La subida de los tipos de interés en la eurozona encarecerá notablemente el coste de la deuda de las administraciones públicas. Las comunidades autónomas más endeudadas serán las que más sufran este fenómeno, de forma que el volumen de recursos que tendrán que destinar al pago de intereses aumentará de forma vertiginosa. En el caso de Catalunya, el territorio más endeudado con alrededor de 86.000 millones de euros, se duplicará en muy pocos años, de modo que los 1.029 millones que pagó el pasado año en intereses se elevarán a 2.412 millones en 2026. El sobrecoste en intereses de la deuda para Catalunya en apenas cuatro años será de 1.383 millones, el más elevado de todas las CC. AA.
Estas estimaciones forman parte de una nota de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el que, en pleno debate sobre la posible condonación de la deuda autonómica, calcula el impacto financiero que el endeudamiento pasado y presente va a ejercer sobre las cuentas públicas a medio plazo en el actual escenario en el que el interés medio de emisión de la deuda española está en torno al 3% y con las administraciones públicas, tanto la central como la autonómica, con un porcentaje de deuda mucho más elevado del que tenían antes de la Gran Recesión, cuando los intereses estaban en niveles comparables a los actuales.
En ese escenario, la nota de Fedea, elaborada por Diego Martínez, Carmen López y Manuel Díaz, destaca que el aumento futuro del gasto en intereses va a tener un "importancia considerable" en las cuentas públicas. Todo ello teniendo en cuenta que las proyecciones de los expertos para el periodo 2023-2026 están basadas en un escenario de cumplimiento por parte de todas las administraciones de los objetivos incluidos por el Gobierno en la actualización del programa de estabilidad enviado a Bruselas.
Riesgo de incumplimiento de los déficits
Según esa actualización, las CC. AA. deberían acabar este año con 0,3% del PIB, alcanzar el equilibrio en 2024 y registrar un ligero superávit del 0,1% del PIB en 2025 y 2026. Por ese motivo, el propio estudio alerta de que la actual dispersión en el déficit público autonómico, con regiones como la Comunitat Valenciana con un déficit por encima del 3% en 2022 y otras como Navarra o Baleares con ligeros superávits, puede extenderse en los próximos años.
Por detrás de Catalunya, la comunidad autónoma que soportará un mayor incremento del gasto en intereses vinculado a la deuda pública con 2.412 millones en 2026, se sitúa la Comunitat Valenciana, la región más endeudada en términos relativos con una deuda que equivale al 44% de su PIB. En este caso, los 361 millones que pagó en intereses en 2022 se dispararán a 1.346 en 2026. Según la proyección de Fedea, la variación de su gasto en intereses de 2022 a 2026 será de 985 millones.
Les siguen en variación del gasto en intereses Andalucía (633 millones más); Madrid (343); Castilla-La Mancha (270); Castilla y León (223); Murcia (219); Galicia (204); Aragón (152); Baleares (141); Canarias (113); País Vasco (104); Extremadura (92); Asturias (72); Cantabria (56) y Navarra (30).
El gasto autonómico en intereses se elevará desde los 3.608 millones de 2022 a 8.659 en 2026
Para hacer esta estimación, Fedea ha tomado como referencia las previsiones de crecimiento del PIB nominal y los ya mencionados objetivos de referencia para el déficit público de las CC. AA. recogidas en la Actualización del Programa de Estabilidad, la vida media y los plazos de la deuda pública actualmente en circulación, y los tipos de interés existentes desde 2014.
Mientras que a lo largo del periodo 2014-2021, el tipo de interés medio para la deuda pública objeto de análisis ha sido del 0,529%, en los momentos actuales se supera 3%. En este sentido, las estimaciones del diferencial entre el tipo de interés de la deuda emitida en años anteriores y el tipo de interés al que se emite en estos momentos se sitúan en el 2,6%.
5.000 millones más en intereses
La nota de Fedea destaca que las CC. AA. van a tener que renovar en los próximos meses deuda que emitieron a tipos de interés reducidos en el pasado pero enfrentándose ahora a unos tipos superiores. Así, si las CC. AA. solo emitiesen deuda para satisfacer los vencimientos de la deuda actualmente en circulación, el gasto autonómico en intereses del conjunto de los territorios se elevaría desde los 3.608 millones de euros de 2022 hasta los 8.659 millones de euros en 2026. Esto significa multiplicar de media por 2,2 los recursos dedicados actualmente a satisfacer los gastos financieros de la deuda pública autonómica.
El estudio también tiene en cuenta la diferente estructura de la deuda de las CC. AA. Las regiones que tienen parte de su deuda con el Fondo de Financiación de las CC. AA. -como es el caso de regiones como Catalunya, Andalucía o la Comunitat Valenciana- presentan aumentos del tipo de la deuda entre el 1,6% y el 1,8% hasta 2026. Mientras que las CC.AA. que no se están financiando a través de ese fondo, como por ejemplo Navarra, País Vasco o la Comunidad de Madrid, experimentan un aumento del tipo inferior, del 0,9%, porque su cartera de deuda tiene una mayor vida media que la de las regiones que si se financian vía FLA, pero Madrid o Navarra ya han pagado más de un 2% por su deuda en 2022 mientras que la Comunitat Valenciana o Castilla-La Mancha aún pagaron tipos de interés del 0,7% por su deuda.
Política económica
Según los expertos de Fedea, estos datos tendrán implicaciones en la política económica de las CC. AA. porque aunque el peso del conjunto de la deuda pública autonómica sobre el PIB se reducirá, su coste financiero aumentaría de manera significativa y ello les obligará a redireccionar recursos crecientes desde otras políticas públicas para pagar los intereses.
Por ello, recomiendan a las CC. AA. "mucha prudencia" a la hora de aplicar políticas fiscales expansivas ante las mayores restricciones presupuestarias que impondrán las nuevas reglas fiscales en 2024 y también por la necesidad de mayores esfuerzos de consolidación presupuestaria para reducir su endeudamiento relativo.
"Las CC. AA. han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales. En los próximos años debe pagarse una deuda pública más cara y que, dados los avatares del momento, hasta ahora apenas ha preocupado", concluye la nota.