La guerra de Ucrania se ha convertido en un hueso duro de roer para todos los Gobiernos internacionales. El conflicto armado ha supuesto un antes y un después para todas las naciones, sobre todo en el plano energético. Y es que, una de las mayores consecuencias que deja la guerra un año después de su inicio es una crisis energética sin precedentes. La posición de Rusia como uno de los principales actores del mercado del gas, unido a la tensión entre el estado federal ruso y la Unión Europea, ha provocado una escalada de los precios energéticos que ha llevado al camino de la amargura a todos los países, entre ellos, a España.
El país ibérico es uno de los que ha estado, y sigue estando, más activos en el plano energético. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico liderado por Teresa Ribera ha tenido un año cargado de variaciones en el mercado del gas, en el de la luz, y, por supuesto, con los carburantes. El ente público no ha parado de trabajar, lanzando medidas enfocadas en paliar el efecto de la crisis energética, la cual ha traído un alza de los precios de los productos energéticos nunca vistos. Por poner un ejemplo, 2022 fue el año con el precio de la luz más caro de la historia, con una media de 209 euros por megavatio/hora, según datos del OMIE.
En el primer año de guerra, España también ha visto como el precio del diésel escalaba hasta los 1,87 euros por litro, el más alto de la historia. En el mismo lapso, el precio de la gasolina llegó a superar la barrera de los 2 euros por litro. La luz emergió hasta 545 euros por megavatio/hora a principios del pasado marzo. En las mismas fechas, el precio del gas en el Mibgas ascendió hasta los 224,35 euros por megavatio/hora. En definitiva, unos costes energéticos imposibles de asumir para gran parte de los españoles.
Ante una coyuntura así, y viendo que el recrudecimiento de la guerra y la tensión de Rusia con Occidente iba a más, el Gobierno de España se aventuró a lanzar una serie de medidas para intentar contrarrestar el efecto negativo de los sobrecostes energéticos. El objetivo: minimizar el impacto de unos precios que, de por sí y contando con las ayudas gubernamentales, siguen siendo elevados. Al mismo tiempo, esas medidas, muchas de las cuales aún prevalecen, se diseñaron con el objetivo de equilibrar los precios de las commodities en los principales mercados.
La bonificación por los carburantes
Entre las más destacadas, y una de las primeras que el Ejecutivo nacional aprobó, fue la bonificación para los carburantes. El precio de la gasolina y del diésel ha tocado niveles récord, motivados por el valor del Brent, petróleo de referencia en la eurozona que, durante 2022, mantuvo un coste medio de 101 dólares. Ante los sobrecostes y las dificultades de los españoles para asumir esos precios disparados, el Gobierno de España activó una ayuda de 20 céntimos por litro para abaratar el valor de los combustibles.
Dicha medida fue aprobada el 1 de abril del pasado ejercicio, prorrogada a principios de junio hasta septiembre, y extendida hasta el 31 de diciembre, fecha en la que la bonificación dejó de estar disponible para todos los españoles. El Ejecutivo decidió no prolongar la ayuda para los carburantes, ya que estos comenzaron a dar síntomas de una depreciación, la cual, hoy en día, se está viendo. En la actualidad, la ayuda por la gasolina y el diésel está disponible hasta el 30 de junio de 2023 únicamente para los profesionales del transporte profesional por carretera, tal y como especifica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La ‘excepción ibérica’, una herramienta elemental
Otra de las grandes medidas que ha adoptado España, con el visto bueno de la Comisión Europea, fue la denominada ‘excepción ibérica’, la cual topa el precio del gas en el Mibgas, que es el mercado de España y Portugal. Esta herramienta, que se ha convertido en una de las más efectivas en materia energética, fija el precio del gas en 40 euros por MWh. Fue aprobada el 8 de junio de 2022, pero la intervención sobre los precios del mercado comenzó el 15 de junio.
Tal y como está concebida esta medida, lo que busca que beneficiar al conjunto de los consumidores finales de la electricidad. Como ya explicó ON ECONOMIA, el gas es uno de los principales generadores eléctricos, aunque su peso ha ido cayendo en los últimos meses. De la manera en la que está conformado el ‘pool’ eléctrico, el precio del gas, el cual suele ser elevado, eleva el precio final de la electricidad. Es por ello por lo que se incorporó esta medida, y hasta ahora, parece estar funcionando. Pues a finales del pasado curso, el precio de la luz descendió un 97% desde la aplicación de dicha medida. La herramienta ‘ibérica’ estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el ahorro que ha proporcionado esta medida es de casi 5.000 millones de euros.
También en el área del gas, el Gobierno de España aprobó una rebaja del IVA para el hidrocarburo desde el 21% hasta el 5%, la cual, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Estado dejaría de ingresar unos 190 millones de euros.
Desde el control de los aires acondicionados hasta apagar la luz de los escaparates
El plan de ahorro y gestión energética de climatización fue otro de los paquetes de medidas ideados para combatir la crisis. El Ejecutivo emitió un comunicado informando de las nuevas directrices que los establecimientos deberían seguir con el objetivo de paliar los elevados costes energéticos. Por ejemplo, estaba prohibido poner los aires acondicionados por debajo de los 27 grados centígrados ni la calefacción por encima de los 19 grados.
Otra de las medidas que incorporó el Ejecutivo fue la obligación para los locales de tener cierres automáticos, o que las luces de los escaparates se deberán apagar a las 22:00 horas. Unido a esto, y tal y como señalaban desde el MITECO, los inmuebles debían de hacer una revisión extraordinaria de las calderas e instalaciones térmicas antes del 31 de diciembre, si la última la hicieron antes del 1 de enero de 2021.
Este paquete de medidas tuvo repercusión social, sobre todo porque España estaba inmersa en plena temporada de verano. Sea como fuere, el Gobierno de Sánchez optó por aprobar este plan el 1 de agosto para proseguir con su lucha contra la crisis energética. La ministra Ribera expresó el mismo día de la aprobación que España “no se puede permitir el lujo de perder un solo kilovatio-hora”, señalando la importancia de preservar el suministro, ya que, en aquel entonces, tampoco estaba claro sí el país tendría reservas suficientes como para atravesar el invierno.
La guerra de Ucrania, un lastre para todos, pero sobre todo para los más vulnerables
Otra de las premisas que ha mantenido el Ejecutivo español es la de proteger a los consumidores más vulnerables. Es por ello por lo que el Estado atendió a aquellos que cuentan con calderas comunitarias en sus domicilios, por ejemplo. Según cifras del Banco de España, el 15%-20% del coste de las medidas contra los sobrecostes han ido focalizadas a los colectivos más vulnerables. Además de ello, el conflicto armado ha mostrado la enorme dependencia de los países a los combustibles fósiles, lo que, al mismo tiempo, ha obligado a la mayoría de las naciones a acelerar en sus planes hacia la transición energética, o a elaborar una hoja de ruta hacia las energías verdes.
El primer año de la guerra de Ucrania ha empujado a los Gobiernos nacionales a buscar alternativas para paliar el zarpazo del conflicto armado en el este de Europa. La invasión rusa ha sido un catalizador de problemas en todas las aristas de la economía. Pese a ello, si 2022 pasará a la historia por algo, además de por el origen de la guerra, es por una crisis energética sin precedentes que ha empujado a los consumidores a enfrentarse a unos costes energéticos desorbitados. Está por ver si la situación se sigue neutralizando, aunque todo apunta a que aún queda