El sector agrario está protagonizando protestas en toda España, con especial protagonismo en Catalunya y Barcelona esta semana, ante la situación económica del campo y, entre sus reivindicaciones, está la de endurecer la conocida como Ley de la Cadena Alimentaria. La última modificación de la ley se llevó a cabo en diciembre de 2021, precisamente para proteger la cadena de valor y evitar, entre otras cosas, que los agricultores vendan sus productos a pérdidas. No obstante, todavía no se ha sancionado por cometer este tipo de abuso de precios.

La ley establece que "el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción". Desde las principales asociaciones vinculadas a la agricultura y la ganadería celebraron la implementación de esta medida, puesto que el sector está habituado a ver cómo los precios de los alimentos se multiplican considerablemente desde su origen en campos y granjas hasta llegar al supermercado.

Sin embargo, su aplicación no está siendo eficaz y los agricultores y ganaderos piden endurecer la ley. En este sentido, desde el sector agrario critican la insuficiencia de las inspecciones y sanciones realizadas hasta ahora. De hecho, la mayor parte de las multas que la Administración ha impuesto desde entonces son por incumplimiento en los plazos de pago a los proveedores y ninguna tiene que ver con la venta desleal. Es por ello que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reforzar de nuevo la norma que busca impedir que los productores vendan por menos dinero de lo que les cuesta producir.

195 multas, solo 8 a grandes cadenas de supermercados

Con la modificación de la Ley de la Cadena, se introdujo la obligación de notificar trimestralmente sobre las sanciones completamente firmes por vía administrativa o judicial, indicando el tipo de infracción y el nombre de la empresa que la ha cometido. Una tarea de la que se encarga la Agencia de información y control alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas.

Según los datos publicados por el organismo desde entonces, se han impuesto un total de 195 multas por un valor total superior a los 640.000 euros. La mayor parte de las sanciones son por retrasarse en los pagos a los proveedores, muchas de ellas por un importe de entre 1.800 y 3.000 euros. Destacan las pocas infracciones cometidas por las grandes cadenas de distribución que operan en el país, con a penas ocho multas recibidas.

Así, Covirán, Carrefour, Froiz, Caprabo y Dia (con hasta tres multas) acumulan 17.900 euros en sanciones por incumplimiento de los plazos de pago y no formalizar por escrito los contratos con los proveedores. Resalta el caso de Alcampo, cadena multada con 39.600 euros por "la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración". En total, los supermercados han sido sancionados con unos 60.200 euros desde que la información sobre los infractores es pública (desde el primer trimestre de 2023 hasta el primer trimestre de 2024).

Tampoco aparecen muchas grandes empresas de alimentación productoras de alimentos en los registros y las que constan han cometido infracciones del mismo tipo. En este caso, se trata de Nestlé, la bodeguera García Carrión, la aceitera Dcoop y El Pozo las que acumulan sanciones.

En relación con los plazos de pago, existen dos periodos diferentes para la alimentación. Respecto a los alimentos frescos y perecederos, el tiempo máximo es de 30 días desde la fecha en la que se hace entrega de la mercancía, mientras que para el resto de alimentos el periodo se amplía hasta los 60 días. La ley exige también que los contratos se sellen siempre por escrito, otro de los motivos que más aparece entre las sanciones registradas.

Cada año se sanciona menos

Además de las nulas sanciones por abuso de precios, las sanciones impuestas por incumplir la Ley de la Cadena se han ido reduciendo en los últimos años, pese a haberse endurecido. De este modo, según consta en las memorias anuales de la AICA, en 2022 se formalizaron un total de 272 multas, mientras que en 2021 y en 2020 la Administración sancionó hasta en 580 ocasiones a operadores de la cadena de valor por cometer algún tipo de infracción.

Las memorias recogen las sanciones impuestas desde el año siguiente al que se creó la primera Ley de la Cadena por parte del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, durante el gobierno del Partido Popular. Esto es, 2014 y desde entonces el acumulado total asciende a 3.521 multas por un importe total superior a los 14 millones de euros. 

El grueso de las sanciones se corresponde, de nuevo, con el retraso de los pagos a proveedores y con la ausencia de contratos. Claro está que no fue hasta finales de 2021, tras la época más dura de la pandemia y previo a la guerra de Ucrania, cuando se aprobó la modificación que incluía la prohibición de venta a pérdidas de la mano del gobierno socialista.

El campo pide más inspecciones de oficio y mayores multas

Sin embargo, la memoria anual de 2022, con la modificación ya en vigor, recoge las inspecciones de oficio (sin necesidad de denuncia previa) acometidas por la Administración, reflejando también un descenso de las actuaciones. Si en 2022 se realizaron un total de 929 inspecciones, en el ejercicio anterior se llevaron a cabo hasta 1.204, casi un 30% más. Son los últimos datos disponibles a falta de la publicación de la memoria anual de 2023.

En cuanto a las denuncias realizadas, el número es considerablemente bajo y demuestra también las tensiones existentes entre el sector primario y el resto de la cadena de valor. Desde el año 2014 tan solo se han registrado 405 denuncias, de las cuales 78 se dieron en 2022.

Por todo ello, las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, Aaja, COAG y UPA, reclaman modificar y ampliar el texto actual "para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción". De igual modo, piden que la AICA aplique sanciones económicas "más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control". 

Entre sus peticiones también destacan que el Observatorio de la Cadena Alimentaria publique los índices de precios y costes, además de actualizar todos los estudios de la cadena de valor realizados hasta ahora. "La AICA debe actuar más a través de los indicios y, por lo tanto, con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los 'precios anormalmente bajos', como es el caso ahora mismo del limón", sentencian.