Tras un año y medio de debate, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La modificación, pactada entre el ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, y los sindicatos, choca de cara con las reticencias de la patronal y ahora tendrá que superar la tramitación en el Congreso de los Diputados, donde no tiene garantizados los apoyos para salir adelante.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya advirtió la semana pasada que esta será una de las reformas "más difíciles" de la legislatura que habrá que "defender", pero aseguró que se trata de una medida clave por "relanzar la agenda social" de gobierno de coalición. De hecho, el Gobierno intentó cerrar un acuerdo previo a los agentes sociales que incorporara tanto a la patronal como a los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Finalmente, los empresarios de la CEOE se desvincularon después de unas conversaciones que empezaron en enero del año pasado.
El Consejo de Ministros aprobará también este martes un acuerdo preventivo para liberar tres días de reservas estratégicas de productos petrolíferos después del apagón eléctrico que sacudió la península Ibérica este lunes. Aunque Sánchez aclaró que actualmente no hay ninguna señal de desabastecimiento, también remarcó que el objetivo del Gobierno es tomar las medidas preventivas necesarias para aquellos municipios en los cuales todavía no ha vuelto toda la electricidad.
Las empresas tendrán hasta finales de año para adaptar los convenios
Al principio de año, la reducción de la jornada laboral también provocó un choque dentro del ejecutivo entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta Yolanda Díaz. El titular de Economía expresó "preocupación" por el impacto económico que podía generar la medida, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y apostó por una implantación más gradual y sectorial. Finalmente, tras múltiples reuniones, ambos llegaron a un acuerdo para impulsar la reforma, que establece que las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre del 2025 para adaptar sus convenios colectivos al nuevo horario.
Además, se implantará un sistema de registro horario obligatorio que será accesible en tiempo real por parte de Inspección de Trabajo para evitar abusos y horas extra no remuneradas. El proyecto de ley también incluye sanciones más severas para las empresas que incumplan la nueva normativa. Podrán ser sancionadas por cada caso de trabajador afectado, en lugar de recibir una sanción única si infringe los horarios.
Reticencias a la medida
El próximo paso es el Congreso. Partidos políticos como Junts han mostrado reticencias, y hoy por hoy la reducción no tiene garantizados los apoyos necesarios para superar la votación. Todo ello abre la puerta a posibles modificaciones de la norma durante el trámite parlamentario.
La reforma choca frontalmente con la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticó la semana pasada lo que considera "oportunismo político" del ejecutivo para aprobar la reducción de la jornada en la antesala del 1 de mayo, y pidió "responsabilidad" a los grupos parlamentarios para que lo paren en el Congreso. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, advirtió este lunes que la reducción será "letal" para la economía española, y afirmó que la ley solo obedece a un "capricho electoral" de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.