Catalunya es la única comunidad autónoma que tiene previsto añadir un nuevo impuesto este 2023, más allá de cambios o variaciones en las tasas que todos los gobiernos aplicarán. Se trata del impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos que ya cuenta con un Anteproyecto de Ley y la misma consellera de Agricultura y Acción Climática, Teresa Jordà, ha confirmado esta semana que la intención es hacerlo efectivo este año y aplicarlo en su totalidad en el 2026. El nuevo tributo, previsto a la Ley del cambio climático, gravará las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) durante las maniobras de atraco y la estancia de estas embarcaciones en el puerto y el 100% de la recaudación se destinará a alimentar el Fondo para la Protección del Ambiente Atmosférico.

Catalunya marca el precedente

Con este nuevo impuesto, el Govern de la Generalitat de Catalunya quiere marcar perfil y dar una imagen de cohesión con lo que marca la directiva de la Unión Europea. Un caso similar que ya recuerda al anterior con la polémica de los peajes que se retiraron el 31 de agosto de 2021 y que el entonces conseller de Territori, Damià Calvet, constató que era totalmente compatible, pero lamentaba que, a la vez, el gobierno de Pedro Sánchez anunciara nuevas vías recaptatorias en la movilidad terrestre para cumplir con lo que marcaba Bruselas y que podrían hacer traquetear la gratuidad de los peajes a Catalunya próximamente. Entonces, el mismo Calvet ya lamentó que se hubiera podido trabajar con "una tarifa plana que después puede derivar en una tarificación por uso", una forma recaudatoria diferente de la del peaje, que tiene como finalidad "mejorar el transporte público, mantener las vías y las flotas" y permite actualizarse con la nomativa europea.

Así pues, ahora Catalunya también tiene el propósito de hacer los deberes antes que nadie. De acuerdo con la memoria preliminar, el tributo a las grandes embarcaciones se enmarca en la política medioambiental del Govern la cual, en línea con las recomendaciones de la UE y de otras organizaciones como la OMS, hace uso de la fiscalidad verde como un instrumento para modificar conductas que comportan externalidades negativas sobre el medio ambiente. En este caso en concreto, la finalidad es favorecer la mejora de la calidad del aire y la salud de las personas en aquellos lugares del territorio en los cuales hay más presencia de emisiones de óxidos de nitrógeno, en este caso provocados por el transporte marítimo.

Una principal fuente de contaminación

Según el estudio Emisiones de contaminantes a la atmósfera 2011-2017, realizado por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, las emisiones de óxidos de nitrógeno de los barcos durante las maniobras de atraque y durante la estancia en el puerto son, junto con las del transporte terrestre y la industria, las principales fuentes de emisiones de partículas de Nox en las Zonas de protección especiales (ZPE) del ambiente atmosférico definidas al Decreto 226/2006, de 23 de mayo. De acuerdo con esta norma, son zonas de protección especial varios municipios de las comarcas del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental y el Baix Llobregat.

¿A quién afectará?

Para aplicar este impuesto se tendrá que delimitar qué embarcaciones serán las afectadas. A modo de ejemplo, se ha abierto un proceso participativo a la ciudadanía y, más allá de los cruceros o los grandes barcos que todos conocemos, también se planteaba incluir en embarcaciones a las cuales no se permite su navegación (ni tampoco el fondeo) y los megayates. Eso ya se ha hecho en otras reservas marinas del Mediterráneo ya que estos tipos de embarcaciones suponen riesgos medioambientales para el medio natural que han sido ampliamente estudiados. De momento, el anteproyecto de ley presentado este martes por el Govern gravará las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas de los grandes barco con un arqueo bruto superior a las 5.000 toneladas que pasen por los puertos catalanes.

Según el anteproyecto aprobado, los obligados tributarios son el naviero y el armador o persona consignataria del gran buque. Ellos serán quienes soportarán la carga tributaria y todas sus obligaciones fiscales. Según los últimos datos actualizados de grandes barcos en Catalunya del pasado 2019, el número de embarcaciones con este perfil que pasó por el Puerto de Barcelona fue de 1.528 sobre un total de 2.090, lo que representa el 73% del total. En el Puerto de Tarragona, el número de grandes barcos que operó fue de 938 sobre un total de 1.257, lo que representa el 75% del total. Por tanto, la recaudación sería mayoritaria en el cómputo global.

El Departamento de Economía de la Generalitat prevé recaudar 9,7 millones de euros en el 2023 y elevar progresivamente la cifra hasta los 34 millones en el 2026 porque cada año se aplicaría un tipo mayor sobre cada unidad de CO2 emitida. La ley todavía tiene que ser aprobada por el Parlamento. El impuesto, gestionado entre la conselleria de Economía y la de Acción Climática, tiene un lema: "Quien más contamina, más paga", como expresó la misma Jordán a Catalunya Ràdio.

En paralelo, el diseño del impuesto también tiene en cuenta elementos que ponderan la carga impositiva y que persiguen potenciar conductas más respetuosas con el medio ambiente, estableciendo reducciones y bonificaciones. En este ámbito, los ingresos que se deriven del impuesto se integrarán en el Fondo para la Protección del Ambiente Atmosférico, que se destina a políticas de prevención y mejora de la calidad atmosférica. Un aspecto puede ser una política tecnológica y digital más relevante como ya se puso de relieve en el último Salón Náutico.

¿Cuánto costará?

En el 2023, el tipo será de 1 euro/kg de óxidos de nitrógeno y de partículas y la idea es incrementarlo con los años. Así, en el 2024 la cifra aumentará hasta los 1,5 euros/kg de óxidos de nitrógeno, 2,5 euros en el 2025 y finalmente 3,5 euros en el 2026. La ley también contempla bonificaciones del 10% de la cuota para los barcos que dispongan de un sistema de conexión eléctrica al muelle o que hagan escala, dispongan de esta conexión y no se puedan conectar por falta de disponibilidad. Además, aquellos cruceros acreditados con certificados de mejora energética también tendrán una bonificación del 5%. Los barcos que presten servicios públicos, los que se vean obligados a atracar o fondear por peligro o fuerza mayor y los que hagan actividades de ayuda humanitaria están exentos de pagar