El Pleno del Consell General de Cambres de Catalunya ha aprobado por unanimidad la propuesta de texto de Llei de Cambres. El texto ha sido aprobado por unanimidad por las 13 Cámaras de Comercio que forman el Pleno, en una sesión que ha contado con la presencia del conseller de Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper. El texto ha sido elaborado después de una extensa interlocución llevada a cabo durante el último año para conseguir el consenso con las principales patronales catalanas.
Asimismo, pretende poner fin a un déficit de más de diez años, después de aprobarse la Ley Básica 4/2014 sobre las Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, en que Catalunya no ha dispuesto, de una ley autonómica propia que fije la financiación y la relación entre la Generalitat, como órgano tutelar, y las entidades camerals.
El presidente del Consell General de Cambres de Catalunya, Josep Santacreu, ha celebrado la aprobación de la propuesta de ley como un paso adelante para hacer realidad de una vez por todas una reivindicación histórica de las Cámaras de Comercio. "No solo nos dotará de más seguridad jurídica con una ley actualizada a los tiempos actuales, sino que nos aportará los recursos para poder cumplir con más garantías nuestras funciones delante del tejido empresarial catalán", ha afirmado.
El Consell General de Cambres de Catalunya es una corporación de derecho público que representa las 13 Cambres de Comerç presentes al territorio catalán y coordina acciones conjuntas alineadas con los intereses generales de la economía. También representa las Cámaras ante las administraciones públicas. Está formado por los 13 presidentes de las Cambres de Catalunya y una segunda persona más de cada cámara. Este órgano está formado así por un total de 26 miembros, aunque para la elección de los órganos de gobierno se emite solo un voto por Cambra.
Nuevos mandatos, nuevos liderazgos
Las trece cámaras catalanas y la Generalitat habían consensuado al mandato anterior del Gobierno un texto que equilibraba el peso de los territorios. Tenía el visto bueno de Foment y la Cecot pero la oposición de Pimec, porque esta patronal consideraba que no definía exactamente las funciones de las entidades camerales y creía que invadía parte de las actuaciones de las organizaciones empresariales.
Esta traba y el hecho de que el anterior equipo de gobierno de la Cambra de Barcelona estaba en manos de la candidatura de Herramientas de País, vinculada a la ANC, hizo difícil llegar a un consenso general para su aprobación y traslado al Parlamento para validarla.
Actualmente, hay liderazgos diferentes tanto a la Cambra de Barcelona como a la Generalitat. En esta nueva legislatura política del PSC, Miquel Sàmper, conseller de Empresa -departamento del cual dependen las Cámaras de Comercio catalanas, ya adelantó que podían contar con la total colaboración de la conselleria para sacar adelante el proyecto. Esta normativa, según Sàmper, tiene que estar basada en el máximo consenso posible y tiene que garantizar un modelo estable en el tiempo. Como parece que así ha estado.
Sin embargo, las Cambres de Comerç no han precisado cuál debe ser la aportación pública de la Generalitat para compensar las funciones que tienen asignadas por ley las cámaras, que son corporaciones de derecho público. Tanto el actual equipo de gobierno de la Cambra como los anteriores reclaman desde hace años que Catalunya pueda contar de una vez con una nueva ley catalana de cámaras, una normativa pendiente en Catalunya desde que se aprobó en el 2014 la ley estatal.
Esta ley estatal dice que las cámaras "tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que desarrollen las indicadas actividades".
En los últimos años, se ha especulado con la posibilidad de que la ley contemplara el pago de una cantidad mínima por elector, es decir, por aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, inscritas en el censo electoral de estas corporaciones de derecho público, que agrupen a las actividades comerciales, industriales o de servicios de cada demarcación, si bien no ha trascendido el importe que reclamaban las cámaras.