España llevaba meses de retraso, pero finalmente ha hecho caso a las directrices marcadas desde Bruselas y ha incorporado el Whistleblowing, también conocido como Directiva Whistleblower en el BOE. La norma es clara y obliga a las empresas a contar con un canal de denuncias interno.
La norma tiene por objeto otorgar una protección adecuada a las personas que informen sobre acciones u omisiones que puedan constituir algunas de las infracciones que la ley recoge, sobre todo las referidas a infracciones del derecho de la Unión Europea, infracciones penales o administrativas graves o muy graves, entre otros. De aquí el citado canal interno de información (canal de denuncias), así como la obligación de un sistema de gestión y protección de los informantes, evitando represalias contra ellos.
¿Qué dice la norma?
Este sistema es obligatorio para empresas con 50 trabajadores o más, pero también los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas siempre que reciban o gestionen fondos públicos. El plazo máximo para el establecimiento de los sistemas internos de información es de tres meses desde la entrada en vigor de la ley publicada en el BOE este 20 de febrero. Como excepción, en el caso de las entidades jurídicas del sector privado con 249 trabajadores o menos, el plazo se extiende hasta el 1 de diciembre del 2023.
La norma protege, entre otros, a los informantes que trabajen al sector privado y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional. La ley prevé un sistema de infracciones y sanciones considerando infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de disponer "de un sistema interno de información, para lo cual establece como sanción multas que van desde 600.001 a 1.000.000 euros, en el caso de las personas jurídicas", según se explicita.
La UE no es homogénea
Aunque la fecha límite para la transposición de la Directiva de denuncias de la UE fue diciembre de 2021, muchos son los estados miembros de la UE para alargar la discusión. Actualmente, 13 países han adoptado la ley, 13 han retrasado el proceso, mientras que Hungría es el único país que no ha iniciado el proceso en absoluto. De momento, ninguno de los Estados miembros ha traspuesto totalmente la Directiva a la legislación nacional. Con respecto al Reino Unido y Suiza, la Directiva no se traspondrá. No obstante, las empresas británicas o suizas con filiales en cualquiera de los estados miembros todavía pueden estar preocupadas.
La norma defiende que garantiza los derechos y deberes de todo el mundo, no solo de los trabajadores. Así pues, la protección no solo existe para los empleados que denuncian sus preocupaciones, sino también para los solicitantes de trabajo, antiguos empleados, partidarios del denunciante y periodistas. Y que la protección solo se aplica a las denuncias de infracciones relacionadas con la legislación de la UE, como fraude fiscal, blanqueo de capitales o delitos contra la contratación pública, seguridad vial y de productos, protección del medio ambiente, salud pública y protección de consumidores y datos.