El Gobierno de Pedro Sánchez anunció este lunes, entre otras medidas para paliar la crisis de vivienda, que la nueva empresa pública adquirirá 30.000 de los 33.500 pisos que tiene el banco malo Sareb, propiedad en un 50% del estado y que se dedica a dar salida a activos tóxicos de bancos rescatados. El ejecutivo y la Sareb estudian aún los "detalles técnicos" de este traspaso, que se podría dar a partir de una cesión con convenios o de una venta, opción esta última que sería "la más sencilla", según explican a ON ECONOMIA fuentes de Sareb, que recuerdan que el precio medio de las viviendas es de 95.000 euros, por lo que la compra de las 30.000 viviendas costaría al Estado unos 2.850 millones de euros, cifra que se acerca a los 3.400 millones de presupuesto para políticas de vivienda que aprobó el ejecutivo en sus últimos presupuestos, los de 2023.
De esas 30.000, el Gobierno español comprará en cuanto pueda 13.000 de ellas, ya que el resto están en transformación para poder salir a la venta o quedar disponibles, lo cual supondría un desembolso inicial de 1.235 millones de euros ya en el primer semestre de 2025 si la modalidad escogida es la compra. Con ello, la Sareb, que vende unas 10.000 viviendas al año, recibiría un balón de oxígeno para saldar una buena parte de su elevada deuda, que era de 29.413 millones al cierre de 2023, último ejercicio completado.
Actualmente, la Sareb tiene en marcha el denominado plan Viena de 12.000 viviendas de alquiler asequible a un precio un 20% por debajo del mercado, y este plan a su vez estaba enmarcado en las 50.000 viviendas que Pedro Sánchez anunció en abril de 2023 que movilizaría de la Sareb, por lo que la novedad de esta compra, a no ser que el ejecutivo aporte alguna novedad, es la titularidad de la vivienda, más que su finalidad, ya anunciada en otras ocasiones.
La empresa pública, que parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), ha adquirido hace poco 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir vivienda de alquiler asequible de acuerdo con las intenciones del Gobierno de ampliar las opciones de vivienda a precios asumibles para los trabajadores.
Reacciones a las medidas de vivienda
La transferencia de viviendas a la Sareb es solo una de las múltiples medidas anunciadas este lunes por Sánchez, cuyo ejecutivo también ha decidido que dejará exento del 100% del IRPF a los propietarios que alquilen su vivienda de acuerdo al Índice de Precios de Referencia aunque no estén en zonas tensionadas. Carles Sala, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), ha señalado a ON ECONOMIA que se trata de una medida "positiva" que ayuda a "generar confianza" entre los propietarios para poner sus viviendas en alquiler, aunque "habrá que esperar la letra pequeña", ya que Sánchez no ha señalado qué pasará con quienes pongan su piso en alquiler por encima de este índice creado en principio para poner un tope a los municipios que lo soliciten.
"Es una forma de reconocer que ni en el corto ni en el largo plazo las administraciones podrán suplir a los propietarios en dotación de vivienda", ha añadido Sala.
El Sindicat de Llogateres, en cambio, denuncia que la exención del IRPF protege a rentistas que cobran por "un precio de burbuja". "Se protegen sus beneficios con dinero público a costa de unos precios que se llevan casi medio sueldo de muchas familias", han sentenciad
El presidente del Gobierno también quiere aplicar el régimen de ventajas fiscales de las socimis solo a la promoción de vivienda en alquiler asequible, regular los pisos turísticos para que tributen como un negocio y endurecer la regulación que persiga el fraude en los alquileres de temporada con un fondo para que las administraciones autonómicas y municipales refuercen las inspecciones.
También apuntó la puesta en marcha de un sistema de garantías públicas, similar al francés, que proteja propietarios que participen en alquiler asequible, de forma que el propietario tenga garantía de pago por parte del Estado. Entraría en vigor este mismo año y se aplicará en principio a quienes alquilen a menores de 35 años.
Se pondrá en marcha, por otra parte, un programa de rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible, con ayudas a las reformas para quienes lo destinen a este fin.
Tras la eliminación de las golden visa, Sánchez ha asegurado que aumentará hasta el 100% el gravamen fiscal de los extranjeros no residentes que compren vivienda en España con tal de priorizar a los residentes. A este respecto, Sala, de la API, señala que "el porcentaje de compra de vivienda por parte de extranjeros es del 15%" y "la mayoría son europeos", por lo que el efecto de esta medida será limitada.
Ferran Font, portavoz y director de estudios de Pisos.com, señala que "tanto el Gobierno como la oposición siguen su política de grandes anuncios sin ningún tipo de consenso, necesario para llevar a cabo medidas con efecto a medio y largo plazo". "Falta explicar cómo se van a desarrollar todo este tipo de políticas, qué fondos se van a destinar y qué órgano lo va a hacer", añade.
El Sindicat de Llogateres ha avisado de que mantendrá las movilizaciones ante lo insuficiente de las medidas. Han pedido garantía de alquileres estables más allá de los contratos de 5 o 7 años, una modificación de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) que limite de manera más estricta el alquiler temporal.
La plataforma en defensa de los consumidores FACUA, por su parte, ha lamentado que Sánchez no haya impuesto los alquileres sociales a los grandes tenedores que cuentan con viviendas vacías.