La patronal de la construcción alerta que las nuevas exigencias normativas han disparado un 50% los gastos generales para las empresas constructoras y pide elevar al 17% los costes que se pueden repercutir a las administraciones. Los constructores aseguran que el cambio de contexto ha provocado que el actual porcentaje del 13% que, salvo alguna excepción, pueden repercutir las constructoras a los órganos de contratación resulte "a todas luces insuficiente", sin haberse aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos.
Ante esta situación, los constructores alertan de las posibles consecuencias si no hay una contraprestación paralela por parte de la Administración. Por ello, la patronal urge a adecuar el porcentaje de los gastos generales actualmente establecidos por la norma para que resulte suficiente a la hora de cubrir el coste real, asegurando la correcta ejecución de la inversión pública, tal y como ya han hecho algunas administraciones en Extremadura o Canarias, por ejemplo.
Medidas compensatorias a la inflación y la energía
En un comunicado, la Confederación Nacional de la Construcción, que agrupa casi la totalidad del sector, plantea medidas compensatorias para evitar un frenazo de la contratación pública y facilitar la construcción de viviendas. Los empresarios de la construcción señalan complicaciones derivadas de las obligaciones laborales como el registro de jornada, el sistema de protección de datos y el canal de denuncias, así como el incremento de cargas fiscales y las exigencias medioambientales. Estos costes, sumados al incremento del SMI de los últimos años, hacen que para estas empresas el actual porcentaje del 13% sea insuficiente.
La patronal española también recuerda que a la subida de los gastos generales se suma al incremento de los costes asociado a las tensiones inflacionistas de los últimos años que han llevado los precios de los materiales y de la energía a "máximos históricos, sin haberse aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos".
La patronal argumenta que ya ha informado al Gobierno de que si no se revierte esta situación, en España seguirá habiendo un número significativo de licitaciones de obras que quedarán desiertas porque muchas constructoras no podrían acudir a la licitación, lo que reduciría la competencia empresarial. Así, para evitar un posible parón de la contratación pública, CNC también propone modificar el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y recuperar la horquilla del porcentaje entre el 16 y el 20% de gastos generales que pueden repercutir las constructoras sobre el presupuesto de ejecución material, lo que ya estuvo recogido en la normativa reglamentaria hasta 1987.
Tras consultar a constructoras de diferentes tamaños, desde PYMES a grandes grupos empresariales, CNC concluye que las empresas contratistas de la administración vienen adoptando medidas de optimización de costes y mejoras tecnológicas que aumentan su productividad y eficiencia, pero que no pueden compensar por sí solas el incremento de los gastos de estructura acumulado a lo largo de los años para cumplir con las nuevas exigencias, lo que erosiona su competitividad, lastra el acceso al mercado de la contratación administrativa y, en última instancia, agrava la ya de por sí mala situación que atraviesa la contratación pública en España.