corrupción. El Reino Unido y Canadá, fuera de la Unión Europea, también han abandonado este tipo de visado que España mantiene a pesar de las recomendaciones en contra de la Comisión Europea. Por una parte, critica los riesgos de capitales corruptos o blanqueos de dinero que comporta y, por la otra, que un permiso de residencia tenga un valor económico. El Gobierno no facilita datos actualizados sobre la concesión de estos permisos y el dinero recaudado y los ministerios implicados, Exteriores, Economía y Seguridad Social, tampoco aclaran cuál es su futuro, después de haber sido preguntados en reiteradas ocasiones por ON ECONOMIA. Hay varios países europeos que permiten obtener visados por inversiones, pero solo España, Bulgaria, Grecia y Malta lo permiten a partir de la compra de una vivienda.
El abogado Antonio Segura, vocal de extranjería del Colegio de Abogados y especializado en la materia, trabaja cada día en su despacho con diferentes tipos de visados y relata que "algunos trámites on-line que tendrían que tardar quince minutos tardan meses" y que obtener una cita previa para pedir asilo político, por ejemplo, "es un quebradero de cabeza". "Hay algunos procedimientos que dan cita de hoy para abril, pero después se abren citas para antes y es un caos conseguirlo", explica. "Es injusto que los trabajadores migrantes sufran tanto y tarden tanto solo para poder regularizar su situación", comenta.
Todo cambia, sin embargo, cuando el permiso solicitado es el de inversores, que se puede pedir después de comprar una casa por un valor de 500.000 euros o más, así como invirtiendo un millón de euros o más en acciones o participaciones de una empresa española o dos millones en deuda público español. El permiso también se puede obtener con la inversión en un proyecto empresarial, sin mínimo de dinero inicial, siempre que genere puestos de trabajo e impacto social, tecnológico o científico. El plazo para conceder este permiso por parte de la administración es de veinte días, aunque el proceso se puede alargar si falta documentación. Ahora bien, "si no hay respuesta de la administración, el silencio administrativo implica aprobación del permiso, es el único permiso de residencia con silencio positivo", aclara Segura.
Los casos del asilo y la protección internacional, en la otra cara de la moneda, son los permisos de residencia más problemáticos. El asilo, de acuerdo con el artículo 13.4 de la Constitución española y a las convenciones internacionales de Ginebra 1951 y Nueva York 1967 sobre refugiados, se otorga a las personas amenazadas o perseguidas por motivos sociales, políticos o de género u orientación sexual que no encuentran protección en su país, mientras que la protección internacional se da a aquellos ciudadanos que a pesar de no ser perseguidos podrían ver peligrar su vida si volvieran a su país. El procedimiento empieza con la odisea de encontrar cita previa a extranjería y el solicitante tiene después que presentar pruebas que demuestren que ha sido víctima de persecución. Mientras se evalúan estas pruebas, el solicitante recibe una tarjeta que le permite trabajar de manera temporal hasta la resolución de su permiso.
Contraste de transparencia
El asilo y la protección internacional son relativamente asequibles para aquellas personas que huyen de países en conflicto o dictaduras violentas, pero mucoh menos para los que se marchan de democracias o países con situaciones más complejas. Es por eso que el año pasado se denegaron un 60% de las solicitudes de asilo, 51.838, según cifras del ministerio de Interior recopiladas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. La transparencia con que cada año se ofrecen las cifras con todo detalle contrasta también con la falta de datos actualizados sobre el permiso de residencia para inversores, a pesar de las reiteradas peticiones de ON ECONOMIA los ministerios de Seguridad Social y Exteriores.
Colombianos, venezolanos, marroquíes y hondureños y senegaleses fueron los que más denegaciones sufrieron. La gran mayoría de demandas de asilo de países como Honduras, El Salvador o Guatemala son denegadas, ya que se considera que los estados son democráticos, ofrecen protección y no participan en la persecución, aunque los demandantes que huyen de las madres, mafias locales, denuncian que estas tienen tentáculos dentro del poder. Declaran huir de un peligro de muerte en países con cifras de asesinatos equiparables, y a veces superiores, a las de países armados.
Por eso, diferentes plataformas como la misma CEAR hacen llamamientos para que se los reconozca su derecho asilo, por ahora sin éxito. Cualquier ciudadano de estos países, o de cualquier otro que esté fuera de la Unión Europea, podrá tener la residencia europea sin pasar por todos estos aprietos con una inversión inicial de 500.000 euros. En parte por eso, la Comisión Europea pidió que se deroguen en marzo del año pasado y el comisario de Justicia y Consumidores, Didier Reynders, aseguró que "la venta de la ciudadanía a través de pasaportes dorados es ilegal conformemente al Derecho de la UE y plantea graves riesgos para nuestra seguridad".
Más allá de las significativas diferencias de velocidad y requisitos, las facilidades que da el permiso de residencia a inversores no se aplican a ningún otro. Desde el primer día, la autorización "permite estar un año entero fuera de España", sin mínimo. El resto de permisos, inicialmente, tienen un límite de ausencia máximo de seis meses por año. Es decir, si no estás un mínimo de seis meses al año en España, pierdes la residencia. Eso cambia solo cuando se consiguen los permisos de larga duración o permanentes comunitarios, que se consolidan cinco años después del inicio del permiso. Siempre que no seas un inversor. "La mayoría compran una casa y solo vienen de vacaciones", dice Segura, que, sin embargo, cree que se trata de un visado "positivo" porque sirvió para dinamizar el mercado inmobiliario después de la crisis financiera del año 2008.
El antropólogo social y experto en migraciones Miguel Pajares, presidente de honor de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR), defiende, a título particular y no de la comisión, que estas diferencias suponen una "situación de discriminación" entre migrantes por su poder adquisitivo. "Esta diferencia ya la hemos vivido cuando en las oficinas de extranjería había diferentes ritmos cuando un trabajador pedía el permiso o lo hacía una empresa", añade. "A los que tienen dinero, se les da y se les tramita rápido la residencia, mientras que a otros que huyen de conflictos se les pone vallas y se les asesina delante de las vallas," culmina Pajares, que cree que estas políticas migratorias "vulneran todo concepto de igualdad y de derechos humanos".